El avance de las estrategias digitales está modificando la forma de hacer política y otorgando a especialistas en redes, algoritmos y análisis de comportamiento una capacidad de influencia cada vez mayor sobre los procesos electorales, advirtió el analista internacional Alan Cathey, quien señaló que este fenómeno también plantea interrogantes sobre el lugar que ocupa el ciudadano en las democracias actuales.
Cathey explicó que las campañas políticas requieren cada vez más conocimientos técnicos para identificar los intereses y comportamientos de los electores. Según su análisis, las herramientas digitales permiten seleccionar los temas y contenidos que generan mayor impacto en determinados sectores de la población, lo que puede convertir a los estrategas y técnicos en actores con una influencia que trasciende la comunicación política tradicional.
“Los especialistas en el manejo de redes son al final del día los grandes electores en los procesos y campañas electorales”, afirmó en un programa radial.
El analista sostuvo que este cambio no constituye un fenómeno completamente nuevo, ya que la política lleva décadas estudiando el comportamiento colectivo. Sin embargo, señaló que esas herramientas alcanzaron un nivel de sofisticación mucho mayor con el desarrollo de los algoritmos y la comunicación instantánea a través de los teléfonos celulares.
A su criterio, el problema surge cuando esas capacidades tecnológicas dejan de utilizarse únicamente para comunicar propuestas y pasan a emplearse para modificar el estado de ánimo de la población. En ese escenario, las campañas pueden orientar los contenidos que recibe cada ciudadano de acuerdo con sus reacciones, intereses o emociones.
Cathey consideró que esta transformación obliga a replantear dónde se concentra actualmente el poder político. La influencia ya no estaría exclusivamente en los candidatos o partidos que presentan sus propuestas, sino también en quienes poseen las herramientas técnicas para determinar qué información llega a cada elector y cómo es presentada.
“Estamos asistiendo a un uso abusivo, a un uso completamente desconsiderado de estas capacidades tecnológicas para modificar y alterar seriamente el estado de ánimo de la población”, sostuvo.
El analista vinculó este fenómeno con la creciente polarización política. Explicó que las redes y las estrategias digitales pueden favorecer la confrontación al priorizar contenidos capaces de generar reacciones intensas, mientras pierden espacio las posiciones intermedias y la búsqueda de acuerdos.
Para Cathey, este escenario representa un desafío para la democracia porque el diálogo y la construcción de consensos quedan desplazados por una dinámica en la que los sectores más radicalizados pueden obtener mayores beneficios políticos. Señaló que los acuerdos, que deberían formar parte del funcionamiento democrático, son cada vez más presentados como una forma de traición.
En esa línea, observó que América Latina atraviesa ciclos políticos cada vez más marcados por el desplazamiento entre posiciones ideológicas opuestas. Mencionó el tránsito entre gobiernos vinculados al denominado socialismo del siglo XXI y administraciones identificadas con sectores de derecha, y advirtió que estos cambios constantes dificultan la construcción de políticas estables de largo plazo.
“Mientras más se radicalizan las circunstancias y las cosas, esos extremos son los primeros en beneficiarse”, afirmó.
Cathey también planteó que la transformación tecnológica está provocando una pérdida de los referentes ideológicos tradicionales. A su juicio, las decisiones políticas comienzan a estar menos relacionadas con una determinada concepción de país y más vinculadas con intereses particulares, emociones y reacciones que pueden ser identificadas y explotadas mediante herramientas digitales.
En ese contexto, consideró que las categorías tradicionales de izquierda y derecha pierden capacidad para explicar el comportamiento político contemporáneo. El debate ya no se organizaría necesariamente alrededor de grandes proyectos ideológicos, sino de mensajes dirigidos a públicos específicos y de estrategias diseñadas a partir del análisis de sus conductas.
La discusión también alcanza a los partidos políticos, que deben adaptarse a un escenario en el que la comunicación con los ciudadanos se desarrolla cada vez más en plataformas digitales. Para el analista, la transformación tecnológica exige especialistas capaces de manejar estas herramientas, pero al mismo tiempo plantea la necesidad de discutir los límites de su utilización en procesos electorales.
El caso Cerimedo, mencionado durante la entrevista, se inscribe en este contexto más amplio. Cathey señaló que la presencia de consultores y estrategas políticos sin cargos formales dentro de espacios de poder no es un fenómeno exclusivo de Bolivia y que este tipo de figuras ha estado presente en distintos gobiernos y procesos electorales.
Sin embargo, su principal preocupación apunta al cambio estructural que supone la incorporación de tecnologías capaces de analizar el comportamiento ciudadano y dirigir contenidos de manera cada vez más precisa. Para Cathey, el desafío no consiste solamente en determinar quién asesora a un candidato, sino en establecer cuánto poder pueden acumular quienes controlan las herramientas mediante las cuales los ciudadanos reciben y procesan la información política.
El fenómeno, según su análisis, abre una discusión sobre la calidad de las democracias y sobre la necesidad de recuperar espacios de deliberación, diálogo y construcción de acuerdos frente a una política cada vez más condicionada por la lógica de las plataformas digitales.