El abogado penalista, Marcelo Ramos Guzmán, en entrevista con EL DIARIO consideró que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo no debería limitarse al principal acusado y planteó que el Ministerio Público amplíe las indagaciones para establecer si Nadia Béller tuvo algún grado de conocimiento o participación en los hechos que actualmente son objeto del proceso.
El jurista sostuvo que la propia denunciante reveló públicamente información sobre el manejo de dinero, documentos y otros hechos que, a su criterio, justifican que la Fiscalía profundice las pesquisas para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal, sin prejuzgar el resultado de la investigación.
«Cuando todo era romance, cuando todo estaba bien, había un silencio cómplice», afirmó Ramos al referirse al momento en que Béller decidió hacer públicas las denuncias contra su expareja.
Desde su análisis, la investigación no debería circunscribirse únicamente a Cerimedo, sino establecer cuál fue el nivel de conocimiento que tuvo Béller respecto a los presuntos movimientos económicos. Recordó que el dinero que posteriormente fue exhibido mediante fotografías se encontraba, según las propias declaraciones de la denunciante, en el inmueble que ambos compartían, por lo que consideró necesario determinar si conocía su origen o si tuvo alguna participación en su administración.
En ese contexto, Ramos señaló que la Fiscalía deberá realizar una investigación técnica que incluya el desdoblamiento de los teléfonos celulares, la revisión íntegra de conversaciones, el análisis de movimientos bancarios nacionales e internacionales, la verificación de ingresos declarados, documentación tributaria y financiera, además de declaraciones testificales que permitan reconstruir el origen y destino de los recursos económicos.
El penalista indicó que, si durante esas diligencias se demostrara únicamente que Béller conocía hechos presuntamente ilícitos y no los puso en conocimiento de las autoridades, podría analizarse la figura de encubrimiento, delito que contempla una pena mínima de dos años de privación de libertad.
Sin embargo, aclaró que, si la investigación estableciera una participación más activa en el manejo de los recursos o en las conductas investigadas, la calificación jurídica podría variar hacia complicidad o coautoría, lo que implicaría afrontar las mismas consecuencias penales previstas para el delito de enriquecimiento ilícito, cuya sanción alcanza hasta 10 años de prisión, con posibles agravantes cuando se trata de servidores públicos, según explicó.
Respecto a Cerimedo, Ramos sostuvo que la investigación por enriquecimiento ilícito deberá establecer si existió un incremento patrimonial que no pueda justificarse legalmente. Como elementos que, en su criterio, sustentan esa línea investigativa, mencionó las imágenes donde se observan importantes cantidades de dinero en efectivo, presuntas inconsistencias entre el patrimonio y los ingresos declarados, la ausencia de respaldo legal y tributario sobre esos recursos, además de las declaraciones que brindó el investigado respecto a sus movimientos económicos.
El abogado recordó que Cerimedo también afronta procesos por tentativa de feminicidio y violencia familiar o doméstica, causas que se tramitan de forma paralela a la investigación por enriquecimiento ilícito y que, según afirmó, podrían ampliar el alcance de las investigaciones si aparecen nuevos elementos durante el proceso.
DEFENSA
Sobre la postura asumida por Cerimedo durante su declaración informativa, Ramos consideró que atribuir el proceso a un supuesto trasfondo político forma parte de una estrategia de defensa diseñada para disminuir la presión pública y fortalecer su situación procesal frente al nuevo pedido de detención preventiva.
El penalista observó además que el investigado ahora desconoce el rol que anteriormente se le atribuía como asesor y reduce su participación a una colaboración estratégica digital, aspecto que —según dijo— contrasta con la documentación que se conoció públicamente y que deberá ser valorada por el Ministerio Público dentro de la investigación.
«Esa narrativa de persecución política sirve como un argumento de defensa pública, pero no va a bastar para anular ni evitar la acción penal mientras la Fiscalía siga aportando pruebas», sostuvo.
SEGUNDA DETENCIÓN
La situación procesal de Fernando Cerimedo se complicó luego de que un juez de La Paz dispusiera seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro, dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La nueva medida se suma a los 180 días de prisión preventiva que cumple en Palmasola, Santa Cruz, por el proceso de tentativa de feminicidio contra Beller. De esta manera, el argentino enfrenta actualmente dos órdenes de detención preventiva dictadas en causas diferentes.
Tras conocerse la resolución, la defensa anunció que presentará un recurso para evitar su traslado a La Paz, argumentando problemas de salud. Mientras se resuelven las acciones legales, aún debe definirse en cuál de los dos recintos penitenciarios cumplirá las medidas cautelares.
Con ambas medidas vigentes, el argentino continuará en prisión mientras se resuelven los recursos legales que presente su defensa. Aún debe definirse en qué penal cumplirá su detención.