Crédito del FMI enfrenta reparos en el Legislativo

La forma en que el Gobierno explica el destino del crédito de $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) está complicando su aprobación en la Asamblea Legislativa, debido a que se vinculan esos recursos con obras de infraestructura que no corresponden al objetivo del financiamiento, afirmó el analista Oswaldo Irusta Díaz.
“El crédito del FMI por USD 1.900 millones no es un fondo para carreteras ni hospitales. Es un instrumento de estabilización macroeconómica destinado a fortalecer las reservas internacionales, reducir el riesgo país y recuperar liquidez en dólares dentro del sistema financiero”, explicó.
Irusta señaló que un crédito del FMI tiene como finalidad reforzar la posición externa del país y que los recursos deben dirigirse a las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB).
“Un crédito del FMI solo puede usarse para reforzar la posición externa del país, por eso va directamente a las reservas del BCB”, sostuvo.
Además, indicó que el fortalecimiento de las reservas permitiría disminuir la percepción de insolvencia y facilitar el acceso del país a nuevos recursos provenientes de organismos internacionales o inversionistas privados.
Irusta diferenció estos recursos de los créditos destinados a infraestructura y señaló que las inversiones en carreteras, logística e integración fronteriza dependerán de financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la CAF, que todavía no fueron aprobados.
Advirtió que mezclar ambos tipos de financiamiento genera expectativas que no corresponden al destino de los recursos provenientes del FMI.
“Confundir ambos montos genera expectativas irreales y alimenta la falsa idea de que el FMI financia obras públicas”, aseveró.
A criterio del analista, una presentación centrada en el objetivo macroeconómico del crédito facilitaría su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Si el Gobierno presentara el crédito del FMI solo con su objeto real: fortalecer reservas y estabilizar la balanza de pagos”, la aprobación legislativa sería, según Irusta, más rápida y menos conflictiva.
“Esta narrativa equivocada puede terminar entorpeciendo la aprobación de un préstamo que exige precisión macroeconómica, no expectativas de inversión pública”, concluyó.