El senador suspendido, Nilton Condori, fue enviado ayer al penal de San Pedro con detención preventiva por seis meses, mientras la Fiscalía investiga las declaraciones que realizó en un ampliado realizado en el Trópico de Cochabamba, donde llamó a realizar fusilamientos, hechos por los que fue imputado por instigación pública a delinquir y terrorismo.
La decisión fue asumida por el Juzgado Tercero de Instrucción Penal durante una audiencia presencial en La Paz, a la que Condori fue trasladado después de permanecer aprehendido desde el domingo. La medida cautelar responde a la solicitud del Ministerio Público, que busca desarrollar las diligencias pendientes mientras el legislador permanece recluido.
El abogado defensor, Yaco Conde, confirmó la determinación judicial y cuestionó el criterio aplicado por la autoridad. Sostuvo que podría existir presión política sobre el juez y señaló que la defensa ya presentó la apelación correspondiente para intentar revertir la medida.
La causa se originó en una denuncia presentada por el diputado del PDC, Manolo Rojas, a raíz de las expresiones que Condori pronunció durante un ampliado con sectores afines a Evo Morales, realizado en septiembre en Lauca Ñ. Entre las declaraciones atribuidas al senador figura un llamado a fusilar a determinadas autoridades.
En ese contexto, la Fiscalía busca establecer si las expresiones se limitaron a una intervención política o si estaban dirigidas a promover acciones delictivas. En su hipótesis investigativa, el Ministerio Público sostiene que las amenazas habrían formado parte de un plan para subvertir el orden constitucional y actuar contra el Gobierno.
La investigación todavía contempla la toma de declaraciones y la recolección de documentación y registros audiovisuales. Entre las actuaciones previstas están las declaraciones del dirigente Leonardo Loza y de otras personas sindicadas, entre ellas Evo Morales, Román Gutiérrez y Rosario Vargas. También se busca obtener material de Radio Kawsachun Coca, de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y de la organización Evo Pueblo.
Antes de la audiencia, Condori se acogió a su derecho al silencio tras ser aprehendido en la ciudad de El Alto, donde debía participar en un ampliado que había convocado. Sus seguidores denunciaron su aprehensión, mientras la defensa cuestionó la legalidad del procedimiento y anunció acciones para impugnarlo.
Conde también observó la aplicación de la detención preventiva al invocar el artículo 152 de la Constitución Política del Estado, que establece restricciones para imponer esa medida a asambleístas durante su mandato, salvo en casos de delito flagrante. Ese argumento forma parte de los cuestionamientos de la defensa frente a la decisión judicial.
Condori está suspendido de su cargo por ocho meses. Mientras se resuelve la apelación y avanzan las diligencias, deberá permanecer en San Pedro durante el plazo dispuesto por el juzgado, sin que la medida cautelar implique una declaración de culpabilidad por los delitos investigados.