El debate sobre el sistema de jubilación en Bolivia vuelve a ocupar el centro de la discusión pública. Mientras algunos sectores laborales, como maestros, mineros y otros trabajadores, plantean únicamente tener representación en el directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, existe otra posición que sostiene que los verdaderos propietarios de los millonarios recursos acumulados son los propios aportantes y jubilados, deberían tener el control directo sobre la administración de esos fondos.
Los recursos destinados a la jubilación no pertenecen al Estado, al gobierno de turno ni a una entidad pública determinada; son aportes realizados durante años por millones de trabajadores que esperan recibir una renta digna después de una vida laboral. Bajo esta visión, la Asamblea Legislativa Plurinacional debería debatir una nueva normativa que permita devolver la administración de estos fondos a sus legítimos propietarios, sin intermediarios ni participación política.
Los jubilados y trabajadores aportantes cuentan además con profesionales especializados en economía, finanzas, derecho, informática y administración, quienes podrían asumir la responsabilidad de manejar un sistema previsional eficiente, transparente y orientado exclusivamente al beneficio de sus afiliados.
¿Por qué cuestionan la administración de la Gestora Pública?
Uno de los principales argumentos de quienes rechazan el actual modelo es que los recursos acumulados son propiedad privada de los trabajadores y no fondos públicos. Señalan que el Estado no aporta dinero propio al sistema, pero tiene la facultad de administrar e invertir recursos que pertenecen exclusivamente a quienes realizaron sus cotizaciones durante décadas.
Los críticos de la Ley 065 de Pensiones sostienen que el actual sistema permite que los fondos previsionales sean utilizados en inversiones que benefician a otros sectores económicos, mientras los trabajadores reciben bajas rentabilidades y pensiones consideradas insuficientes.
Según esta posición, los aportantes enfrentan descuentos mensuales obligatorios, pero en el momento de jubilarse reciben pensiones que no corresponden al esfuerzo económico realizado durante toda su vida laboral.
Rentabilidad, comisiones y pérdida del poder adquisitivo
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la administración financiera de los fondos. Los críticos afirman que los rendimientos obtenidos por los aportes previsionales son bajos frente a otras opciones existentes en el mercado financiero, como los depósitos a plazo fijo (DPF), donde —según señalan— existen mejores tasas de interés.
También cuestionan el cobro de comisiones por administración y consideran que los trabajadores terminan pagando costos elevados por un servicio que no garantiza una jubilación acorde con sus aportes.
A ello se suma la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los recursos acumulados debido a la inflación y la falta de mecanismos de mantenimiento de valor, especialmente en un contexto económico donde la moneda nacional ha sufrido presiones importantes.
El debate sobre la solidaridad del sistema
Uno de los puntos más polémicos es el denominado aporte solidario. Los sectores críticos consideran que los trabajadores son obligados a financiar mecanismos de solidaridad con sus propios recursos, mientras el Estado no asumiría una responsabilidad equivalente.
Argumentan que la solidaridad debe ser asumida principalmente con recursos públicos y no únicamente con aportes privados de los trabajadores, porque —según esta visión— se estaría perjudicando a quienes contribuyeron durante toda su vida laboral.
La jubilación y la herencia de los aportes
Otro aspecto cuestionado es que los recursos acumulados no puedan ser heredados plenamente por los familiares del trabajador fallecido una vez iniciado el periodo de jubilación.
Para los sectores críticos, los aportes realizados durante décadas representan un patrimonio familiar que debería beneficiar también a los herederos, ya que fueron obtenidos mediante el esfuerzo y trabajo de cada persona.
Asimismo, cuestionan que muchos trabajadores aporten durante años a beneficios complementarios, como vivienda, sin recibir una respuesta efectiva a sus necesidades.
La Gestora Pública y el papel del Estado
La creación de la Gestora Pública tiene su origen en la Constitución Política del Estado aprobada en 2009 y posteriormente en la Ley 065 de Pensiones del 10 de diciembre de 2010, que estableció un nuevo modelo de administración del sistema integral de pensiones.
Desde esta perspectiva crítica, la transferencia de la administración de los fondos previsionales desde las antiguas administradoras privadas hacia una entidad estatal significó trasladar millonarios recursos privados a una institución dependiente del aparato gubernamental.
Los cuestionamientos apuntan a que los recursos de jubilación podrían quedar expuestos a decisiones políticas, considerando antecedentes de problemas de administración estatal, corrupción y manejo deficiente de recursos públicos en diferentes instituciones.
Los sectores opositores a este modelo sostienen que los fondos previsionales no pertenecen al Estado ni a ningún partido político, sino exclusivamente a los trabajadores que realizaron sus aportes.
¿Cuánto recibe realmente un trabajador después de aportar toda su vida?
Uno de los mayores reclamos es la diferencia entre el monto aportado durante una vida laboral y la pensión finalmente recibida.
Según los críticos del sistema, muchos trabajadores aportan durante 30 o 35 años, pero al momento de jubilarse reciben una renta muy inferior a su salario promedio, obligándolos a enfrentar una etapa de vida con limitaciones económicas. En otros casos, cuando un aportante docente de una entidad policial con grado de sub oficial que a sus 10 años o más, la instancia que califica no toma en cuenta el grado y el nivel salarial, asignándolo una renta como si fuera una policía de bajo rango. Esto ocurre en muchísimos otros casos.
Por ello plantean una modificación profunda del cálculo de las pensiones, incluyendo una revisión del criterio de esperanza de vida utilizado actualmente y una nueva fórmula que permita mejorar los ingresos de los jubilados.
Algunos sectores proponen que una persona que aportó durante décadas pueda recibir una pensión cercana al 90% de su salario cotizable, argumentando que el sistema debe garantizar una jubilación digna y no una renta de subsistencia.
El desafío: una administración transparente y de los propios trabajadores
El debate sobre la jubilación en Bolivia no solamente es financiero, sino también político y social. La pregunta central es quién debe administrar los recursos acumulados durante décadas: una entidad estatal dependiente del gobierno o los propios trabajadores y jubilados propietarios de esos fondos.
Quienes defienden el retorno de la administración a los aportantes sostienen que se requiere una reforma profunda que garantice transparencia, rentabilidad, control social y beneficios reales para quienes construyeron el sistema con sus propios aportes.
La discusión continuará mientras miles de trabajadores y jubilados exigen que los recursos destinados a su futuro sean administrados con responsabilidad y exclusivamente en beneficio de quienes los generaron.
Los recursos previsionales, hoy en manos políticas de la Gestora, le pertenecen a cada aportante, son un patrimonio autónomo, por lo que ni el Gobierno ni cualquier otra entidad puede usarlos discrecionalmente, según el Art. 6 de la nueva Ley 065 de Pensiones, por tanto, los aportes de jubilación no son un regalo del Estado; son fruto del trabajo de millones de bolivianos y deben estar al servicio de sus verdaderos propietarios y ser administrado por sus dueños.
El autor es comunicador social.