La capitulación del Estado y la corporación transnacional

Bolivia asiste al colapso de sus instituciones en medio de una asfixia social que ha dejado de responder a legítimas reivindicaciones populares. Lo que hoy paraliza las carreteras y estrangula la economía no es el descontento civil, sino la violenta resistencia de lo que el politólogo Franklin Pareja define con precisión como una “corporación política transnacional”. Bajo este concepto, se devela la mutación del poder en nuestro territorio: las estructuras partidarias tradicionales han sido sustituidas por redes delictivas globalizadas que instrumentalizan las siglas políticas (los taxi-partidos), el discurso ideológico y la movilización social con el único fin de blindar economías ilícitas y garantizar la impunidad de sus operaciones transfronterizas.
Esta cruda realidad no es un fenómeno gratuito, sino el resultado de dos décadas bajo el denominado Proceso de Cambio. Durante este ciclo, el país experimentó una transición sistemática hacia un narcoestado, donde el narcotráfico dejó de ser un quiste periférico para convertirse en un actor con profunda injerencia en la justicia, las fuerzas del orden y las decisiones políticas de alto nivel. El fomento deliberado a la sobreproducción de coca excedentaria y la permisividad gubernamental transformaron el suelo boliviano en un enclave estratégico para el crimen organizado regional.
Desarticular este entramado será una tarea ímproba. Las mafias y los cárteles no solo han arraigado en la geografía, sino en el tejido social y aun político. Feudos cocaleros como el Chapare —donde la autoridad estatal ha sido materialmente expulsada y sustituida por el monopolio de la fuerza sindical— o territorios sin ley en la frontera como “México Chico” son reflejo de un control territorial absoluto. En estas regiones, el sicariato, los secuestros extorsivos y el lavado de dinero operan bajo dinámicas transnacionales vinculadas a organizaciones criminales brasileñas y mexicanas, haciendo que cualquier intento de recuperación democrática exija un despliegue de fuerza, inteligencia y voluntad política de largo aliento que Bolivia hoy no posee.
Ante la magnitud de esta amenaza, la respuesta del gobierno actual oscila entre la pusilanimidad y el cálculo político de desgaste. La administración central exhibe una alarmante falta de plan de contingencia, refugiándose en un “buenismo” institucional y en discursos vacíos mientras el crimen organizado le disputa abiertamente el monopolio legítimo de la fuerza. Esta parálisis no hace más que incentivar la radicalización de los grupos delictivos, sumiendo a la ciudadanía en la indefensión.
El síntoma más visible de esta capitulación gubernamental es el estado de abandono en el que se encuentra La Paz. Históricamente el epicentro del poder político del país, la sede de gobierno luce hoy degradada y desprotegida ante el asedio constante de bloqueos que vulneran impunemente los derechos de sus habitantes. La desatención de la ciudad del Illimani es la metáfora perfecta de un Estado central que renunció a ejercer la autoridad constitucional, dejando el destino de la república a merced de criminales que ya no ocultan su vocación sediciosa.