La historia política de Bolivia podría narrarse, no a través de sus presidentes, sino a través de las traiciones, silencios y conspiraciones de sus vicepresidentes. Desde la fundación de la República, esta figura ha oscilado entre ser una irrelevante «rueda de auxilio» y convertirse en el primer enemigo del Jefe de Estado. Hoy, bajo la gestión del actual vicepresidente, el país revive este viejo fantasma, pero esta vez con un agravante jurídico y mediático inédito: la banalización populista de una magistratura diseñada para la estabilidad, no para el espectáculo.
Es así que, para entender la crisis actual, debemos mirar el diseño constitucional. Históricamente, el vicepresidente en Bolivia sufría de una atrofia de funciones. En el Siglo XIX y gran parte del XX, su única labor real era esperar la muerte o renuncia del presidente (la «expectativa sucesoria»). Sin embargo, la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 intentó resolver esta ociosidad otorgándole un poder inmenso y peligroso: la Presidencia Nata de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Art. 153).
Aquí radica el error estructural que hoy explota la segunda magistratura. Bolivia tiene un Ejecutivo bicéfalo de facto. El presidente administra el Estado, pero el vicepresidente controla la llave de la gobernabilidad: el Congreso. Cuando hay lealtad partidaria, el sistema fluye (a veces demasiado, anulando la independencia de poderes); pero cuando la lealtad se rompe, como ocurre en el actual binomio gubernamental, el vicepresidente se convierte en un «bloqueador constitucional».
Si vemos desde una perspectiva legal, la actitud del actual vicepresidente no es solo políticamente disruptiva; es jurídicamente corrosiva. Al trasladar la lógica del like y la denuncia estridente de redes sociales al hemiciclo parlamentario, el segundo mandatario ha desvirtuado la naturaleza de su cargo.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, su comportamiento bordea el incumplimiento de deberes constitucionales. La CPE, en su Artículo 174, numeral 2, manda al vicepresidente a «coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los gobiernos autónomos». Lejos de coordinar, el titular de la Vicepresidencia ha optado por una posición de «oposición interna», utilizando su facultad de presidir la Asamblea para dilatar leyes clave del Ejecutivo nacional.
Jurídicamente, esto es grave. La autoridad parece olvidar que su legitimidad de origen es derivada. Nadie votó por la persona específica del vicepresidente para dirigir el Estado; el voto fue para un binomio indivisible donde él figura como acompañante. Al amenazar públicamente con que «el pueblo puede bajar» al presidente —como se ha escuchado en discursos recientes—, el vicepresidente no ejerce libertad de expresión; roza la figura de sedición y traiciona el mandato de estabilidad por el cual fue electo. Está utilizando una investidura estatal para socavar al propio Estado, confundiendo la fiscalización (tarea de los legisladores) con el boicot (herramienta del conspirador).
Entonces, ante el espectáculo de un vicepresidente que actúa más como un influencer de oposición que como el segundo hombre del Estado, la pregunta jurídica es inevitable: ¿Necesita Bolivia un vicepresidente?
Varios constitucionalistas han sugerido que no. El costo institucional es demasiado alto. En sistemas comparados, muchos países resuelven la sucesión presidencial transfiriendo el mando al Presidente del Senado, quien posee legitimidad parlamentaria propia.
La figura actual es un híbrido monstruoso: pertenece al Ejecutivo, pero dirige el Legislativo. Esto viola, en la práctica, el principio de separación de poderes. Si elimináramos el cargo, primero, se acabaría la «conspiración de palacio» inherente al cargo, segundo, se ahorraría presupuesto estatal y tercero, la sucesión recaería en el Senado, obligando a pactos políticos reales en lugar de sucesiones automáticas de compañeros de fórmula enemistados.
Como corolario de todo lo anterior podemos decir que el actual ocupante del cargo no es la causa, sino el síntoma de un diseño constitucional fallido. Mientras la Constitución permita que el vicepresidente tenga el poder de secuestrar al Legislativo para extorsionar al Ejecutivo, seguiremos viendo repetirse la historia. Bolivia no necesita un «co-presidente» que gobierne desde las plataformas digitales; necesita una reforma parcial de la Constitución que elimine este cargo anacrónico, o al menos, que le quite la presidencia del Congreso para devolverle su rol original: un suplente silencioso y respetuoso de la jerarquía institucional.
Hasta que eso ocurra, estamos condenados a un gobierno de dos cabezas que intentan devorarse mutuamente.