Entre julio y septiembre de 2026, Bolivia experimentó una marcada escalada en la conflictividad social con 109 casos activos y 59 anuncios de medidas de presión, ocasionando el incremento en el precio del diésel y la crisis económica, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.
La entidad defensorial documentó un incremento sostenido de la conflictividad durante el tercer trimestre del año, alcanzando su pico más alto en septiembre con 72 registros. El encarecimiento y la escasez crítica de combustibles, sumados al incremento progresivo del costo de vida y las demandas salariales, encabezaron las causas de las movilizaciones a nivel nacional.
Los conflictos de carácter económico lideraron las estadísticas con 45 casos, seguidos por aquellos vinculados a la gobernabilidad y demandas laborales, con 14 registros cada uno. Entre las medidas de presión ejercidas por los sectores sociales predominaron las vigilias, los bloqueos de carreteras y las marchas urbanas.
Esta tendencia al alza se mantuvo invariable a pesar de la vigencia del estado de excepción en el país. El factor central que desencadenó el descontento popular fue la aprobación del Decreto Supremo 5676, que autorizó la comercialización de diésel a 18 bolivianos por litro, generando un contundente rechazo en productores agropecuarios y transportistas. Episodios críticos como el bloqueo en el puente San Pablo dejaron personas heridas y aprehendidas. A este panorama se sumaron paros del transporte y protestas vinculadas a la gestión de residuos sólidos en La Paz y El Alto.
En sus conclusiones finales, la Defensoría del Pueblo advirtió que las restricciones normativas impuestas no bastaron para resolver las causas del descontento e instó formalmente a las autoridades gubernamentales a promover y fortalecer espacios de diálogo para evitar mayores escaladas de tensión en el país.
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