El conflicto político, social y económico que atraviesa el país también tuvo un impacto directo en el ejercicio del periodismo. Durante las protestas, periodistas y equipos de prensa fueron agredidos tanto por manifestantes como durante operativos policiales, mientras cubrían los bloqueos y enfrentamientos. Los ataques incluyeron golpes, lanzamiento de piedras, hondas, dinamita y pirotecnia, así como agresiones con gases lacrimógenos y proyectiles policiales. En este contexto, la cobertura periodística se desarrolló en condiciones de particular riesgo, afectando tanto la integridad de los profesionales como el acceso de la población a información sobre una crisis con importantes consecuencias sociales y económicas.
La Defensoría del Pueblo reportó vulneraciones a la libertad de expresión y periodistas heridos durante los desbloqueos. Algunos fueron alcanzados por esquirlas de dinamita y afectados por gases lacrimógenos mientras cumplían labores de cobertura.
El conflicto político y social coincidió con un escenario de incertidumbre para el Gobierno de Rodrigo Paz, marcado por denuncias de corrupción que involucran a personas de su entorno y el distanciamiento de algunos líderes con representación parlamentaria.
A la tensión política se sumó la crisis económica, caracterizada por la escasez de divisas, el alza de su cotización y el encarecimiento de productos de consumo masivo. La crisis internacional del petróleo y la baja producción nacional de combustibles también incidieron en el precio del diésel importado y las dificultades de abastecimiento.
La conflictividad alcanzó uno de sus puntos más críticos entre mayo y junio, cuando sectores afines al expresidente Evo Morales y a la Central Obrera Boliviana (COB) bloquearon durante 53 días las principales vías de conexión del occidente con el resto del país. Las protestas, que luego incluyeron pedidos de renuncia del presidente Paz, afectaron especialmente a La Paz y El Alto.
Los bloqueos interrumpieron el transporte de alimentos, combustibles y otros productos esenciales, y generaron problemas de abastecimiento. Más de un millón de personas fueron afectadas por una emergencia alimentaria y humanitaria, mientras países vecinos prestaron apoyo mediante transporte aéreo militar para facilitar el suministro de productos básicos.
Además de las agresiones físicas, el periodismo enfrenta presiones estructurales que afectan la sostenibilidad e independencia de los medios. Los diarios y otros medios tradicionales compiten con plataformas digitales donde circulan contenidos sin fuentes identificables y sin los mismos estándares de ética y responsabilidad, lo que contribuye a debilitar la confianza en el periodismo profesional.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) también alertó sobre el desplazamiento de los medios tradicionales en la asignación de publicidad estatal y la reproducción no autorizada de contenidos periodísticos en portales y redes sociales, prácticas que vulneran los derechos de autor.
Las dificultades financieras amenazan la continuidad de medios con larga trayectoria. El periódico Opinión, de Cochabamba, suspendió la impresión de sus ediciones en papel después de 41 años debido a su fragilidad económica y los bajos ingresos publicitarios, aunque mantiene sus publicaciones en internet.
Durante el semestre se registraron agresiones contra trabajadores de prensa en distintos puntos del país. El 22 de abril, mujeres periodistas fueron atacadas por policías antimotines mientras cubrían una protesta de educadores frente al Palacio Legislativo, en la Plaza Murillo de La Paz. La ANP reportó irritación ocular, problemas respiratorios, dolores de cabeza y daños en equipos.
Las movilizaciones convocadas por la COB comenzaron el 1 de mayo y se extendieron durante 53 días, con protestas y bloqueos de carreteras. En ese periodo, periodistas que cubrían los conflictos fueron objeto de ataques tanto de manifestantes como de efectivos policiales.
El 13 de mayo, un periodista, un camarógrafo de televisión y un corresponsal internacional fueron atacados con hondas y piedras por sectores campesinos que bloqueaban una carretera en El Alto.
Un día después, Hanz Peñaloza, periodista de Gigavisión, recibió en el rostro el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por policías antimotines. Las lesiones lo obligaron a tomar una baja médica durante varios días.
También el 14 de mayo, el presidente de la ANP, Jorge Carrasco, pidió a mineros cooperativistas que se disculparan con un reportero de la Agencia de Noticias Fides (ANF), quien había sido golpeado durante las protestas.
El 16 de mayo, la directora de Red América de Televisión, Teófila Parisaca, y el periodista de FAP TV, Javier Averanga, fueron hostigados en El Alto. Un policía intentó detener al reportero pese a que ambos presentaron sus credenciales de prensa.
Ese mismo día, los periodistas Vladimir Rojas y Ramiro Charca, de Radio Televisión Popular (RTP), resultaron heridos durante una emboscada de bloqueadores en Lipari, a 18 kilómetros al sur de La Paz.
El 18 de mayo, un camarógrafo fue atacado con dinamita mientras registraba protestas contra el Gobierno en La Paz. En otro incidente de esa jornada, una periodista perdió el conocimiento tras inhalar gases lacrimógenos durante enfrentamientos entre manifestantes y policías.
El 22 de mayo, el corresponsal de la agencia mexicana GlobaLAT, César Gonzales, recibió atención médica de urgencia por una herida causada por fuegos pirotécnicos durante enfrentamientos en La Paz. Otros camarógrafos y fotógrafos también fueron agredidos.
El 6 de junio, desconocidos asaltaron un vehículo de ATB en San Julián, Santa Cruz, amenazaron con un arma blanca al conductor y sustrajeron accesorios de los equipos y pertenencias personales. Ese mismo día, en otro sector del municipio, el periodista Álex Contreras Siñani y su camarógrafo Saúl Janco escaparon de un ataque con machete; los manifestantes robaron una de sus motocicletas e incendiaron la otra.
La situación de la prensa también se vio afectada por procesos judiciales y dificultades económicas. En Sucre, el periódico Correo del Sur advirtió sobre el riesgo de cierre debido a cinco procesos laborales que exigen pagos millonarios y amenazan con la detención de su director. El medio, que circula desde 1987, reconoció sus obligaciones, pero sus ejecutivos denunciaron supuestas prácticas extorsivas en los procesos.
En octubre, la ANP denunció acciones que, según la organización, buscan desacreditarla y limitar su participación institucional. Entre ellas mencionó su exclusión de espacios de representación y programas de apoyo, la captación de fondos en su nombre, la reproducción de contenidos sin autorización y la circulación de un comunicado falso con su logotipo que presuntamente pretendía perjudicar sus vínculos diplomáticos. (Tomado del informe de la Sociedad Interamericana de Prensa)