La abrogación de la Ley 1333 de Medio Ambiente podría debilitar la protección de los recursos naturales en Bolivia, debido a las presiones de sectores económicos interesados en flexibilizar las regulaciones ambientales.
Frente a ese escenario, se plantea reforzar la legislación vigente, garantizar su cumplimiento y fortalecer las instituciones encargadas de fiscalizar las actividades que provocan daños al medioambiente, antes que sustituir completamente la normativa.
La diputada y experta en medioambiente, Cecilia Requena, en entrevista con EL DIARIO, rechazó la posibilidad de eliminar la Ley 1333, al considerar que los principales problemas ambientales del país no responden necesariamente a deficiencias de la legislación, sino a la falta de aplicación de las disposiciones existentes y a las debilidades institucionales para hacerlas cumplir.
“La Ley 1333 ha aguantado bastante bien el paso del tiempo. Debe ser más que, sobre todo, complementada y reforzada, pero de ningún modo abrogada”, afirmó durante una entrevista en la que analizó la situación de la normativa ambiental y los obstáculos políticos que impiden avanzar hacia una mayor protección de los recursos naturales.
Requena advirtió que promover una reforma integral de la legislación ambiental en las actuales circunstancias representaría un riesgo, considerando la influencia que ejercen determinados sectores económicos sobre las decisiones gubernamentales y legislativas. A su juicio, las presiones existentes apuntan más a flexibilizar las restricciones que a establecer mayores exigencias de protección.
Según explicó, entre los sectores que ejercen esas presiones se encuentran los cooperativistas mineros dedicados a la explotación aurífera, además de actores vinculados con los hidrocarburos y las actividades agropecuarias, que han mostrado resistencia a la aprobación de disposiciones ambientales más estrictas.
Como ejemplo de esa tendencia, mencionó que, después de que el Gobierno del expresidente Luis Arce desistiera de otorgar permisos especiales para actividades mineras en áreas protegidas, la actual administración restituyó esa posibilidad, según sostuvo la legisladora.
También hizo referencia a versiones sobre la orientación que podría asumir un nuevo Código Minero, aunque aclaró que se trata de rumores y no de información confirmada. Su preocupación radica en que las eventuales modificaciones legislativas no conduzcan a mayores exigencias ambientales, sino a disposiciones más permisivas para las actividades extractivas.
En ese contexto, recordó las dificultades que enfrentó una propuesta de Ley de Bosques, que no consiguió el respaldo necesario de los sectores involucrados. Consideró que esa experiencia refleja la resistencia existente frente a iniciativas destinadas a establecer mayores responsabilidades en la protección de los recursos forestales.
Requena insistió en que abrir un proceso de sustitución de la Ley 1333, sin condiciones políticas favorables para fortalecer la protección ambiental, podría terminar debilitando las disposiciones actualmente vigentes.
“Yo temo que aquí se está echando la culpa a las normas cuando, en realidad, lo que está fallando es la aplicación o, en este caso, más precisamente, la no aplicación de las normas”, manifestó.
Por ello, consideró indispensable fortalecer la institucionalidad ambiental, mejorar los mecanismos de fiscalización y establecer consecuencias efectivas para quienes incumplen las disposiciones legales. Señaló que el problema no se resolverá únicamente con la aprobación de nuevas normas si persisten las dificultades para exigir su cumplimiento.
La parlamentaria expresó especial preocupación por la expansión de las actividades mineras ilegales y la ausencia de consecuencias efectivas para quienes operan al margen de la normativa. En ese sentido, cuestionó que “la minería ilegal está campeando y no tiene ningún costo hacer eso”.
Respecto a las denominadas leyes incendiarias, identificadas con los números 337, 1171 y 741, reconoció que su abrogación continúa pendiente, pese a los avances registrados en distintas etapas de su tratamiento legislativo y a los intentos de eliminar esas disposiciones.
Explicó que el Senado aprobó en su momento los proyectos de abrogación de las tres leyes, que posteriormente fueron remitidos a la Cámara de Diputados. Sin embargo, las iniciativas no consiguieron superar la votación en comisión, debido a la oposición política que encontraron durante su tratamiento.
La legisladora señaló que existieron fuertes presiones para impedir que el proceso de abrogación concluyera favorablemente, situación que, a su criterio, evidencia la influencia de sectores interesados en mantener las disposiciones cuestionadas.
Indicó que, durante la gestión legislativa a la que hizo referencia, las iniciativas fueron repuestas y nuevamente consideradas en las instancias correspondientes. Desde el Comité de Medio Ambiente, Cambios Climáticos, Áreas Protegidas y Recursos Forestales se impulsó su tratamiento para avanzar en la eliminación de las normas.
En el caso de la Ley 1171, explicó que se trabajó en el informe correspondiente para promover su abrogación. No obstante, durante el tratamiento en comisión se planteó abrir un espacio de diálogo con los sectores involucrados para intentar alcanzar acuerdos, particularmente sobre el régimen de sanciones.
Requena sostuvo que la derogación o abrogación de determinadas disposiciones debe acompañarse de medidas complementarias que eviten vacíos legales. En ese contexto, recordó que la propuesta de Ley de Bosques contemplaba aspectos que permitirían completar la regulación ambiental existente.
Precisó que la Ley 1333 no abarca todos los aspectos relacionados con la protección del medioambiente, por lo que resulta necesario desarrollar legislación complementaria, sin que ello implique eliminar una norma que considera fundamental para la gestión ambiental del país.
En cuanto a la Ley 337, explicó que fue necesario realizar un seguimiento que, a su juicio, no debió haber sido indispensable para conseguir finalmente la emisión del informe de abrogación. Una situación similar se presentó con la Ley 749, cuyo tratamiento también avanzó en las instancias legislativas correspondientes.
Sin embargo, las iniciativas no llegaron al pleno de la Cámara de Diputados, situación que atribuyó tanto a las prioridades de una agenda parlamentaria recargada como a la falta de respaldo político suficiente para completar el procedimiento legislativo.
“Han sido tratados en el nivel de comité y comisión, pero no han pasado todavía al pleno”, puntualizó, al aclarar que sí se realizaron actuaciones legislativas para avanzar en la abrogación de las tres normas.
La diputada explicó que, en el tratamiento de la Ley 1171, la búsqueda de consensos con los sectores involucrados tampoco permitió completar el procedimiento. Reconoció que alcanzar acuerdos sobre las sanciones representa una dificultad adicional, particularmente cuando existen intereses contrapuestos.
En su evaluación, la falta de resultados no puede atribuirse exclusivamente a la acumulación de asuntos pendientes en la Asamblea Legislativa, porque también existe una insuficiente voluntad política para modificar disposiciones que benefician a determinados sectores.
Ante esta situación, sostuvo que la próxima legislatura deberá retomar el tratamiento de las iniciativas de abrogación pendientes y procurar que cualquier modificación normativa esté acompañada de mecanismos legales e institucionales que permitan fortalecer la protección ambiental.
Requena remarcó que la prioridad debe concentrarse en mejorar el cumplimiento de las leyes, establecer responsabilidades frente a las infracciones ambientales y evitar que las presiones sectoriales conduzcan a un debilitamiento de los controles sobre las actividades económicas que afectan a los bosques y otros recursos naturales.
Finalmente, consideró que la permanencia de las normas cuestionadas también responde a la influencia que determinados grupos mantienen dentro de la Asamblea Legislativa, lo que dificulta alcanzar los acuerdos necesarios para modificar la legislación vigente.
“Y sí, no hay la suficiente voluntad política. Es más, hay poderes que están bien presentes en la Asamblea que preferirían que todo se quede igual”, concluyó.