El marco boliviano reconoce seis formas de participación ciudadana y cuatro mecanismos de control social. Los indicadores de gobernabilidad y transparencia de 2025–2026 plantean cuánto de ese diseño se traduce en control efectivo.
La participación ciudadana tiene en Bolivia un respaldo normativo amplio y una práctica desigual. Que se define como el ejercicio de ciudadanía para construir valor público y enumera sus funciones: intervenir en la formulación de políticas, apoyar al Órgano Legislativo en la construcción de leyes, ejercer control social en todos los niveles de gobierno, exigir manejo transparente de la información y fundamentar solicitudes de revocatoria de mandato. Sobre el acceso a la información, la norma es categórica: lo requerido por el control social no puede denegarse y debe entregarse de forma completa, veraz, adecuada y oportuna.
La tradición boliviana de control sobre el poder no nació en la Constitución de 2009. El control obrero con derecho a veto rigió entre 1952 y 1964, y se sumaron después la participación popular, el sindicalismo, el movimiento vecinal, el campesino y los pueblos indígenas. La Constitución actual los reúne en una fórmula: la democracia intercultural es la suma de tres componentes, DI = DP + DR + DC.
El componente directo y participativo (DP) incluye referendo, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, asamblea, cabildo y consulta previa. El representativo (DR) corresponde a la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. El comunitario (DC) reconoce la elección o designación de autoridades por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Asambleas y cabildos tienen carácter deliberativo conforme a ley.
El cuadro de participación y control social de la presentación ordena el sistema en seis formas: información, petición, delegación de poder, toma de decisiones, control social e incidencia política. Contando los mecanismos de cada forma resultan catorce en total. La distribución importa para el análisis: la toma de decisiones y el control social concentran cuatro mecanismos cada uno, y las demás formas tienen uno o dos.
La distribución por forma es la siguiente: información (2 mecanismos, con solicitudes nacionales, departamentales y municipales), petición (1, el pliego de petición), delegación de poder (2, elecciones y Asamblea Constituyente), toma de decisiones (4, entre ellos referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, Diálogo Nacional y audiencias públicas), control social (4) e incidencia política (1, el cabildeo).
Solo cuatro de los catorce mecanismos (28,6%) son de control social en sentido estricto. En educación operan las juntas escolares, de núcleo y de distrito. En salud, los Directorios Locales de Salud (DILOS), los comités populares y las mesas de salud. En el nivel municipal, el antiguo Comité de Vigilancia es hoy Organismo de Control Social, y la misma figura existe a escala departamental y nacional.
La presentación distingue ambos controles. El gubernamental es la verificación periódica de los resultados de la gestión pública según su eficiencia, eficacia, transparencia y economía, junto con el cumplimiento de normas y planes. El social, en la definición de la presentación, abarca prácticas, actitudes y valores que mantienen el orden establecido, y la presentación lista aparte los instrumentos ciudadanos formales. El proceso de control exige cuatro condiciones: supervisión de las actividades, estándares para detectar desviaciones, corrección de errores y planificación posterior a esas correcciones. Se clasifica en preliminar, concurrente y de retroalimentación.
Los criterios de evaluación son seis, agrupados en dos grupos de tres. El primer grupo reúne economía (costos), eficacia (resultados) y eficiencia (combinación óptima de recursos). El segundo, efectividad (impacto), ecología (sostenibilidad) y equidad (oportunidad). Un control social que se limite al primer grupo vigila gastos; uno que incorpore el segundo evalúa si el gasto produjo cambios en la población.
La denuncia ciudadana debe cumplir cuatro atributos: veraz, respaldada con razones, instrumentos o testigos, precisa y oportuna. Puede presentarse por escrito, en papel común firmado, o de forma oral ante la autoridad competente, que levanta un acta firmada de la cual se entrega copia al denunciante. El obstáculo práctico es otro: el ciudadano debe tipificar el hecho antes de saber dónde presentarlo.
En concreto, reciben denuncias por delitos el Ministerio Público, la Policía Técnica Judicial, la Procuraduría y el Ministerio de Transparencia; por daño económico al Estado, la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio de Transparencia; y por infracciones administrativas, la Contraloría y la propia entidad pública afectada.
La matriz muestra que cuatro instituciones reciben denuncias por delitos, tres por daño económico y dos por infracciones administrativas. Solo la Contraloría atiende simultáneamente daño económico e infracciones, y ni el Ministerio Público ni la Policía reciben hechos que no sean delitos. El listado de corrupción de la presentación incluye nueve figuras: peculado, malversación, cohecho, concusión, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y evasión de impuestos. Una misma conducta puede encuadrar en más de una categoría, y de esa tipificación depende la puerta de entrada.
Los datos recientes ayudan a evaluar las condiciones en que opera el control social. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado el 10 de febrero de 2026, ubica a Bolivia en 28 puntos sobre 100, donde cero es altamente corrupto. Paraguay obtiene 24 y Venezuela 10, el peor puntaje de la región. El promedio de las Américas es 42, y Transparency International indica que la región no muestra progreso en la última década, con retrocesos en libertades cívicas y control ciudadano.
A nivel subnacional, las elecciones de marzo de 2026 renovaron 2.716 cargos titulares y 2.300 suplentes. Participaron 181 siglas, frente a 122 en 2021, y 84% de ellas no alcanzó 1% de los votos. Apenas 12% de los alcaldes electos tiene mayoría en su Concejo Municipal, y la votación promedio del ganador fue 31%, frente a 55,4% en 2015. Esta fragmentación tiene un efecto directo sobre el control: el Organismo de Control Social fiscaliza a autoridades con respaldo legislativo débil, lo que puede facilitar la exigencia de cuentas pero también dificulta que las recomendaciones se traduzcan en decisiones.
La base económica pesa también. Con 82,2% de su fuerza laboral en la informalidad, según la OIT, Bolivia tiene el nivel más alto de Sudamérica entre los países comparados por la presentación sobre la crisis latinoamericana. Una base estrecha de contribuyentes formales limita la correspondencia entre lo que el ciudadano aporta y lo que exige. Es un razonamiento coherente con la teoría de Lipset, que la presentación cita entre los enfoques de gobernabilidad junto con Hobbes, Almond, Eckstein, Huntington y Feierabend y Gurr, aunque no prueba causalidad.
La presentación enumera el contenido de una encuesta de opinión sobre conocimiento, utilización y satisfacción con los instrumentos de participación, y propone examinar beneficios, impacto y limitaciones de cada uno. No reporta, sin embargo, resultados de esa encuesta. Sin esa línea base, la afirmación de que el diseño funciona o falla carece de sustento empírico.
El control social tiene hoy un peso adicional por la agenda 50/50. Si las gobernaciones reciben una parte de la coparticipación tributaria, como analiza el Gobierno con los nueve gobernadores, y los municipios un adicional presupuestario, los organismos de control social departamentales y municipales fiscalizarán más recursos con las mismas herramientas. El estudio de capacidades de CEBEM muestra el obstáculo: solo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz digitalizaron al menos 40% de sus trámites, y en las gobernaciones la digitalización es prácticamente nula. Sin sistemas digitales, el derecho a la información completa y oportuna que garantiza la norma se ejerce por vía manual, justo cuando el estudio propone trazabilidad digital de cada boliviano transferido como condición de la reforma.
Cuatro indicadores permitirían cerrar esa brecha: proporción de solicitudes de información atendidas en plazo, número de informes de control social que derivan en una acción correctiva, tasa de denuncias que llegan a la institución competente sin ser reencauzadas y proporción de organismos de control social que rinden cuentas sobre su propia gestión. Este último punto responde a una advertencia de la presentación: los comités de vigilancia y las OTB también deben ejercer accountability sobre lo que hacen y dejan de hacer. Estos indicadores son una propuesta de medición, no datos disponibles.
El Ministerio de Transparencia fija cuatro objetivos estratégicos: transparencia preventiva, lucha contra la corrupción con acciones correctivas, normativización y participación ciudadana con control social. El diseño institucional está completo. Lo que falta es información pública sobre su rendimiento.
El autor es economista.