El campesinado boliviano necesita recuperar su libertad, sus derechos y su dignidad. En muchas comunidades rurales, el sindicato agrario, que nació para defender a los trabajadores del campo frente a los patrones y terratenientes, se ha convertido —según denuncias y situaciones que requieren atención— en un instrumento de sometimiento, control y abuso contra sus propios afiliados.
Antes de la Reforma Agraria de 1953, las familias campesinas sufrían el pongueaje y otras formas de servidumbre. En ese contexto, surgieron organizaciones sindicales rurales, como las registradas en el valle alto de Cochabamba durante la década de 1930, para defender a los trabajadores y combatir la explotación patronal.
Sin embargo, después de la Revolución de 1952, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) extendió el sindicalismo campesino por el área rural, convirtiéndolo también en un mecanismo de control político. Desde entonces, las formas organizativas ancestrales de los pueblos aymara y quechua fueron desplazadas o debilitadas por estructuras sindicales vinculadas al poder político.
Hoy, cuando miles de familias campesinas son propietarias de sus tierras, resulta indispensable preguntarse si las actuales estructuras sindicales cumplen realmente su función de defensa y representación. ¿Puede una organización que nació para liberar al campesinado convertirse en una instancia que amenaza con quitarle sus tierras, le impone multas, lo obliga a marchar y bloquear, o lo castiga por no asistir a reuniones?
Durante las dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS), diversas dirigencias campesinas fueron cuestionadas por su subordinación al Gobierno y por utilizar la movilización social en defensa de intereses partidarios. En lugar de representar a sus bases, algunos dirigentes habrían asumido funciones de control y presión, exigiendo obediencia bajo amenazas de sanciones, agresiones e incluso despojo de tierras.
La situación resulta especialmente preocupante cuando se denuncia que los llamados usos y costumbres son utilizados como justificación para imponer multas, restringir derechos o desconocer la propiedad privada. Las costumbres de los pueblos indígenas merecen respeto, pero no pueden servir de pretexto para vulnerar los derechos humanos ni para establecer poderes por encima de la ley.
También es necesario distinguir entre los dirigentes sindicales y las autoridades indígenas originarias. Los secretarios ejecutivos y secretarios generales pertenecen a una estructura sindical que no es idéntica a las formas tradicionales de organización de los pueblos aymara y quechua. Autoridades como los jilaqatas, mallkus y jach’a mallkus representan otras formas de organización y ejercicio de autoridad, vinculadas a la identidad y a las estructuras propias de las comunidades.
Por otro lado, sería largo mencionar el transitar del sindicalismo campesino durante las dictaduras militares con la imposición del “Pacto Militar Campesino” y otros pasajes históricos. Sin embargo, por ahora es importante mencionar aspectos relacionados con lo ocurrido durante las dos décadas del masismo, cuando el sindicato campesino se había convertido en un instrumento de opresión, de sojuzgación, de exacción, de dominación y de todo tipo de abuso y humillación del habitante del área rural. Cuando la dirigencia sindical campesina se ha constituido en organismo de capataces al servicio del gobierno azul, en detrimento de las masas campesinas, que son obligadas a marchar, bloquear, agredir y hasta inducir a ofrendar sus vidas en defensa de intereses ajenos e ideologías foráneas, como es el socialismo fascista que nada tiene que ver con la identidad indígena. Cuando esta dirigencia traidora y vendida ya no defiende a sus bases ni lucha por los intereses del campesinado.
La crítica alcanza a organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas, determinados sectores del CONAMAQ y los interculturales, cuando sus dirigencias dejan de defender a sus afiliados o son señaladas por actuar en función de intereses políticos. La organización campesina no puede reducirse a una maquinaria electoral ni convertirse en instrumento de presión contra la población rural.
Los problemas denunciados no son menores: amenazas de despojo de tierras, cobros arbitrarios, obligación de participar en marchas y bloqueos, atropellos contra personas adultas mayores, mujeres y familias vulnerables, además de conflictos por la propiedad agraria. Cuando estos hechos quedan impunes, el Estado de derecho pierde vigencia, y el campesino queda indefenso frente a quienes deberían representarlo.
Por ello, es urgente abrir un debate nacional sobre la libertad de organización del campesinado, la protección efectiva de la propiedad agraria y el respeto a los derechos individuales. Ningún sindicato debería tener facultades para sustituir a la justicia, confiscar tierras ilegalmente o imponer decisiones mediante amenazas. Las denuncias deben ser investigadas y, cuando corresponda, sancionar conforme a la ley.
La solución, desde esta perspectiva, pasa por desmontar las estructuras de sometimiento y permitir que las comunidades recuperen su capacidad de decidir libremente cómo organizarse y elegir a sus representantes. La defensa de la identidad indígena no debe ser confundida con la obediencia obligatoria a dirigentes sindicales ni con la subordinación a partidos políticos.
Los pueblos aymara y quechua resistieron históricamente a distintas formas de dominación. No es aceptable que, en pleno Siglo XXI, sus comunidades deban soportar nuevas formas de servidumbre, bajo el nombre de disciplina sindical o usos y costumbres.
El campesinado debe ser dueño de su tierra, de sus decisiones y de su destino. Ninguna organización puede proclamarse defensora del pueblo mientras somete a ese mismo pueblo al miedo, la extorsión y el abuso. Claro está que, esa liberación del campesinado actual pasa por la eliminación del sindicato en el área rural del país.
El autor es comunicador social.