El cierre de varias empresas públicas deficitarias comenzará en los próximos días, en cumplimiento del Decreto Supremo 5727, que establece la reorganización, disolución o liquidación de entidades estatales. La medida no alcanzará a las empresas estratégicas que sean económicamente viables, las cuales continuarán operando bajo administración pública.
La disposición fue promulgada el 24 de septiembre de 2026 por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y declara de prioridad nacional la reestructuración de las empresas públicas dependientes del nivel central del Estado, con el propósito de reducir las pérdidas económicas y el uso de recursos fiscales destinados a su sostenimiento.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó ayer que la decisión de cerrar las empresas deficitarias ya fue asumida y cuenta con respaldo normativo, por lo que el Ejecutivo comenzará a ejecutar las medidas correspondientes en los próximos días.
Según la autoridad, el Gobierno ya redujo en más de 3.000 millones de bolivianos los recursos destinados a las empresas públicas, independientemente de que algunas todavía se encuentren en funcionamiento mientras concluyen los procedimientos necesarios para su cierre.
Gálvez explicó que la demora en la clausura definitiva de determinadas entidades responde a la necesidad de cumplir los procedimientos administrativos y legales, con el fin de evitar decisiones arbitrarias y prevenir posibles irregularidades durante el proceso.
Asimismo, señaló que las empresas que no generan resultados económicos favorables y requieren recursos públicos para cubrir sus pérdidas serán sometidas a procesos de cierre, debido al impacto que representan para las finanzas del Estado.
En contraste, las entidades que demuestren capacidad productiva, viabilidad económica y posibilidades de competir en el mercado continuarán funcionando, siempre que sus actividades representen beneficios para la población.
Entre las empresas excluidas de los planes de cierre y privatización se encuentran Boliviana de Aviación (BoA) y Mi Teleférico, cuya continuidad fue confirmada por el Gobierno, aunque deberán afrontar procesos de mejoramiento para superar sus deficiencias operativas.
El portavoz reconoció que estas entidades presentan dificultades en su funcionamiento, pero aclaró que la política gubernamental estará orientada a corregirlas y mejorar su administración, en lugar de disponer su liquidación.
También precisó que la naturaleza estatal de una empresa no constituye un motivo suficiente para determinar su cierre, puesto que la evaluación se concentrará en su desempeño económico, capacidad de producción y sostenibilidad financiera.
El proceso de reorganización continuará bajo los alcances del Decreto Supremo 5727, mientras se desarrollan los procedimientos para formalizar la disolución o liquidación de las entidades consideradas deficitarias.
Hasta el momento, el Gobierno no ha identificado públicamente cuáles serán las primeras empresas que cerrarán ni las fechas específicas en las que se concretarán estas medidas.