La adquisición de un millón de billetes conmemorativos del Bicentenario de Bolivia, por un costo de impresión superior a 668.000 dólares, derivó en la imputación formal de un exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB), investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La imputación fue presentada por el Ministerio Público, mediante la Resolución N.º 28/2026, dentro de un proceso penal iniciado a instancias del BCB, que actualmente se encuentra en etapa preparatoria. El exfuncionario fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en calidad de aprehendido.
De acuerdo con los antecedentes de auditoría interna incorporados a la investigación, hasta el 31 de mayo de 2026 se habían comercializado únicamente 37.885 billetes conmemorativos, equivalentes al 3,8 % del millón de ejemplares adquiridos.
Los restantes 962.115 billetes, que representan el 96,2 % del total, permanecían almacenados en las bóvedas del BCB y del Banco Unión S.A., debido a la escasa demanda registrada desde su puesta a la venta.
Las investigaciones señalan que la cantidad de ejemplares encargados habría sido establecida sin contar con suficiente respaldo técnico, situación que provocó una acumulación considerable de billetes sin comercializar. Según las estimaciones incluidas en el proceso, de mantenerse el ritmo de ventas registrado en 2026, se necesitarían aproximadamente 297 años para agotar las existencias.
Asimismo, los ingresos obtenidos por la comercialización de estos ejemplares no habrían permitido recuperar los recursos destinados a su impresión, lo que constituye un presunto daño económico al Estado superior a 359.000 dólares.
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que interviene en el proceso junto con el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con el propósito de establecer las circunstancias de la contratación y determinar las posibles responsabilidades por el uso de recursos públicos.
Como parte de las actuaciones procesales, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares contra el exgerente investigado, cuya situación jurídica deberá ser definida por la autoridad judicial competente.
La Procuraduría anunció que continuará participando en las distintas etapas del proceso penal y promoverá las acciones legales que correspondan para procurar la recuperación de los recursos públicos, en caso de confirmarse el perjuicio económico investigado.
La determinación de responsabilidades penales y la eventual reparación del daño económico dependerán de los resultados de la investigación y de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes, en observancia del debido proceso y la presunción de inocencia.
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