Menor consumo solo estaría conteniendo la inflación

La reducción del consumo de los hogares estaría contribuyendo a contener el incremento de los precios en Bolivia, en medio de un escenario económico caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de la demanda interna. Aunque la inflación interanual registra una disminución respecto a principios de año, las familias continúan enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades, mientras que las empresas encuentran limitaciones para trasladar el incremento de sus costos de producción a los consumidores.
El analista económico Oswaldo Irusta Díaz, en entrevista con EL DIARIO, sostuvo que este comportamiento responde, principalmente, a los efectos de la recesión sobre la capacidad de compra de la población, situación que obliga a muchas familias a reducir la cantidad y calidad de los productos que consumen.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación mensual de septiembre alcanzó el 0,85%, la acumulada entre enero y septiembre llegó al 3,88% y la variación interanual se situó en el 5,70%. Este último indicador se encuentra por debajo del 19,64% registrado en enero, aunque muestra un incremento respecto a los meses de julio y agosto.
Irusta explicó que la disminución de la inflación interanual no significa que los precios estén bajando de manera generalizada ni que la población haya recuperado su capacidad adquisitiva. Señaló que los bienes y servicios continúan encareciéndose y que la desaceleración observada respecto a principios de año no necesariamente representa una mejora de las condiciones económicas de los hogares.
En ese sentido, atribuyó este comportamiento al debilitamiento de la demanda interna debido a que la reducción de los ingresos reales limita las posibilidades de consumo. En estas circunstancias, las familias restringen sus compras, particularmente aquellas que disponen de menores recursos económicos.
El especialista explicó que las empresas también enfrentan dificultades derivadas del encarecimiento de los insumos importados, el transporte y los combustibles. Ante la menor capacidad de compra de la población, los productores no siempre pueden trasladar la totalidad de estos incrementos al precio final de sus productos.
Como consecuencia, algunas empresas pueden verse obligadas a disminuir sus márgenes de ganancia para mantener sus ventas y evitar una mayor reducción de su actividad económica. Este comportamiento contribuye a contener las presiones sobre los precios, pero también limita la rentabilidad de los negocios.
Para Irusta, esta situación constituye una desinflación de carácter recesivo, ya que la moderación del crecimiento de los precios estaría relacionada principalmente con una demanda debilitada y no necesariamente con una recuperación de los equilibrios económicos.
Los efectos de este escenario se manifiestan especialmente en los hogares de ingresos bajos y medios, que destinan una proporción importante de sus recursos a la compra de alimentos, el transporte y el pago de servicios esenciales. En estos sectores, la reducción del poder adquisitivo obliga a modificar los hábitos de consumo y restringir determinados gastos.
El economista también advirtió que existe una diferencia entre la inflación registrada por las estadísticas oficiales y el encarecimiento que perciben las familias. Acotó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación de una canasta representativa de bienes y servicios, pero no refleja necesariamente el comportamiento particular del gasto de cada hogar.
Puntualizó que los incrementos en productos de consumo frecuente, principalmente alimentos, tienen una incidencia significativa en la economía familiar. Esta situación ayuda a explicar por qué algunos consumidores perciben un encarecimiento mayor al reflejado por el indicador general.
Irusta mencionó los incrementos de precios registrados durante los bloqueos de mayo y junio, particularmente en los alimentos. Según su análisis, aunque posteriormente se produjeron reducciones en determinados productos, sus precios no necesariamente retornaron a los niveles anteriores a los conflictos, lo que contribuye a mantener la percepción de un elevado costo de vida.
Otro elemento de preocupación identificado por el analista es el comportamiento de los precios al productor. De acuerdo con los datos del INE, el Índice de Precios Productor (IPP) registró en julio una variación mensual del 5,09% y una interanual del 10,61%, en un contexto de ajustes cambiarios que incidieron en la valoración de determinados bienes y servicios.
Irusta advirtió que los mayores costos que actualmente absorben las empresas podrían trasladarse posteriormente a los consumidores si la demanda se recupera, lo que generaría nuevas presiones inflacionarias.
Asimismo, sostuvo que la política monetaria restrictiva aplicada por el Banco Central de Bolivia (BCB), junto con el menor financiamiento monetario al sector público, estaría contribuyendo a contener el incremento de los precios. No obstante, consideró que estas medidas también pueden profundizar la debilidad de la demanda y afectar las condiciones de empleo e ingresos.
Frente a este escenario, planteó la necesidad de establecer mecanismos de protección focalizados y temporales para los hogares de menores ingresos, con el propósito de reducir los efectos del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.
El analista insistió en que la evolución de la inflación debe examinarse junto con el comportamiento del consumo, el empleo y los ingresos familiares, debido a que una menor tasa de crecimiento de los precios no implica necesariamente una recuperación del bienestar económico de la población.