El analista, Mario Galindo, en entrevista con EL DIARIO, afirmó que la disminución gradual de las subvenciones a los combustibles es apenas una parte del ajuste necesario y advirtió que, sin una reducción de la burocracia y equipos técnicos capaces de ejecutar las reformas, Bolivia difícilmente podrá recuperar un crecimiento sostenible.
El Gobierno debe ejecutar un plan de estabilización macroeconómica que reduzca el gasto público, reestructure las empresas estatales y reorganice la administración nacional y municipal para superar la crisis económica.
“Lo que exige un programa de desarrollo económico y social sostenible es que haya estabilidad macroeconómica, y lo primero que tendría que hacer el Gobierno es justamente un plan de estabilización”, sostuvo durante una entrevista sobre las perspectivas de desarrollo del país.
Galindo explicó que la estabilización debe abordar dos componentes del gasto: las subvenciones a los hidrocarburos y el funcionamiento del aparato estatal. Reconoció los ajustes sucesivos a la gasolina y el diésel, iniciados en enero y continuados durante el año, y estimó que Bolivia destinaba unos 3.000 millones de dólares anuales a esas subvenciones. Sin embargo, señaló que el ahorro conseguido por esa vía no sustituye la necesidad de revisar la nómina pública.
Según sus cálculos, el país cuenta con alrededor de 600.000 servidores públicos: unos 170.000 en el magisterio, entre 80.000 y 90.000 en salud, 40.000 en las Fuerzas Armadas y 60.000 en la Policía. Estimó que otros 250.000 corresponden a las estructuras administrativas del nivel central y los gobiernos departamentales y municipales, frente a unos 50.000 al inicio del Gobierno de Evo Morales.
Cuestionó que la disminución de ministerios represente un ahorro si las dependencias conservan prácticamente la misma cantidad de funcionarios. “¿De qué me sirve reducir los ministerios si lo que antes era un ministerio ahora es un viceministerio y sigue teniendo la misma cantidad de gente?”, preguntó.
Añadió que, según sus estimaciones, el gasto corriente aumentó cerca del 13 % entre 2020 y 2026. Recordó la relocalización de más de 50.000 trabajadores tras el DS 21060, pero rechazó repetir despidos masivos.
En ese marco, propuso modificar la administración de las empresas públicas deficitarias mediante cooperativas, asociaciones empresariales o empresas sociales y comunitarias a cargo de los trabajadores.
De las 79 empresas estatales que mencionó, calculó que unas 25 podrían transformarse, incluidas entidades de agua potable y antiguas cooperativas eléctricas de Rurrenabaque, San Borja, Riberalta y Guayaramerín.
Una de las transformaciones de mayor alcance, a su juicio, debe aplicarse a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Propuso disminuir al menos un 60 % sus estructuras, porque considera que dejaron de responder a sus actuales niveles de actividad. Describió en YPFB siete gerencias dependientes de la Presidencia, seis de una vicepresidencia, otras seis de la segunda y 12 subsidiarias, cuya permanencia cuestionó ante la caída de la producción de gas.
Galindo recordó además que la reducción de ministerios no basta si las mismas oficinas y plantillas permanecen bajo otra denominación. El ahorro, afirmó, debe reflejarse en el gasto efectivo.
En Comibol, sostuvo que el protagonismo de compañías como Sinchi Wayra y Minera San Cristóbal en minerales como zinc y plomo obliga a revisar las funciones de la corporación, que conserva actividad en la producción de estaño.
En hidrocarburos, defendió importar petróleo crudo para procesarlo en las refinerías nacionales, en vez de concentrar las compras externas en gasolina y diésel. Afirmó que el Gobierno había aprobado una disposición en esa dirección, aunque cuestionó que hasta el momento de la entrevista no observara resultados concretos.
Galindo planteó además modificar la orientación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Cuestionó la insistencia en grandes proyectos hidroeléctricos y propuso ampliar la generación eólica y solar. Mencionó experiencias brasileñas y consideró que los vientos y la radiación solar del altiplano ofrecen posibilidades para inversiones de mayor escala.
“Si algo sobra en el altiplano es sol”, afirmó. Propuso una expansión masiva de aerogeneradores y llegó a hablar de instalar entre uno y dos millones de molinos de viento, sin presentar en la entrevista un estudio de viabilidad. Estimó que Bolivia podría exportar electricidad en cuatro o cinco años.
Sobre ENDE, insistió en que la selección de proyectos debe responder a sus costos y posibilidades de comercialización, en vez de mantener grandes inversiones solo por decisiones institucionales anteriores.
Otra medida que considera indispensable es reorganizar los 339 municipios mediante integraciones y mancomunidades. Mencionó estudios que atribuyó a la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, con propuestas de reducir su número a 88, 86 y 82, respectivamente. Relacionó la propuesta con la distribución de recursos 50-50.
Afirmó que algunas alcaldías destinan casi todo su presupuesto a sueldos y salarios y cuestionó la cantidad de asesores y funcionarios de apoyo en los concejos municipales pequeños. Según su análisis, la rotación de personas entre cargos políticos y administrativos consolida una burocracia que reduce los fondos disponibles para obras.
También recordó que, durante el Gobierno de Evo Morales, alcaldes acudían a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) para financiar proyectos y sostuvo que esa dependencia podía favorecer condicionamientos partidarios.
“Hay formas de reducir el gasto sin necesidad de ir a una relocalización, ni a un despido, digamos, a una masacre blanca”, manifestó.
Una vez estabilizada la economía, identificó oportunidades de crecimiento en la electricidad, el litio, las tierras raras y la actividad minera y metalúrgica. Citó el complejo siderúrgico del Mutún, en Santa Cruz, y pidió resolver con rapidez sus dificultades técnicas y contractuales.
“Hay que ejecutar garantías, hay que ser mucho más expeditivos. Yo veo que realmente hay ineficiencia y lentitud en el Gobierno en esos temas”, expresó. Respecto del litio, cuestionó que Bolivia no haya transformado sus recursos en una producción y exportación de mayor escala. Pidió avances concretos en los acuerdos y las tecnologías de extracción directa de litio, en particular las propuestas vinculadas con empresas chinas.
Galindo atribuyó parte de la lentitud gubernamental a las condiciones políticas en las que el presidente Rodrigo Paz llegó al poder, con una sigla y respaldos electorales que calificó como prestados. Mencionó la participación del vicepresidente Edmand Lara y sostuvo que la falta de una estructura política propia complica la conformación de equipos técnicos. También cuestionó la continuidad de funcionarios de gestiones anteriores en el área económica, el Banco Central, educación y telecomunicaciones.
Al referirse a la formación de equipos, citó al exministro de la Presidencia José Luis Lupo, al exministro de Economía José Gabriel Espinoza y a colaboradores relacionados con Samuel Doria Medina. Según su evaluación, contar con ministros experimentados no basta si sus dependencias carecen de profesionales preparados para impulsar cambios y ejecutar decisiones.
“El presidente se está autoboicoteando al no haber hecho, ¿no es cierto?, al no haber cambiado, digamos, la forma de acceso a la función pública”, afirmó. Como alternativa, propuso identificar unos 7.000 cargos estratégicos y cubrirlos mediante concursos de méritos, evaluación de antecedentes y selección técnica. También planteó renovar por lo menos 50.000 puestos del aparato público, sin sustituir a la totalidad de los servidores estatales.
“A esas personas que han entrado por meritocracia sí les puedo imponer plazos y tiempos para que comiencen a generar resultados”, señaló. “Se ha mantenido el viejo esquema y se ha tratado de cambiar las cosas con ese mismo esquema. No, no funciona”, concluyó.