La clase media requiere incentivos para evitar que en el corto plazo el sector caiga en la pobreza y forme parte de las familias vulnerables, aumentando el número de los más necesitados e ingresar al grupo que recibe bonos.
Los economistas consultados tienen claro por donde puede llegar el apoyo a la clase media y coinciden, por separado, que una vía es la implementación de mecanismos de financiamiento accesibles con respaldo de organismos multilaterales.
Bolivia, en los años de bonanza registró una caída de la pobreza y la pobreza extrema, pero agotado los recursos de la venta de gas y sumado la pandemia, los datos muestran que aumentaron ambos indicadores nuevamente.
Datos
Según los datos de la Plataforma sobre Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial, la tasa de incidencia de la pobreza extrema nacional en Bolivia ha mostrado fluctuaciones importantes en los últimos años: en 2016 registró 36,0%; en 2018 fue de 39,5%; en 2020 más el (impacto de la pandemia) 43,0%; y en 2024 (último dato disponible) 37,7%.
Entretanto, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) y reportes de prensa, señalan que la pobreza extrema subió al 16,7% (alcanzando a unos 1,9 millones de personas).
Mientras la Fundación Jubileo informa que, al ajustar los umbrales oficiales por la inflación acumulada y el aumento de precios de los alimentos (que superaron el 20%), la pobreza extrema real podría rondar el 17,5% y la pobreza moderada cerca del 44%.
Los datos podrían subir más, aunque el Gobierno lo tiene claro en la aplicación de medidas restrictivas para retirar liquidez del mercado nacional, a través de la implementación de políticas contractivas aplicadas por el Banco Central de Bolivia (BCB), sacrificando el crecimiento económico.
Políticas
Al respecto del apoyo que se debe proporcionar a la clase media para que no caiga en la pobreza, el analista económico Bernardo Fernández sostuvo que las políticas que implemente el Ejecutivo debe apuntar a devolver al sector privado su rol, en especial a la pequeña y microempresa.
“Debe ser prioritario devolver a la clase media su rol y evitar que caiga en la pobreza”, apuntó a tiempo de destacar las acciones que tomó el Gobierno para controlar la inflación, considerado como un impuesto regresivo que afecta a las familias vulnerables, pero también a la clase media.
La política contractiva del BCB reduce liquidez en el sistema financiero. Fernández dijo que las medidas aplicadas por el Banco mitigaron la presión inflacionaria y cuando la situación actual cambie, la entidad emisora permitirá el retorne de liquidez a la economía.
Ese proceso permitirá que haya recursos para que las entidades financieras puedan otorgar créditos en mejores condiciones al público y a las empresas, para ampliar sus operaciones o apoyar iniciativas económicas. Eso sucederá una vez que terminen los efectos de la eliminación de los subsidios a los combustibles, en especial del diésel.
Indirectos
Los mecanismos de apoyo a la clase media deben ser indirectos, mediante financiamiento, con respaldo de la banca multilateral de desarrollo y otro mediante financiamiento doméstico, a través del sistema financiero.
Por otra parte, ante la consulta de que si ¿La clase media boliviana está volviendo a la pobreza y por qué?, el analista económico Fernando Romero dijo si. “(…) una parte de la clase media corre el riesgo de caer en la pobreza, aunque no se puede afirmar que toda ella ya haya retrocedido sin una medición específica”, indica.
Asegura que la clase media puede perder su estabilidad cuando los alimentos, el transporte, el alquiler y los servicios suben más rápido que sus ingresos, mientras se agotan los ahorros y aumenta el endeudamiento.
Según la Encuesta de Hogares del INE, la pobreza, por ingresos, pasó del 37,6% en 2024 al 44,7% en 2025, una señal importante de deterioro; no obstante, estos datos no permiten identificar por sí solos cuántas personas pertenecían antes a la clase media y luego cayeron en pobreza.
La presión económica afecta especialmente a trabajadores con ingresos fijos, pequeños comerciantes, profesionales independientes y hogares que deben financiar educación, salud y vivienda, detalla.
Al igual que Fernández, Romero sostiene que la clase media deber tener apoyo. “Los bonos y transferencias focalizadas son importantes para hogares vulnerables, pero la clase media también necesita empleo formal, mejores salarios reales, crédito accesible para vivienda y emprendimientos, capacitación laboral, alivio tributario bien diseñado y servicios públicos de calidad”, indica el analista económico.
Por ejemplo, para pequeños negocios y profesionales independientes, ayudaría la simplificación de trámites, el acceso a financiamiento productivo y menores costos de formalización. “No se trata de privilegiar a un grupo sobre otro, sino de evitar que las familias vulnerables sigan desprotegidas y que los hogares de ingresos medios pierdan su autonomía económica. Las medidas deben ser fiscalmente sostenibles y evaluarse por sus resultados: más empleo, mayores ingresos reales y menor vulnerabilidad, no solamente por el número de bonos entregados”, explica.
Impositivo
Ante la presión tributaria que sufren los pequeños emprendimientos, Fernández recuerda que por ahora el Gobierno no tiene la capacidad de bajar impuestos, debido a que esta acción tendría un impacto en las finanzas públicas.
Sólo queda ampliar la base tributaria, aunque no sea el agrado de algunos grupos económicos, apunta a tiempo de señalar que no es viable la implementación de algunas salvaguardas vía impuestos, sino mediante la creación de nuevos esquemas de financiamiento con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la CAF.
Subrayó que ese es el compromiso del Gobierno ante los organismos internacionales, la creación de mecanismos nuevos de financiamiento como fondos de garantía y de asistencia técnica para promover la actividad privada.
Inversión
Ante la consulta sobre los obstáculos para la llegada de inversión privada al país, ambos economistas, por separado, indicaron que será complicado y dependerá de la seguridad jurídica que ofrezca el país a los inversores privados.
“La inversión depende de la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica, el acceso a divisas, la rentabilidad, los impuestos, la infraestructura y la previsibilidad de las reglas, no únicamente del modelo político; aunque uno que no considera al sector privado como un socio del desarrollo limita claramente la llega de capitales e inversiones extranjeras”, reflexionó Romero.
Sin embargo, sí existen restricciones institucionales y constitucionales, determinados inversionistas consideran obstáculos, especialmente en sectores estratégicos. “El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce la necesidad de mejorar el clima de negocios y fortalecer el marco legal para promover inversión privada; por tanto, reformar normas que generan incertidumbre puede ser necesario, pero no garantiza por sí solo la llegada de capitales. Bolivia también debe resolver los desequilibrios fiscales y externos, mejorar la transparencia y ofrecer reglas estables que se apliquen de manera consistente”, recuerda.
Mientras para Fernández atraer inversión extranjera directa será un desafío. Identificó que hay dos tipos de inversión, una doméstica, es decir nacional, y otra extranjera, la primera se podría promover en el corto plazo mientras que el segundo tomará su tiempo, hasta que, por ejemplo, Bolivia gane más credibilidad.