Legisladores de distintas fuerzas políticas exigieron al Gobierno de Rodrigo Paz hacer cumplir el Estado de Excepción ante el anuncio de nuevas movilizaciones y pidieron actuar de manera preventiva frente a quienes promuevan protestas mientras permanece vigente la medida.
El pronunciamiento se produjo después del ampliado realizado en Lauca Ñ, donde Evo Morales dio plazo hasta el 13 de octubre al Gobierno para abrogar los decretos que su sector considera “neoliberales” y llamó a sus militantes a organizarse para las movilizaciones.
El senador de Libre, José Ormachea, sostuvo que el Ejecutivo tiene la obligación de hacer operativo el Estado de Excepción y planteó que las Fuerzas Armadas y la Policía sean utilizadas para hacer cumplir la medida.
Ormachea también pidió que se actúe de manera anticipada contra quienes, según su planteamiento, estén promoviendo acciones que puedan generar desmanes, anarquía o caos.
En la misma línea, el diputado de Unidad, Álvaro Cazasola, y el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, coincidieron en que no se deberían permitir focos de violencia mientras rige una medida constitucional excepcional.
El pedido de los legisladores se da después de que Morales anunciara que su sector se organizará para movilizarse si el Gobierno no atiende sus demandas. En el ampliado, además, estableció el 13 de octubre como fecha para el inicio de las acciones anunciadas.
Durante el encuentro también reaparecieron las exministras Gabriela Montaño y Teresa Morales. Montaño sostuvo que las movilizaciones constituyen el mecanismo para defender las conquistas de su sector y señaló a las calles como el escenario para expresar sus reclamos.
Los legisladores que cuestionaron estas convocatorias pidieron al Ejecutivo actuar antes de que se concreten los bloqueos y desmanes anunciados. Su planteamiento coloca al Gobierno ante la exigencia de aplicar el Estado de Excepción frente a las movilizaciones anunciadas desde el evismo.
El escenario abre así un nuevo frente de tensión política en torno a los decretos cuestionados por Morales y a la respuesta que asumirá el Ejecutivo ante el plazo establecido por su sector.