El debate sobre las armas nucleares no termina con el desarme, sino que también involucra los efectos que estas pueden dejar sobre la población y el medio ambiente, así como los desafíos que enfrenta Bolivia al desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos y garantizar que esta permanezca bajo controles adecuados, según plantea la abogada y especialista en Derecho Internacional Humanitario, Thalía L. Beltrán Medrano, en entrevista exclusiva con EL DIARIO.
El riesgo nuclear continúa presente pese a los esfuerzos internacionales para limitar estas armas. Para la especialista, la preocupación no se reduce a la posibilidad de un ataque deliberado, sino también a errores humanos, técnicos o políticos que podrían desencadenar consecuencias de gran magnitud.
Desde esa perspectiva, el problema tiene una dimensión humanitaria que trasciende el momento en que se utiliza un arma. Los ataques contra Hiroshima y Nagasaki dejaron decenas de miles de víctimas y efectos que, según explicó, continuaron durante décadas mediante enfermedades, lesiones y secuelas que alcanzaron incluso a generaciones posteriores.
“En ese sentido es que el desarme nuclear no es algo idealista, sino más bien una obligación jurídica, ética y humanitaria frente a los efectos incontrolables de estas armas”, sostuvo Beltrán.
UN RIESGO QUE TRASCIENDE
La experiencia de Hiroshima y Nagasaki constituye uno de los principales antecedentes para comprender las consecuencias de las armas nucleares. La especialista recordó que las explosiones produjeron aproximadamente 140.000 víctimas en Hiroshima y 70.000 en Nagasaki, además de secuelas que permanecieron durante años.
El impacto, explicó, no se limita a quienes se encontraban en el lugar de los ataques. Las enfermedades y consecuencias asociadas a la radiación pueden prolongarse en el tiempo, convirtiendo el uso de estas armas en un problema que alcanza a personas que ni siquiera habían nacido cuando se produjo el bombardeo.
A esto se suma el daño ambiental. La destrucción provocada por una explosión nuclear puede afectar zonas habitadas y ecosistemas, mientras que la contaminación derivada de materiales radiactivos plantea consecuencias que no desaparecen inmediatamente después de un conflicto.
Desde el Derecho Internacional Humanitario, Beltrán relaciona estos efectos con principios como la distinción, la proporcionalidad, la precaución y la prohibición de causar sufrimientos innecesarios.
El principio de distinción obliga a diferenciar entre población civil y combatientes, así como entre bienes civiles y objetivos militares. La especialista sostiene que una bomba nuclear genera dificultades frente a esta obligación debido a la amplitud de sus efectos.
También cuestiona su compatibilidad con el principio de proporcionalidad, debido a que los daños que puede producir una explosión nuclear pueden resultar excesivos respecto del objetivo militar que se pretende alcanzar.
La precaución plantea otro problema: la destrucción térmica, la onda expansiva y la radiación no pueden controlarse con precisión una vez producida la detonación.
LA DISUASIÓN Y SUS LÍMITES
La crisis de los misiles de 1962 fue uno de los momentos de mayor tensión nuclear de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de un enfrentamiento durante 13 días, hasta que la diplomacia entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev permitió evitar una confrontación de consecuencias mundiales.
El episodio refleja la lógica de la disuasión nuclear, basada en mantener la capacidad de responder a un ataque para evitar que otro Estado utilice primero estas armas. Sin embargo, la permanencia de arsenales nucleares mantiene el riesgo de una utilización accidental o derivada de una escalada política.
Según Beltrán, pese a los compromisos internacionales, algunos Estados continúan mejorando su armamento y tecnología nuclear. Esto evidencia una de las dificultades del sistema internacional: la falta de una autoridad única con capacidad para obligar coercitivamente a todos los Estados a cumplir sus compromisos de desarme.
La especialista explicó que el derecho internacional público no funciona mediante una autoridad coercitiva única, sino que se basa en el cumplimiento de buena fe de los compromisos asumidos. En ese contexto, el proceso de desarme avanza lentamente mientras algunos países continúan fortaleciendo sus capacidades nucleares.
La situación también distingue entre las potencias nucleares reconocidas internacionalmente y otros países que poseen armas o capacidades para desarrollarlas. Beltrán mencionó a India, Pakistán y Corea del Norte, mientras que señaló que Israel mantiene una política de no confirmar ni negar su capacidad nuclear y que Irán posee capacidad tecnológica para desarrollar estas armas, aunque no las tiene.
BOLIVIA ANTE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR
Bolivia mantiene una posición de país no poseedor de armas nucleares y un compromiso constitucional con la paz. Además, forma parte de los instrumentos internacionales que restringen este tipo de armamento, mientras que América Latina y el Caribe constituyen una zona libre de armas nucleares bajo el Tratado de Tlatelolco.
Esta posición no implica renunciar al desarrollo de tecnología nuclear. Desde 2016, Bolivia impulsa un programa de uso pacífico orientado a la investigación y el desarrollo tecnológico.
Como parte de este proceso se encuentra el reactor de investigación RB-01, en la ciudad de El Alto, cuya construcción se encontraba en fase de finalización en febrero de 2025, según la información proporcionada por Beltrán.
La tecnología nuclear puede aplicarse en áreas como la medicina, la agricultura, la investigación y la industria, por lo que el programa boliviano está orientado a fines distintos de la fabricación de armamento.
El desarrollo de esta tecnología se realiza además bajo mecanismos de control internacional. Bolivia forma parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mediante acuerdos de salvaguardias, que contemplan controles e inspecciones para verificar que los materiales y tecnologías destinados a usos pacíficos no sean desviados hacia fines ilícitos.
CONTROLES PARA UN USO SEGURO
Beltrán identifica limitaciones institucionales en el desarrollo nuclear de Bolivia, entre ellas la ausencia de una autoridad nacional de fiscalización y problemas de coordinación entre las instituciones involucradas.
La especialista también plantea la necesidad de establecer protocolos y procedimientos que definan las responsabilidades de los actores vinculados a las actividades nucleares.
Otro de los desafíos es la falta de personal especializado. Por ello, representantes de distintas instituciones destacaron la importancia de mantener una capacitación permanente y evitar la rotación de funcionarios con conocimientos específicos.
“También el tema de la creación de protocolos, manuales y procedimiento (…) así como la necesidad de capacitar y concientizar a los diferentes actores involucrados, empresas que manejan material nuclear, para que realicen un manejo adecuado y sobre todo en cuanto a los desechos radioactivos que pueden representar una amenaza para la salud y para el medio ambiente”, explicó.
La gestión de los desechos radiactivos constituye otro aspecto de la seguridad nuclear, debido a los posibles efectos que un manejo inadecuado puede generar sobre la población y el medio ambiente.
Beltrán considera además que la regulación debe involucrar a universidades, comunidades y empresas. En el ámbito jurídico, mencionó la Ley 1205, sobre la aplicación pacífica de la tecnología nuclear, y la Ley 400, que contempla las armas nucleares dentro de las no convencionales.
Para Bolivia, esto implica mantener su compromiso con la eliminación de las armas nucleares y, al mismo tiempo, fortalecer el uso pacífico de esta tecnología bajo condiciones de seguridad y fiscalización.
La especialista también advierte que los riesgos asociados al uso de armas nucleares pueden trascender a las generaciones actuales y afectar tanto a la vida como al medio ambiente.
“Cada arma nuclear desarrolla la posibilidad de que el uso de las armas nucleares se convierta en una tragedia y que no solamente va a llegar a afectar a un enemigo, a un ejército, sino va a afectar la vida, va a afectar el medio ambiente, las generaciones presentes y futuras”, afirmó.
Beltrán sostiene que el desarrollo nuclear debe estar orientado al beneficio de la sociedad y a la protección de la vida. “No se puede construir un futuro en base a la destrucción, sino más bien un futuro hacia la protección de la vida”, concluyó.
