A pesar de la urgencia de que sea reformada la Constitución Política del Estado, por demanda de la opinión pública, la buena intención del gobierno, en ese sentido, se encuentra ante dificultades y escollos. Se calcula que, todo el trámite para dicho cambio podría durar meses y ser aprobado el año próximo, si las condiciones lo permiten.
En primer lugar, al ser aprobada por la Asamblea Legislativa la prórroga del estado de excepción, tal reforma podría atrasarse por meses. Enseguida, entraría el asunto del estudio del proyecto de cambio anhelado por la población, que duraría un tiempo largo, si es que no se presentan obstáculos que impidan poner en práctica nuevas medidas para que el país recupere su sentido nacional y democrático, así como sean dejados de lado, en forma indefinida, los lineamientos antinacionales y antidemocráticos que han sido introducidos por intereses del MAS, en la Constitución Política vigente desde el año 2009.
Por ello una reforma de la Carta Magna actual podría ser realizada a mediados del año próximo, a no ser que los organismos políticos y ejecutivos del Estado Plurinacional, no se opongan al cumplimiento del pedido creciente de la ciudadanía. Y es que la mayoría de la población ansía que la actual Constitución Política deje de ser el más grande obstáculo para que el país ingrese al camino de la libertad y el progreso.
Otro escollo que trata de evitar la reforma propuesta en varios sectores de la sociedad, es la burocracia insensible y satisfecha, la misma que, indudablemente, muestra oposición al Poder Ejecutivo y sus planes de aliviar la crisis económica nacional. Además, recordemos que la Carta Magna de 2009, sigue siendo ilegítima, debido a que no fue aprobada por la Asamblea Constituyente, sino por un organismo extra constitucional.
Ese documento fundamental, que señala los objetivos históricos y los procedimientos para llegar a ellos, está lleno de incoherencias, sofismas y falsedades. En diversos análisis se ha revelado que esa Constitución Política es una trampa que tiene en retroceso al país, en momentos en que éste debe avanzar con pasos seguros hacia un destino promisorio. Por otra parte, esa Carta Magna debió ser reformada por el gobierno de Jeanine Añez y también por el de Luis Arce Catacora. Pero fue imposible hacerlo por la poca voluntad de esos gobiernos, los mismos que poco después, fueron expulsados del poder por esa misma CPE.
Sería, pues, lamentable, que ahora, la reforma de ese documento sea postergada, quedando sin soluciones numerosos problemas que han sido dejados como herencia por los gobiernos populistas del MAS, que estuvieron en vigencia durante veinte años. En tal caso, el retraso del país se mantendría por tiempo indefinido, con grave daño para el pueblo y la nacionalidad.
Reforma constitucional ante atraso nacional
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