Abuso del cemento y ausencia de la ley en vías paceñas

La paz vial en una urbe no se construye sembrando obstáculos, sino ejerciendo autoridad por parte de la Policía, que es, por ley, la institución llamada a poner orden. La reciente decisión edil de saturar la avenida Del Poeta, instalando decenas de reductores de velocidad (rompemuelles) cada pocos metros es una alarmante confesión de incapacidad regulatoria. Si bien el argumento municipal busca frenar en seco a quienes confunden una arteria central con una pista de carreras, recurrir a la deformación masiva de la calzada expone una política urbana obsoleta. En lugar de educar y vigilar, se castiga mecánicamente a todo el parque automotor, dañando los vehículos y saturando el tráfico en una de las conexiones más críticas entre el Centro y la zona Sur.
El exceso de velocidad y la imprudencia al volante son problemas de conducta humana que deben ser sancionados y controlados por la Policía Boliviana, y no por protuberancias de caucho o cemento. La ausencia de patrullajes preventivos, la falta de radares modernos de velocidad y la inacción de Tránsito han creado un vacío normativo que los municipios intentan tapar con parches físicos. Un rompemuelles no sustituye a un policía; solo traslada la responsabilidad del control a una barrera estática que termina provocando frenazos bruscos, accidentes por alcance y un mayor desgaste de la infraestructura pública. Se entiende que se tenga que prevenir el exceso de velocidad, pero hacerlo solamente a costa de colocar rompemuelles no se adecua a los tiempos que corren.
Esta preocupante política del “obstáculo” —que, dicho sea de paso, retrata muy bien la mentalidad del “Estado tranca” que impide el desarrollo de Bolivia— cobra un cariz trágico al contrastarse con las verdaderas emergencias de nuestra topografía. Mientras son colocadas barreras donde los autos sí frenan, las calles empinadas de La Paz, sobre todo las de las laderas, continúan desprotegidas ante la total falta de fiscalización técnica. El reciente y doloroso siniestro de un vehículo de transporte público en una pendiente, provocado por una fatal rotura de frenos, revela dónde debería estar la verdadera prioridad del Estado.
Las vidas se pierden por la falta de inspecciones vehiculares rigurosas y por la inexistencia de rampas de frenado en zonas de alto riesgo. La seguridad urbana exige controles eficientes a la calidad de los motorizados y sanciones drásticas a la imprudencia, no un laberinto interminable de rompemuelles que solo enmascara el descontrol generalizado. Un claro ejemplo de esta negligencia o irregularidad se da en la Inspección Técnica Vehicular que se hace cada año. En ella, se puede observar que cientos o miles de coches viejos la aprueban como si estuvieran en condiciones óptimas, cuando todos sabemos que lo hacen de manera irregular o, mejor dicho, corrupta. Es imperativo que la Policía de tránsito ejecute sus labores de manera correcta, so pena de que los bolivianos, y en particular los paceños, sigamos lamentando hechos trágicos de tránsito.