Hay paradojas que solamente la política puede convertir en realidad. Bolivia, un país que durante años se presentó como potencia gasífera, que habló de soberanía energética y que hizo de la llamada nacionalización de los hidrocarburos una de las banderas centrales del proceso de cambio, terminó enfrentando una realidad difícil de ocultar: cada vez necesitamos importar más energía porque dejamos de producir suficiente energía en casa.
Ante esta evidencia, surge una pregunta incómoda, pero inevitable:
¿Dejamos de ser crudos para recién importar petróleo crudo?
La pregunta tiene ironía. La respuesta debería tener seriedad.
La punta del iceberg, la nacionalización como bandera política. El 1 de mayo de 2006, mediante el Decreto Supremo 28.701, el gobierno de Evo Morales proclamó la nacionalización de los hidrocarburos y dispuso que el Estado recuperaba la propiedad, posesión y control de los recursos hidrocarburíferos.
Nadie puede desconocer la importancia política de aquella decisión, pero una cosa es nacionalizar la propiedad y otra, muy distinta, administrar responsablemente el patrimonio nacionalizado. Ahí está el verdadero punto de esta discusión, porque nacionalizar no significa simplemente cambiar a quien administra los recursos.
Nacionalizar debería significar hacerlos producir de manera eficiente, reponer las reservas consumidas, explorar permanentemente, atraer tecnología e inversión, industrializar y garantizar que la riqueza del subsuelo se transforme en desarrollo sostenible.
Este hecho precisamente es lo que debemos evaluar, se explotó el presente y se hipotecó el futuro
El problema fundamental de la política hidrocarburífera del MAS fue su carácter errático, cortoplacista e irresponsable, se aprovechó la extraordinaria coyuntura internacional de precios y se aceleró la explotación de las reservas conocidas. Es consabido y hasta obvio que se debió explorar para encontrar nuevas reservas, lo que requiere inversión, riesgo, tecnología, planificación y una política de largo plazo.
El propio Estado reconoció años después que el incremento de producción había provenido de una explotación más acelerada de las reservas conocidas, mientras la exploración no avanzaba con la misma intensidad para reponerlas.
Es decir, se consumió el capital energético del futuro para financiar el presente, ese es el verdadero pecado original de esta historia, no se trata solamente de que hoy falte combustible. Se trata de que durante años se tuvo la oportunidad de preparar al país para el día en que la producción comenzara a declinar. Y no se hicieron las tareas como correspondía.
El mito de que todo empezó con la nacionalización. Existe además una distorsión histórica que merece ser corregida. La participación estatal del 50% en los ingresos provenientes de la explotación hidrocarburífera —18% de regalías más 32% del IDH— fue establecida mediante la Ley 3058 de 2005, un año antes del decreto de nacionalización. Así lo señala incluso documentación oficial del Estado.
La nacionalización de 2006 tuvo otros componentes: recuperación del control estatal, participación mayoritaria en empresas estratégicas y control de toda la cadena productiva. Por tanto, convertir toda la renta hidrocarburífera obtenida desde entonces en un mérito exclusivo de la nacionalización es, cuando menos, una simplificación política.
El problema no fue solamente cuánto dinero ingresó, la pregunta verdaderamente importante es: ¿Qué hicimos con ese dinero?
Pues sencillamente la renta no se convirtió en futuro, porque una renta extraordinaria puede convertirse en infraestructura productiva, educación de calidad, tecnología, exploración, diversificación económica y ahorro para las futuras generaciones, pero también puede convertirse en gasto, burocracia, clientelismo y poder político. Como ocurrió.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones del modelo. El MAS proclamó haber recuperado el Estado para beneficio del pueblo, pero terminó construyendo una gigantesca estructura burocrática alrededor de empresas y recursos estratégicos. La empresa estatal debía ser sinónimo de eficiencia, transparencia y profesionalismo, sin embargo terminó siendo, demasiadas veces, terreno fértil para el cuoteo político, la burocratización y los negocios alrededor del Estado.
El propio decreto de nacionalización hablaba de refundar YPFB como una empresa transparente, eficiente y con control socia, surge la preguntita casi inevitable: ¿Se cumplió ese mandato? No.
En cuanto a la subvención: de política social el mismo se convirtió en negocio privado, generando las consecuencias que vivimos, más pobreza, más corrupción.
Aquí llegamos al segundo gran pozo el de la subvención. La subvención a los combustibles puede tener una justificación social y económica en determinadas circunstancias, el problema aparece cuando una política concebida para proteger al consumidor termina generando incentivos perversos.
Porque cuando existe una enorme diferencia entre el precio subsidiado dentro del país y el precio real del combustible en los países vecinos, aparece una tentación demasiado grande para el contrabando y alrededor de esa diferencia puede desarrollarse una verdadera economía clandestina. Entonces ocurre lo absurdo: el Estado utiliza recursos públicos para subsidiar un combustible que termina saliendo del país. El ciudadano paga impuestos, el Estado paga la subvención y YPFB importa, el combustible se vende barato (llevate caserito) y alguien, en algún punto de la cadena, captura la diferencia.
Eso no es política social, eso es una transferencia de recursos públicos hacia negocios privados, cuando el sistema de control fracasa.
A propósito de los cleptómanos del subsidio. Aquí cabe una expresión deliberadamente dura: cleptócratas del subsidio, no para acusar indiscriminadamente a todos los funcionarios, ni a todos los actores del sector, sino para describir una lógica perversa. De quienes convierten una política pública destinada a beneficiar a la población, en una oportunidad para apropiarse de recursos del Estado.
El subsidio, cuando se transforma en negocio para unos pocos, deja de ser solidaridad social y se convierte en rentismo parasitario. Mientras unos hacen negocio con la diferencia de precios, el Estado pierde dinero, disminuyen las reservas internacionales y el ciudadano termina enfrentando escasez.
La paradoja es brutal: Subvencionamos el combustible para que sea barato, pero terminamos importándolo cada vez más caro.
DEL POZO DE LA CORRUPCIÓN AL POZO DE LA IMPORTACIÓN
Aquí se juntan las dos historias, por un lado, una política hidrocarburífera que no repuso suficientemente las reservas consumidas, por otro, una estructura burocrática y de comercialización que permitió que alrededor de la subvención se desarrollaran intereses y negocios difíciles de controlar.
El resultado como la liebre, salta a la vista: menos producción, mayor importación y una factura cada vez más pesada para el Estado, incluso la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) llegó a presentar en 2020 un análisis bajo el título “De la supuesta nacionalización a la importación de hidrocarburos”, señalando entre los problemas la falta de exploración, el aumento de la importación y la insostenibilidad de los subsidios.
Ante este lamentable escenario, no estamos, entonces, ante un problema que apareció ayer, es la consecuencia acumulada de una política errática.
LA HERENCIA QUE INCOMODA
La gran pregunta histórica que deberá responder el MAS no es únicamente cuánto dinero produjo el gas, la pregunta será: ¿Por qué, después de haber administrado durante tantos años la mayor bonanza hidrocarburífera de nuestra historia reciente, Bolivia terminó dependiendo cada vez más de las importaciones de combustibles?
Porque administrar una bonanza no consiste en gastar lo que entra, consiste en construir las condiciones para sobrevivir cuando deje de ingresar. El MAS tuvo la bonanza, tuvo el control estatal, tuvo una empresa petrolera fortalecida en términos patrimoniales, tuvo ingresos extraordinarios, tuvo tiempo, lo que no tuvo —o no hizo suficientemente— fue una política energética verdaderamente sostenible, lo que coloquialmente se dice, lo mandamos por el tubo, ahora la factura comienza a llegar.
LA SOBERANÍA NO SE DECLAMA
La soberanía energética no consiste en pronunciar discursos sobre la nacionalización, tampoco consiste en colocar el Estado en todos los eslabones de la cadena. La soberanía energética se demuestra cuando un país puede producir, almacenar, refinar, transportar y abastecer a su población sin quedar permanentemente sometido a la dependencia externa.
La soberanía se mide en barriles y moléculas, pero también en reservas, exploración, inversión, tecnología y transparencia y cuando falta alguno de esos componentes, el discurso termina chocando con la realidad.
EL POZO COMO ESPEJO
Quizá llegó el momento de dejar de mirar el pozo únicamente como una fuente de riqueza, debemos mirarlo también como un espejo, porque el pozo nos devuelve la imagen de nuestras decisiones.
Primero fue el pozo de los hidrocarburos, después vino el pozo de la renta, luego, el pozo de la burocracia, en muchos casos, el pozo de la corrupción (el cherry sobre el pastel) y, ahora corremos el riesgo de terminar en el pozo de la importación.
La historia puede resumirse con una ironía que duele precisamente porque tiene algo de verdad: Nacionalizamos para recuperar la soberanía, explotamos para financiar el presente, no exploramos lo suficiente para reponer el futuro, subvencionamos para proteger al pueblo y terminamos importando para poder abastecerlo.
Entonces vuelve la pregunta del principio: ¿dejamos de ser crudos para recién importar petróleo crudo? Quizá la respuesta más incómoda sea que no dejamos de ser un país productor porque el petróleo se haya terminado; dejamos de producir lo suficiente porque durante demasiado tiempo confundimos la administración de una bonanza con una política de desarrollo y ese error tiene un precio, el precio de la improvisación se paga con dinero, el precio de la corrupción se paga con pobreza y el precio de haber agotado el presente sin construir el futuro se paga importando lo que alguna vez tuvimos debajo de nuestros propios pies.
Del pozo de la corrupción al pozo de la importación, ese es el verdadero costo de una política hidrocarburífera sin brújula.
El autor es diplomático de carrera y politólogo.