¿Por qué el poder corrompe incluso a los mejores? La respuesta está en la estructura, no en las personas. La clave no es buscar al caudillo perfecto, sino crear una Oficina del Presidente blindada por la ética y la solvencia técnica.
Guarda mi memoria la épica consigna con la que una novel fuerza política conquistó el poder: «Ni robar ni dejar robar». Sin embargo, a los pocos meses de ejercicio público, los ideales capitularon ante frases de sobremesa: «hay que aprovechar el cuarto de hora» o «la vergüenza pasa, la platita queda». Lo verdaderamente desgarrador de esta historia es que no faltaban virtudes: eran personas brillantes, honestas y movidas por nobles aspiraciones. Sencillamente sucumbieron a una inercia institucional que corrompe incluso a las mejores voluntades.
Lord Acton no se equivocaba: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La historia boliviana desde 1952 es un testigo mudo y doloroso de esta premisa. Cambian las siglas, cambian los colores de los ponchos o de los trajes, pero el resultado final siempre es el mismo: el poder devora las buenas intenciones.
¿Por qué tropezamos siempre con la misma piedra? Porque es casi imposible gobernar bien atrapados en la red del Estado y su pirámide clientelar. Como advertía con lucidez Carlos Matus en Adiós, Señor Presidente, los mandatarios en América Latina suelen gobernar con herramientas primitivas frente a problemas de alta complejidad; rodeados de cortesanos y atrapados en la inmediatez, terminan administrando la coyuntura en lugar de conducir el destino de la nación.
Desde el primer día, el aparato estatal ofrece tantas ventajas y tanta miel que termina inmovilizando tanto al gobernante como a los fiscalizadores. La estructura híper centralizada está diseñada para seducir y someter: premia la lealtad ciega y castiga la disidencia técnica. Sin sistemas modernos de gobierno, el Palacio se convierte, tarde o temprano, en una fábrica de autócratas e improvisación.
Por eso, una Reforma Constitucional no solo es necesaria: es urgente. Pero no cualquier reforma. Debemos dejar atrás el vicio histórico del intuitu personae —pensar las leyes e instituciones en función del caudillo de turno— y asumir con valentía el intuitu structuram: diseñar una arquitectura institucional que proteja al ciudadano y eleve la capacidad de gobierno del Estado.
En ese rediseño estructural, la reforma debe abordar el corazón mismo del Poder Ejecutivo: la institucionalización de la Oficina del Presidente. Matus insistía en que un presidente no puede gobernar en solitario ni apoyado en un círculo informal de lealtades políticas; requiere un soporte tecno-político de la más alta jerarquía legal y metodológica, capaz de procesar información estratégica, anticipar crisis y evaluar políticas con rigor científico.
Esta Oficina no puede seguir siendo un botín partidario ni una secretaría de favores. Su titular y equipo clave —si bien deben gozar de la confianza política del mandatario— deben estar blindados por ley con criterios inflexibles: ser boliviano de origen, acreditar una rigurosa idoneidad profesional, solvencia técnica y probidad ética intachable. La confianza no puede ser coartada para la incompetencia.
La verdadera batalla no es electoral, es institucional. El cambio real llegará cuando entendamos que es infinitamente más importante fijar reglas de juego claras, candados democráticos, una justicia independiente y un aparato de gobierno profesional, que seguir perdiendo el tiempo buscando al caudillo perfecto. Ese salvador mesiánico simplemente no existe.
El autor es consultor organizacional y fue docente de la Maestría en Gerencia Pública de la UMSA.