El timón a la deriva y la economía del parche

Bolivia transita por una preocupante falta de dirección económica y política. El Gobierno actual parece haber renunciado a la planificación estratégica, navegando a la deriva institucional mientras los problemas estructurales asfixian a la población. En lugar de ofrecer certidumbre, divisas o soluciones reales a la crisis sistémica, el Ejecutivo se dedica a improvisar paliativos de corto plazo que solo demuestran la ausencia absoluta de un plan de vuelo serio para el país.
Hasta ahora no se ha presentado un plan país o cosa parecida y el gabinete ministerial parece endeble y gelatinoso. Los ministros no han mostrado capacidad política ni habilidad de negociación. Además, muchos de ellos brillan por su inoperancia o su irrelevancia, como el actual Ministro de Relaciones Exteriores, que tiene experiencia en derechos humanos, pero no en geopolítica, relaciones internacionales o diplomacia.
El ejemplo más flagrante y desconcertante de la improvisación con la que se está manejando el país ocurrió recientemente, cuando el mandatario exhortó públicamente a los alcaldes del país a evaluar una rápida nacionalización o legalización de los vehículos indocumentados, popularmente conocidos como “autos chutos”. Bajo el endeble argumento de que esta medida “hará entrar platita” a las arcas municipales, se pretende maquillar la iliquidez estatal institucionalizando el contrabando. Resulta insólito y alarmante que la máxima autoridad del Estado proponga la regularización del comercio ilegal como su gran estrategia para reactivar la economía nacional.
Esta propuesta no solo vulnera el Estado de derecho y premia la ilegalidad, sino que representa un atentado directo contra la golpeada matriz energética del país. Introducir formalmente cientos de miles de vehículos “chutos” al parque automotor legal generará un desabastecimiento de combustible aún más severo. Si el Estado hoy es incapaz de garantizar diésel y gasolina para los sectores productivos y el transporte organizado, inyectar una masa masiva de nuevos consumidores de carburantes subvencionados terminará por reventar los surtidores de todo el territorio nacional.
Gobernar un país demanda responsabilidad, visión de futuro y respeto a la ley. Pretender salvar las finanzas públicas legalizando el contrabando es la confesión abierta de un Gobierno agotado, carente de ideas y sobrepasado por la realidad. Bolivia no necesita complicidad con lo informal, sino un rumbo económico claro que devuelva la estabilidad a los hogares bolivianos.
De no atender los principales problemas del país, y además de manera muy seria y estructural, el gobierno podría enfrentar nuevas manifestaciones y marchas en los siguientes días o semanas; los llamados “sectores populares”, muchos de ellos dominados por la COB o corporaciones afines al MAS, están frotándose las manos para comenzar nuevamente a bloquear el ya flagelado país. Los peor de ese eventual escenario es que el principal afectado siempre es el boliviano que trabaja, es pacífico y tributa.