CPE, el ancla del desarrollo nacional

La Constitución Política del Estado promulgada en 2009 se ha consolidado a lo largo de los años como el principal obstáculo estructural para el desarrollo de Bolivia. Lejos de constituir un pacto social armónico y progresista que cohesione la nación, el texto constitucional se caracteriza por estar deficientemente redactado, adoleciendo de una alarmante falta de rigor técnico y de preocupantes contradicciones de fondo. Estas fisuras normativas, en lugar de dotar de certidumbre jurídica al país, generan una constante ambigüedad que desestabiliza las bases institucionales y debilita el principio de supremacía constitucional. Los especialistas saben que una Constitución así no es el reflejo de un contrato social.
Uno de los aspectos más regresivos del documento radica en cómo relativiza el concepto universal de ciudadanía. Al fragmentar los derechos e imponer un pluralismo jurídico desordenado, la Carta Magna crea categorías diferenciadas de ciudadanos, rompiendo con el principio fundamental de igualdad ante la ley, conquistado tras eventos luctuosos de los pueblos en el decurso de la historia. Esta división artificial debilita el sentido de pertenencia a una sola nación y erosiona la cohesión social, como ya lo preveían lúcidos politólogos como Jorge Lazarte. Asimismo, el texto constitucional ahoga la economía nacional al imponer rígidos candados, severas restricciones y un marcado sesgo ideológico en contra de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Al estatizar sectores estratégicos y criminalizar de forma indirecta el libre mercado, el marco legal vigente ahuyenta los capitales indispensables para la modernización tecnológica y la generación de empleo formal de calidad.
Todo esto está marcado por un fuerte espíritu ideológico y no pensando en las posibilidades reales que ello significaría para la patria.
Con esta Constitución, el diagnóstico para el futuro del país es categórico y libre de matices; mientras este texto constitucional no se modifique de manera estructural, volviendo a colocar la igualdad ante la ley como principio rector y otorgando facilidades a la inversión privada, Bolivia no progresará como podría. Ningún plan de reactivación económica o programa de gobierno será sostenible si se edifica sobre un cimiento legal que castiga el éxito empresarial y fragmenta los derechos civiles. La reforma integral de la Carta Magna no es una simple opción política o una demanda sectorial; representa una necesidad histórica inaplazable para liberar las fuerzas productivas y reencauzar la república hacia la modernidad, el crecimiento equitativo y la verdadera seguridad jurídica.
Así, las opciones de que la Ley de Inversiones prospere no son altas. El Parlamento tiene la tarea gigantesca e importante de comenzar a trabajar arduamente en la modificación de la Carta Magna, so pena de que en un tiempo Bolivia se quede sin dólares, sin gas, sin electricidad y sin futuro.