No es momento para hablar de posibles cambios en la CPE

Ante distintos planteamientos para la aprobación de una ley de necesidad de reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la senadora por Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), Claudia Mallón, aseguró que el escenario de alta conflictividad e inestabilidad política que se vive en el país impiden alcanzar los consensos necesarios para hablar de posibles reformas constitucionales.
“Creemos que este no es el escenario político adecuado, no es momento para hablar de reformas a la Constitución. Primero debemos ver el tema de las leyes estructurales porque la realidad que vive nuestro país es de alta conflictividad”, afirmó la senadora representante del departamento de Cochabamba.
Según Mallón, “todos somos Bolivia” y en ese marco, la decisión para hacer modificaciones parciales en el texto constitucional debe ser producto del diálogo y no de imposiciones unilaterales.
“No existen los consensos y para hablar de reformas a la Constitución Política del Estado debe haber consenso entre todos los sectores, organizaciones sociales, empresariado, Asamblea Legislativa, colegios de profesionales y otros, todos deben ser incluidos”, añadió.
El lunes, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, explicó que los trámites para proceder con una reforma parcial de la Constitución demorarían entre 5 y 10 años y los cambios estructurales que el Estado boliviano requiere en el contexto de la actual emergencia económica, exige respuestas de corto plazo.
“El país necesita respuestas a corto plazo. Si la secuencia demanda abrir la Constitución para recién atraer inversiones y plantearle soluciones a la población, yo creo que un país con más del 86% de informalidad, con esta urgencia por generar empleos y reactivar la economía, necesita soluciones a corto plazo”, dijo la autoridad.
Para Aramayo, el Órgano Ejecutivo tiene que ser responsable con el contexto y la realidad que enfrenta hoy el país, comenzando por la necesidad urgente de contar con inversiones para reactivar la economía mediante el ingreso de divisas y la generación de riqueza.
El ministro señaló que toda iniciativa para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional, como la del expresidente y actual líder de la organización Libre, Jorge Quiroga Ramírez, es respetable.
Sin embargo, dicho procedimiento exige ciertas condiciones, como la promulgación de una Ley de Necesidad de Reforma aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y el cumplimiento del trámite normativo correspondiente, un proceso que puede tomar de 5 a 10 años.
En ese sentido, Aramayo reiteró que Quiroga puede presentar una propuesta de reforma constitucional, siguiendo el conducto regular del Órgano Legislativo; asimismo, advirtió que “hay que ser ecuánimes con los tiempos y el contexto que vive el país”.
La autoridad gubernamental admitió que existen criterios que consideran fundamental, o casi una condición, reformar el Estado boliviano solo a partir de una modificación de la Constitución Política del Estado para viabilizar políticas. No obstante, reiteró que “el país necesita respuestas a corto plazo”.
Ante la propuesta de realizar cambios estructurales al Estado boliviano en el contexto de emergencia económica que sufre el país, pide al Gobierno dar respuestas de corto plazo, mientras que optar por el trámite de aprobación de una ley de necesidad de reforma a la Constitución Política del Estado demorará entre cinco a diez años.
“Lo que se ha hecho desde el gobierno del presidente Rodrigo Paz es plantear una ley de inversiones que a corto plazo atraiga capitales, que a corto plazo re dinamice la economía, que a corto plazo recupere confianza, que a corto plazo le dé predictibilidad al país”, sostuvo, al reiterar la línea de gestión gubernamental para apurar las reformas estructurales que permitan a Bolivia superar la crisis económica e institucional que heredó de los veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Al respecto, Mallón señaló que la postura de APB-Súmate es impulsar el debate por el federalismo; pero, sobre todo, enviar señales desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de que se trabaja con madurez política y coherencia.