La autoridad debe estar del lado de la ciudadanía, no de quienes atentan contra ella.
En una sociedad democrática, las autoridades elegidas mediante el voto popular tienen una responsabilidad fundamental: representar, proteger y defender los intereses de la población a la que sirven.
Esta responsabilidad no es únicamente legal e institucional. Es también ética y política. Quien asume un cargo público recibe la confianza de la ciudadanía y, con ella, el mandato de trabajar por el bienestar colectivo, especialmente cuando determinados conflictos afectan derechos fundamentales de la población.
Por ello, frente a períodos prolongados de bloqueos, confrontación y paralización de actividades, resulta legítimo formular una pregunta que no debería incomodar a ninguna autoridad:
¿Quién defiende a las víctimas? El Alto también tiene derecho a ser defendido.
El alcalde y los concejales de El Alto representan a todos los alteños, no solamente a un sector político, sindical, gremial o social. Su obligación, por tanto, debería ser escuchar y defender también a las familias que sufrieron las consecuencias de más de cincuenta días de bloqueos.
Durante ese período, según las denuncias y testimonios difundidos públicamente, se produjeron dificultades para la circulación, el abastecimiento, el acceso a alimentos y combustibles, el funcionamiento de actividades económicas y el traslado de personas que necesitaban atención médica o educativa.
Detrás de cada bloqueo no existen solamente cifras o estadísticas. Existen familias que no pudieron llegar a sus fuentes de trabajo, comerciantes que perdieron ingresos, transportistas afectados, estudiantes perjudicados y personas que tuvieron dificultades para trasladarse en situaciones de emergencia.
Por eso, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, una autoridad municipal debería preguntarse primero:
¿Qué hicieron las instituciones para defender a esas personas?
El caso Vicente Salazar y una preocupación ciudadana
La aprehensión del dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, volvió a poner esta cuestión en el centro del debate público.
El alcalde de El Alto, Eliser Roca, expresó públicamente su rechazo a la aprehensión y señaló: “Le dije al presidente: no persiga a mis dirigentes, no maltrate a mi pueblo alteño”.
Por su parte, la concejal Ángela Layme también cuestionó la aprehensión y pidió la liberación del dirigente, calificando la actuación estatal como una persecución contra dirigentes sociales.
Toda persona tiene derecho al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia. Estos principios son irrenunciables en un Estado democrático y constitucional de derecho.
Pero existe también otra pregunta igualmente legítima: ¿Dónde está la misma firmeza cuando se trata de defender a las personas que fueron afectadas por los bloqueos?
Una autoridad puede exigir garantías para una persona investigada y, simultáneamente, exigir que se investiguen las denuncias de agresiones, daños y perjuicios sufridos por la ciudadanía. Una cosa no debería excluir a la otra.
No existen ciudadanos de primera y de segunda
El problema aparece cuando la ciudadanía percibe que sus autoridades reaccionan con rapidez para defender a determinados dirigentes, pero guardan silencio frente al sufrimiento de las familias afectadas.
Las autoridades municipales fueron elegidas para representar a todos los alteños, no únicamente a quienes comparten una determinada posición política o sindical.
Si existen denuncias de personas heridas, vehículos apedreados, comercios afectados, daños a bienes públicos o privados, amenazas u otros hechos de violencia, corresponde que sean investigados por las instituciones competentes y que, si son establecidas responsabilidades, éstas sean determinadas conforme a la ley.
No corresponde a una autoridad municipal sustituir a la Fiscalía o a los tribunales. Pero sí corresponde que escuche a las víctimas, acompañe sus demandas y exija que las instituciones funcionen.
¿De qué lado debe estar la autoridad?
Una autoridad pública no puede permanecer indiferente cuando miles de ciudadanos resultan afectados por un conflicto.
Los alcaldes y concejales reciben sus remuneraciones de recursos públicos, cuya fuente última está vinculada a la actividad económica y a los aportes de la ciudadanía. Su mandato no consiste en convertirse en representantes de determinados dirigentes, sino en ejercer sus funciones en beneficio del conjunto de la población.
Por ello, cuando existen conflictos que afectan a una ciudad, la autoridad debería asumir una posición clara: defender los derechos de la ciudadanía, promover el diálogo y exigir que nadie quede por encima de la ley.
Defender el debido proceso de un dirigente no significa defender las acciones que se le atribuyen. Del mismo modo, exigir justicia para las víctimas no significa desconocer los derechos de las personas investigadas.
Esa es precisamente la diferencia entre justicia y parcialidad.
El derecho a protestar no puede convertirse en derecho a perjudicar
En democracia, la protesta social es un derecho que debe ser respetado. Las organizaciones sociales tienen derecho a expresar sus demandas y reclamar ante las autoridades.
Pero ningún derecho es una licencia para vulnerar los derechos de los demás.
La protesta no debería convertirse en bloqueo indefinido, agresión, destrucción de bienes, impedimento absoluto de circulación o afectación deliberada de servicios esenciales. Cuando una movilización termina perjudicando gravemente a la propia población, sus responsables también deben responder ante las instituciones correspondientes.
El Estado tiene la obligación de garantizar tanto el derecho a la protesta como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la libre circulación y a la seguridad.
Los derechos de unos no pueden ser utilizados para anular los derechos de otros.
Las víctimas también tienen voz
En El Alto existe una ciudadanía que muchas veces queda atrapada entre las disputas de dirigentes y autoridades.
Son los vecinos quienes pagan los costos de los conflictos prolongados. Son ellos quienes enfrentan el incremento de precios, la falta de transporte, las dificultades para conseguir combustible, las pérdidas económicas y la incertidumbre cotidiana.
Y, sin embargo, cuando termina el conflicto, pocas veces alguien pregunta: ¿Quién compensará a esas familias? ¿Quién responderá por sus pérdidas? ¿Quién investigará las agresiones? ¿Quién defenderá sus derechos?
La democracia no puede limitarse al momento de depositar el voto en una urna. También significa que los ciudadanos puedan exigir cuentas a quienes eligieron.
El Alto necesita autoridades para todos
El Alto necesita autoridades que no dividan a la población entre amigos y enemigos políticos.
Necesita autoridades capaces de dialogar con los dirigentes sociales, pero también de escuchar a los vecinos; de defender el derecho a la protesta, pero también el derecho al trabajo; de exigir garantías para los investigados, pero igualmente de reclamar verdad y justicia para las víctimas.
La autoridad que representa a todos no puede ser selectiva en la defensa de los derechos.
Si un dirigente es detenido, corresponde exigir que se respeten sus garantías constitucionales. Si una persona es agredida, corresponde exigir investigación. Si un ciudadano pierde su fuente de ingresos por un conflicto, corresponde escuchar su reclamo. Si un comercio o vehículo resulta dañado, corresponde investigar y establecer responsabilidades.
La justicia debe ser para todos
¿Quién defiende a las víctimas? Esta pregunta no pretende justificar abusos de poder ni negar los derechos de ningún dirigente. Tampoco pretende reemplazar las investigaciones que corresponden al Ministerio Público y al Órgano Judicial.
Pretende algo más elemental: que las víctimas también sean escuchadas.
Porque una democracia en la que las autoridades solamente levantan la voz por determinados dirigentes, mientras olvidan a quienes sufrieron las consecuencias de los conflictos, termina debilitando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Los alteños necesitan autoridades que estén del lado de la ciudad y de todos sus habitantes, que no sean instrumentos de confrontación, sino garantes de convivencia, que defiendan la protesta pacífica, pero rechacen la violencia, sobre todo que defiendan con firmeza los derechos de las víctimas. Y, que recuerden que el poder público no pertenece a los dirigentes: pertenece a la ciudadanía.
Recordemos que una autoridad democrática debe estar del lado de la ciudadanía, de la ley, de la paz social y de los derechos de todos. Y cuando existen víctimas, su obligación no es mirar hacia otro lado. Su obligación es defenderlas. Porque gobernar no es proteger a los poderosos ni quedar bien con los dirigentes. Gobernar es defender a la gente.
El autor es comunicador social.