El Tribunal Agroambiental pidió investigar y establecer responsabilidades por la muerte de un jaguar registrada el sábado en Guayaramerín, Beni, y ratificó la vigencia de las medidas cautelares dispuestas en 2025 para proteger a esta especie y su hábitat.
A través de un pronunciamiento público, la institución expresó su preocupación por el hecho y recordó que la conservación de la fauna silvestre y la biodiversidad constituye una obligación que involucra tanto al Estado como a la sociedad.
El Tribunal destacó que el jaguar (Panthera onca) posee un alto valor ecológico y cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas del país, por lo que cualquier hecho que afecte a esta especie requiere una respuesta de las instituciones competentes.
En ese marco, recordó que mediante la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, emitida el 23 de abril de 2025 dentro del expediente 6084/2025, correspondiente al caso de protección del jaguar y su hábitat, se establecieron medidas cautelares ambientales de carácter preventivo destinadas a preservar a la especie y los ecosistemas donde habita.
La instancia judicial señaló que la muerte de un ejemplar no debe ser considerada un hecho aislado ni ordinario, debido a que el jaguar cuenta con medidas específicas de protección dispuestas por la jurisdicción agroambiental.
Ante lo ocurrido en Guayaramerín, el Tribunal instó a las autoridades competentes a determinar las circunstancias en las que murió el animal, identificar posibles responsabilidades conforme a la normativa vigente y verificar si los mecanismos institucionales de atención y protección de fauna silvestre fueron activados oportunamente.
Asimismo, exhortó al Fiscal Departamental del Beni a continuar con las investigaciones y asumir las acciones necesarias para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.
El Tribunal Agroambiental reiteró que la protección del jaguar está directamente vinculada con la conservación de la biodiversidad boliviana y demandó el cumplimiento efectivo de las medidas destinadas a resguardar a esta especie.
DETENCIÓN PREVENTIVA
Al respecto, la Justicia determinó 60 días de detención preventiva para Andy Suárez Cuéllar, la única persona aprehendida hasta el momento dentro de una investigación por un caso de biocidio registrado y documentado en video.
Según el reporte, cuatro personas son investigadas por el hecho. La audiencia de medidas cautelares contra Suárez.
“El juez ha determinado la medida extrema de 60 días de privación de libertad, de detención preventiva, y no así los 180 días tal cual requirió en su oportunidad el Ministerio Público”, informó la defensa tras concluir la audiencia.
El juez consideró que ese periodo sería suficiente para desarrollar los actos investigativos pendientes.
Dentro del proceso se atribuyen de manera preliminar a Suárez los presuntos delitos de biocidio y portación ilícita de armas.
Durante la audiencia también se analizó una presunta trata ilegal de animales; sin embargo, según lo informado al concluir la cautelar, esta figura fue desvirtuada.
Un video que registró el ataque letal forma parte de los elementos utilizados dentro de la investigación, de acuerdo con el reporte.
Familiares del imputado rechazaron la determinación judicial y anunciaron que, junto con sus abogados, presentarán una apelación.
Una familiar sostuvo que buscarán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del animal y afirmó que, desde su perspectiva, también existía un riesgo para niños y otras personas que se encontraban en el lugar.
“Con mi abogado vamos a apelar y como familia vamos a quedarnos hasta aclarar el hecho”, manifestó.
La mujer señaló que no pretende justificar la muerte del animal, pero argumentó que este se encontraba en un espacio urbano y que existía preocupación por la seguridad de los vecinos.
“No quiero justificar y decir que está bien la muerte del tigre, pero la vida del ser humano tiene que prevalecer”, expresó.
El proceso continuará mientras se desarrollan las investigaciones destinadas a establecer las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades de las otras personas investigadas.