La inversión privada –extranjera y nacional– que tanto necesita el país no llegará si no están dadas las condiciones indispensables, como reglas claras, ley de inversiones, nuevo código minero, estabilidad y seguridad jurídica.
El gobierno dio el primer paso en esta dirección. Llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permitirá disponer de 1.900 millones de dólares, que coadyuvarán al desarrollo económico del país.
La firma de este importante acuerdo abre las puertas para que el país pueda obtener otros financiamientos de organismos como el BID y el Banco Mundial, que permitirán al gobierno financiar proyectos de desarrollo para Bolivia.
Entre los primeros efectos esperados del acuerdo está una mayor estabilidad del mercado cambiario nacional y una mejora en las expectativas económicas. Esto podría contribuir a mejorar la percepción internacional sobre la economía boliviana y crear condiciones más favorables para el crecimiento
Los empresarios consideramos que el FMI, con este aval otorgado al país, facilita la tarea de buscar inversionistas y nuevos préstamos, necesarios para la economía nacional.
A fines del mes pasado, David Espinoza, presidente del Banco Central de Bolivia, fue claro al afirmar que, con el respaldo del acuerdo con el FMI, el gobierno prevé movilizar préstamos con organismos internacionales, que serán suficientes para sostener la política cambiaria y reactivar el aparato productivo.
El gobierno estima que, gracias a este acuerdo, se podría llegar a un financiamiento total de unos 5.000 millones de dólares, monto más que suficiente para solventar toda la política cambiaria y la reactivación del aparato productivo nacional.
No podemos olvidar que la imagen internacional de Bolivia se vio seriamente afectada por una administración gubernamental. Durante las últimas dos décadas fueron adoptadas políticas, como las nacionalizaciones y otros cambios regulatorios, que deterioraron la confianza de una parte importante de los inversionistas. A esto se sumaron los 53 días de bloqueos de caminos que, prácticamente, paralizaron todo el comercio internacional del país, hace pocos meses.
Como empresarios sabemos cuán difícil es recuperar la confianza que se ha perdido. Es una tarea que va más allá del anuncio de buenas intenciones o de reformas legales. Debemos demostrar con hechos que sí estamos dispuestos a trabajar de la mano del inversionista, sancionando a todo aquel que pretenda coartar el libre tránsito.
Como empresarios sufrimos en carne propia muchos factores que debilitan la confianza y espantan la inversión. Así, podemos citar la falta de dólares, que es uno de los mayores frenos a los planes de inversiones. Si a esto añadimos la escasez de diésel, el problema se hace mayor.
Luego está la cada vez mayor reducción de la Inversión Extranjera Directa (IED), que según la CEPAL cayó a cifras netas negativas en gestiones pasadas.
El programa firmado con el FMI contempla una consolidación fiscal para reducir la deuda pública, fortalecer las instituciones encargadas de la administración de las finanzas del Estado y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, incrementar los recursos destinados a la protección social y así evitar que el ajuste recaiga sobre los sectores más vulnerables.
Otro de los ejes del acuerdo es la modernización del régimen monetario y cambiario, donde el FMI respalda el avance hacia un sistema cambiario más flexible, fortaleciendo la política monetaria para reconstruir las reservas internacionales y eliminar las distorsiones existentes en el mercado de divisas, que incluye reformas para fortalecer la supervisión del sistema financiero, adecuar la regulación bancaria a estándares internacionales, reforzar la lucha contra el lavado de dinero y mejorar el clima de negocios mediante medidas orientadas a aumentar la competitividad, la productividad, la inversión privada y la lucha contra la corrupción.
En consonancia con los compromisos con el FMI, el gobierno tiene entre los pilares básicos de su política económica, la nueva Ley de Inversiones que pondrá un «candado» a posibles futuras nacionalizaciones, disponiendo que cualquier político que intente expropiar una empresa necesite la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa.
Como dijo el ministro Gabriel Espinoza, también se buscará que, en caso de una expropiación autorizada, sean valorados los activos en toda su dimensión y que las disputas sobre inversiones sean resueltas en el ámbito internacional.
El autor es economista, Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).