El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que la lucha contra la inseguridad en las zonas fronterizas no puede limitarse al despliegue de efectivos, sino que debe ir acompañada de políticas de desarrollo económico, social y fortaleciendo la presencia del Estado.
Según la autoridad, la estrategia para enfrentar la criminalidad en las fronteras debe incorporar acciones de desarrollo integral que permitan reducir las condiciones que favorecen el accionar de organizaciones delictivas.
Justiniano además explicó que las regiones fronterizas que enfrentan mayores dificultades económicas y conflictos sociales suelen convertirse en escenarios propicios para el crecimiento de actividades ilícitas, por lo que consideró indispensable una intervención coordinada entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y otras instancias del Estado.
“Tenemos que ver cómo hacemos para que aquellas zonas que enfrentan pobreza económica o conflictos sociales puedan desarrollarse. Cuando una región permanece en esas condiciones, se convierte en un caldo de cultivo para la criminalidad. Por eso debemos coordinar entre los diferentes niveles del Estado para cambiar esa realidad”, aseveró.
En ese marco, señaló que el fortalecimiento de la presencia estatal en las fronteras también pasa por dotar a la Policía Boliviana de mejores condiciones para cumplir su labor, mediante la provisión de terrenos para infraestructura, establecimientos adecuados y equipamiento que permitan ampliar la cobertura institucional.
Justiniano indicó que estas acciones deberán coordinarse con las gobernaciones de los nueve departamentos, en el marco de una estrategia conjunta para consolidar la seguridad en las zonas limítrofes.
Las declaraciones complementan las realizadas en el marco de la reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, desarrollada el miércoles en la Casa de la Libertad de Sucre, cuando el ministro identificó a San Matías, en el departamento de Santa Cruz, como una de las fronteras que actualmente genera mayor preocupación por los problemas de seguridad. En esa oportunidad, ratificó que las Fuerzas Armadas respaldan a la Policía Boliviana en las regiones donde su presencia resulta necesaria e instó a conformar los Consejos Departamentales de Seguridad para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Para el ministro, la seguridad fronteriza requiere una respuesta integral que combine la presencia efectiva de las instituciones del Estado con políticas de desarrollo que generen mejores oportunidades para la población y reduzcan los factores que favorecen la delincuencia.
En las últimas semanas, localidades fronterizas de la región oriental del país y la propia capital cruceña han sido testigos de diez asesinatos violentos atribuidos al crimen organizado.
La tarde del miércoles, en el tercer anillo externo de la ciudad de Santa Cruz, a menos de 300 metros de la avenida Busch, un ciudadano extranjero fue acribillado en plena vía pública por un sujeto que llegó con un arma de fuego y disparó contra su humanidad varias veces para luego darse a la fuga.
Previamente, el pasado 29 de julio, un grupo armado irrumpió en una propiedad del municipio de San Matías y atacó con armas de fuego a las personas que se encontraban en el lugar, provocando la muerte de tres víctimas iniciales, a las que se sumó un cuarto fallecido que previamente había sido trasladado a un centro médico.
Un día después, el jueves 30 de julio, también en San Matías, el subteniente de la Policía, Yerson Salazar, fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego contra el vehículo en el que se encontraba provocando su muerte. En este caso, el cuerpo del efectivo había sido secuestrado y posteriormente hallado cerca de una de una pista clandestina de la zona.
El mismo día se reportó el hallazgo de dos cuerpos decapitados cerca de un camino ubicado a unos cinco kilómetros del área urbana de Yapacaní. Los cuerpos pertenecían a dos jóvenes de 25 y 22 años que, según pericias, fueron víctimas de tortura antes de ser decapitados.
La jornada del domingo 2 de agosto, se conoció que un hombre de nacionalidad brasileña fue abatido a tiros al interior de un local nocturno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde la Fiscalía confirmaron que se trataba de un extranjero de 36 años, mientras que la autopsia reveló que murió producto de siete impactos de bala.
El mismo día, en horas de la noche, en el municipio de San Ignacio de Velasco se reportó una balacera en un negocio de venta de comida donde un hombre, de profesión veterinario de 40 años, fue asesinado con 22 disparos de arma de fuego.
Todos los casos están siendo investigado por las diferentes unidades policiales con apoyo de la Fiscalía, mientras que los controles policiales se refuerzan en algunas zonas, luego de que desde el Ministerio de la Gobierno señalaran que existe una posible disputa en territorio nacional entre miembros del Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho de Brasil.
