Bolivia llega a sus 201 años de independencia en medio de una compleja situación económica y energética, marcada por la falta de divisas, el déficit fiscal, la caída de la producción de hidrocarburos, la debilidad de varias empresas públicas y el crecimiento de la informalidad laboral.
El analista de la Fundación Jubileo, René Martínez, sostuvo que una parte importante de los problemas actuales fue heredada de la anterior administración y advirtió que su solución no será inmediata. Según su evaluación, la recuperación del sector hidrocarburífero podría demandar al menos siete años, debido al tiempo requerido para atraer inversiones, explorar nuevos campos y elevar nuevamente la producción.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira está próximo a cumplir nueve meses de gestión. Sus primeras decisiones generaron expectativas favorables sobre una posible estabilización de la economía, pero diferentes problemas administrativos y sociales redujeron el efecto político de las medidas aplicadas.
Uno de los episodios que afectó la confianza fue la distribución de gasolina contaminada durante los primeros meses de 2026. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos reconoció el impacto ocasionado a miles de vehículos y atribuyó el problema a una combinación de fallas normativas, bajos niveles de almacenamiento, sedimentos acumulados en los tanques y la presencia de componentes inestables en la gasolina importada.
La crisis de calidad del combustible se produjo después de la eliminación de la subvención tradicional a los carburantes, una de las principales decisiones económicas de la nueva administración. Aunque la medida redujo inicialmente los incentivos para el contrabando y alivió parte de la presión fiscal, también provocó un fuerte incremento de precios y alimentó la conflictividad social.
Tras semanas de protestas, el país atravesó 53 días de bloqueos que afectaron el abastecimiento, el transporte y las actividades productivas en diferentes regiones.
El Gobierno decidió posteriormente mantener estables los precios de los combustibles hasta el 12 de enero de 2027, mediante el Decreto Supremo 5652. La disposición prolongó por seis meses el mecanismo vigente para evitar que las variaciones del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio se trasladen inmediatamente al consumidor.
Para el analista, Ernesto Bernal, esta decisión podría volver a generar diferencias entre los precios nacionales y los de los países vecinos, reactivando los incentivos para el contrabando. Sin embargo, reconoció que una nueva modificación de los precios, después de la reciente conflictividad, también podría provocar efectos sociales adversos.
Martínez afirmó que Bolivia debe avanzar hacia una economía diversificada y reducir su dependencia de la exportación de materias primas. No obstante, admitió que la industrialización y el desarrollo de productos manufacturados constituyen objetivos de largo plazo.
En el corto y mediano plazo, explicó, el país necesita generar dólares y recuperar los ingresos provenientes de las exportaciones. En ese escenario, la minería y los hidrocarburos continuarán desempeñando un papel importante mientras se consolidan nuevas actividades productivas.
El Gobierno anunció medidas orientadas a facilitar las inversiones, mejorar el comercio exterior, acceder a financiamiento internacional y promover un nuevo modelo económico. También comenzó a socializar proyectos normativos dirigidos a atraer capitales y fortalecer las exportaciones.
Martínez, Bernal y el analista Fernando Romero coincidieron, por separado, en que la reducción del déficit fiscal debió ser una de las primeras prioridades de la actual administración. También señalaron la necesidad de revisar, reestructurar o cerrar las empresas estatales que generan pérdidas permanentes.
Martínez cuestionó los ajustes ejecutados hasta el momento y consideró que todavía no existe una disminución estructural suficiente del gasto público.
“No hay un recorte verdadero del gasto; hay que corregirse cuanto antes”, afirmó al advertir que la solución de los desequilibrios fiscales fue postergada durante varios años.
El Gobierno sostiene, en contraste, que el Presupuesto General del Estado Reformulado 2026 permitirá reducir el déficit fiscal en más de seis puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. El Ministerio de Economía asegura que el ajuste se concentra en los gastos administrativos y no afecta los recursos destinados a salud, educación y seguridad.
La situación de las empresas estatales también incrementó las preocupaciones. Un informe de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública determinó que 15 compañías consideradas críticas comprometieron Bs 26.530,5 millones en créditos, aportes de capital y donaciones.
Esas 15 empresas acumularon pérdidas por Bs 5.177,1 millones, mientras que el conjunto de las compañías públicas registró pérdidas acumuladas de Bs 12.742,8 millones, según los datos oficiales correspondientes a 2025.
Bernal sostuvo que el Gobierno también debió gestionar con mayor anticipación el acceso a financiamiento externo y recién después avanzar en la flexibilización del tipo de cambio. Los analistas coincidieron en que la falta de liquidez y de divisas obliga al país a recurrir a organismos internacionales para estabilizar las cuentas públicas y fortalecer las reservas.
En el ámbito laboral, Romero estimó que el desempleo se encuentra alrededor del 4%, aunque advirtió que el indicador no refleja la magnitud de la informalidad. Bernal consideró que el desempleo efectivo podría alcanzar dos dígitos si se incorporan el subempleo, los ingresos insuficientes y las actividades de subsistencia.
Las ventas callejeras y el aumento del trabajo sin seguridad social muestran que una baja tasa oficial de desocupación no significa necesariamente que existan empleos estables y de calidad.
Bolivia conmemora su aniversario nacional entre las expectativas de recuperación promovidas por el Gobierno y las advertencias de los analistas, quienes reclaman decisiones más profundas para reducir el déficit, recuperar la producción energética, ordenar las empresas públicas, generar divisas y evitar que el costo del ajuste recaiga sobre los sectores más vulnerables.