La investigación contra el consultor argentino, Fernando Cerimedo, por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas suma nuevos elementos, entre ellos un testimonio sobre la compra de un predio valuado en $us 200.000 en Santa Cruz.
La declaración fue presentada ante el Ministerio Público el 21 de agosto y corresponde a L.V., quien intervino como intermediario en la operación. Según su testimonio, Cerimedo se trasladó hasta el predio, ubicado en Nueva Palestina, a unos 40 kilómetros del Urubó, para realizar una inspección antes de avanzar con la compra.
El declarante señaló que el precio acordado por el terreno fue de $us 200.000. La operación contemplaba un primer pago de $us 30.000 y posteriores desembolsos por Bs 100.000. Sin embargo, el vendedor habría quedado con un saldo pendiente superior a $us 30.000, por lo que la transacción no llegó a completarse.
De acuerdo con la declaración incorporada al expediente, la minuta fue suscrita en un bufete jurídico de Santa Cruz bajo la figura de “venta con representación sin mandato”. Para la operación se habría utilizado el pasaporte argentino de Cerimedo.
El trámite quedó posteriormente paralizado debido a la falta de documentación. Entre los requisitos pendientes estaban el Documento Nacional de Identidad y la certificación de flujo migratorio del consultor argentino.
El intermediario relató además que, en junio, se comunicó con Cerimedo para solicitarle la documentación que faltaba. Según su versión, el consultor le habría indicado que había coordinado directamente con una alta autoridad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para intentar viabilizar el trámite sin presentar los documentos exigidos.
Esta última afirmación forma parte del testimonio y deberá ser contrastada por la Fiscalía como parte de las diligencias destinadas a establecer las circunstancias de la operación y el origen de los recursos involucrados.
La compra del predio se incorpora a una investigación que busca determinar el origen y movimiento del patrimonio relacionado con Cerimedo. En los allanamientos realizados dentro de esta causa, los investigadores encontraron más de $us 40.000 en efectivo, además de otros elementos que ahora son sometidos a análisis.
El proceso investiga el presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y la legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía de La Paz también imputó a otras dos personas por delitos vinculados con la legitimación de ganancias ilícitas y el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, dentro de una investigación relacionada con Cerimedo.
La defensa del consultor sostiene que cuenta con actividades empresariales fuera de Bolivia que permitirían explicar sus ingresos. Su abogado, Ernesto Giraldes, afirmó que Cerimedo tiene empresas en Argentina y Estados Unidos y anunció que presentará documentación para acreditar el origen de sus recursos.
Según explicó el jurista, parte de esa documentación podría ser obtenida mediante mecanismos de cooperación internacional, a través de solicitudes dirigidas a las autoridades correspondientes.
Mientras la Fiscalía reúne documentación y declaraciones, la defensa también cuestiona algunos aspectos del proceso. Giraldes señaló que tiene conocimiento de tres investigaciones en Bolivia, aunque aseguró que Cerimedo solo fue notificado formalmente de dos de ellas. Una está relacionada con la tentativa de feminicidio y otra con violencia, mientras que la causa económica todavía no habría sido formalmente notificada a su cliente, según su versión.
A esta investigación se suma una causa abierta en Beni por una presunta “cobertura” a vuelos irregulares que estarían vinculados al tráfico de sustancias controladas. Esta línea constituye otro frente que involucra al consultor y que también se encuentra bajo investigación.
Cerimedo permanece detenido preventivamente en el penal de Palmasola por el proceso relacionado con el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller, ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz. La Justicia determinó una detención preventiva de 180 días mientras avanzan las investigaciones por tentativa de feminicidio, acusación que el consultor niega. (Con información de Unitel y Red Uno)