El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció que el Ministerio Público dará por concluidas progresivamente las investigaciones contra empresas exportadoras de madera en La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando, luego de que los análisis de laboratorio dieran negativo para cocaína, lo que permitirá a las compañías continuar sus actividades tras los perjuicios económicos ocasionados al sector exportador boliviano por el denominado caso Maderas.
La decisión fue comunicada ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que solicitó información sobre el avance de las investigaciones a raíz de los cuestionamientos surgidos por los cargamentos de madera boliviana.
Según explicó Urioste, las indagaciones comenzaron por iniciativa del Ministerio Público en los cuatro departamentos mencionados. Sin embargo, los análisis practicados en distintos laboratorios no detectaron cocaína en la madera examinada, por lo que la Fiscalía considera que no existen elementos para atribuir responsabilidad penal a las empresas involucradas.
“Como emergencia de esa información todos y cada uno de los casos se están cerrando de manera progresiva”, manifestó la autoridad al referirse al procedimiento que seguirá el Ministerio Público.
Para formalizar el cierre, las fiscalías correspondientes emitirán resoluciones de rechazo en cada uno de los casos, conforme a los resultados obtenidos y a las disposiciones legales aplicables. Con ello, las empresas podrán retomar sus actividades sin continuar sujetas a estos procesos, siempre que no existan otros impedimentos legales.
El anuncio se produce después de que el caso generara repercusiones en Chile, donde se reportaron sospechas sobre la posible presencia de droga en cargamentos de madera procedentes de Bolivia. La controversia afectó al sector forestal y exportador nacional debido a la retención de contenedores y a las operaciones comerciales que quedaron paralizadas.
De acuerdo con estimaciones difundidas por representantes empresariales, las pérdidas económicas por los contenedores retenidos alcanzaban aproximadamente los 10 millones de dólares, mientras que las exportaciones que dejaron de concretarse representaban otros 16 millones de dólares hasta junio.
El caso también motivó pronunciamientos políticos en Bolivia. El expresidente Jorge Tuto Quiroga había pedido a las autoridades chilenas esclarecer las denuncias y determinar si existían pruebas que respaldaran las sospechas sobre los cargamentos. Asimismo, planteó la necesidad de establecer responsabilidades y eventuales compensaciones si se identificaban irregularidades.
Con los resultados negativos de las pericias, el Ministerio Público avanzará ahora con el cierre progresivo de las investigaciones iniciadas en el país, mientras el impacto económico de la controversia continúa siendo una de las principales preocupaciones para el sector exportador de madera. (EL DIARIO y agencias)