La comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó la comercialización de gasolina de mala calidad atribuyó al exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, una posible responsabilidad por autorizar la distribución de combustible almacenado en cinco tanques, sin que previamente se completaran los controles técnicos correspondientes.
El diputado, Carlos Alarcón, informó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) había dispuesto el precintado de los depósitos ante las sospechas de que contenían gasolina desestabilizada. Sin embargo, una resolución emitida por el Ministerio de Hidrocarburos autorizó su reapertura y la posterior distribución del producto para garantizar el abastecimiento del mercado interno.
De acuerdo con el informe legislativo, la medida fue adoptada mediante la Resolución Ministerial 041/2026, del 3 de marzo de 2026. La comisión sostiene que el combustible fue liberado sin que se realizara previamente una verificación completa de su calidad.
La investigación comprende operaciones efectuadas entre octubre de 2025 y enero de 2026, periodo que abarca decisiones asumidas durante dos administraciones gubernamentales y las gestiones de Armin Dorgathen y Yussef Akly al frente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El documento también identifica posibles responsabilidades del expresidente Luis Arce y del exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo. Según la comisión, dos decretos supremos habrían flexibilizado las condiciones para la internación de carburantes y creado un marco que permitió el ingreso de gasolina sin todos los parámetros técnicos necesarios para certificar su calidad.
Entre los principales hallazgos se menciona que 12 de 20 operaciones de importación efectuadas bajo el argumento de urgencia no contaban oportunamente con los certificados y controles respectivos. La comisión también observó que algunas empresas certificadoras omitieron datos esenciales para evaluar la composición del combustible.
Los documentos analizados no incluían información completa sobre elementos como el contenido de agua, sedimentos, plomo, manganeso, oxígeno, olefinas y gomas. Aunque las pruebas básicas indicaban inicialmente que el producto cumplía las especificaciones, análisis posteriores detectaron concentraciones de goma superiores a los límites permitidos.
Alarcón señaló que en algunas muestras también se identificaron cantidades elevadas de etanol. Estas anomalías, según la investigación, habrían afectado la estabilidad del carburante distribuido en diferentes regiones del país.
La comisión legislativa fue conformada en febrero con 11 integrantes y recibió un plazo de 120 días para investigar presuntas irregularidades en la importación, almacenamiento y comercialización de combustibles. Su creación respondió a las denuncias de conductores, transportistas y mecánicos sobre fallas en vehículos presuntamente vinculadas con la gasolina expendida en el mercado nacional.
El informe final supera las 1.600 páginas y deberá ser presentado y aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados antes de ser remitido al Ministerio Público. Por tanto, sus conclusiones constituyen señalamientos preliminares y no establecen responsabilidades penales definitivas, las cuales deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.
Medinaceli negó anteriormente haber autorizado la compra o importación del combustible investigado. La exautoridad sostuvo que las operaciones corresponden a YPFB y que la fiscalización de la calidad está bajo responsabilidad de la ANH. También manifestó su disposición de colaborar con las investigaciones.