Desidia gubernamental ante el fuego en Tarija

La recurrencia de los incendios forestales en Bolivia ha dejado de ser una tragedia estacional para convertirse en un síntoma crónico de la negligencia estatal. En esta época, el departamento afectado es Tarija. Año tras año, las serranías de la Reserva de Sama y los bosques del Gran Chaco arden ante la mirada de una población civil que asume, con baldes de agua y herramientas precarias, el rol que le corresponde a un Estado de brazos cortos. Lo que se vive en el sur de Bolivia no es un desastre natural inevitable, sino la consecuencia de la inacción gubernamental para la prevención, la falta crónica de equipamiento y una desidia institucional que degrada el patrimonio ecológico de Bolivia.
Los bomberos voluntarios y los comunarios arriesgan sus vidas en la primera línea de fuego, desprovistos de trajes ignífugos, herramientas tecnológicas y apoyo logístico elemental. Es una afrenta que, en el Siglo XXI, la defensa de nuestros ecosistemas estratégicos dependa de la caridad pública y del heroísmo civil, ante la incapacidad de las autoridades para dotar de presupuesto e infraestructura aérea y terrestre a los cuerpos de rescate.
Esta crisis se alimenta, además, de una impunidad estructural. La legislación boliviana continúa siendo laxa con los responsables directos del ecocidio y las sanciones hacia quienes practican el chaqueo ilegal y las quemas no autorizadas son irrisorias o, en la práctica, inexistentes. Al proteger intereses sectarios bajo el manto de la expansión agrícola descontrolada, el poder político se vuelve cómplice del desastre. La falta de castigos penales severos y ejemplares para los chaqueadores no hace más que legitimar el fuego como herramienta de despojo y destrucción, hipotecando el futuro ambiental a cambio de beneficios crematísticos. En Bolivia se debe pensar seriamente en cambiar el modelo productivo; replantear la forma de producir no debe significar renunciar al desarrollo, sino construir un futuro en el que la gente pueda coexistir con la naturaleza.
Por otra parte, es imperativo entender que la catástrofe de Tarija no es un problema doméstico. Las quemas persistentes en Bolivia son una amenaza regional que exige la atención inmediata de las naciones vecinas. El humo, las partículas contaminantes y las secuelas climáticas no respetan límites fronterizos, controles migratorios ni soberanías aduaneras. La contaminación del aire afecta la salud pública, la navegación aérea y el equilibrio ambiental de Argentina y Paraguay de forma directa. La degradación de las cuencas hidrográficas compartidas y la pérdida de sumideros de carbono deterioran el tejido climático de todo el Cono Sur. En este sentido, Brasil, Paraguay y Argentina también deberían pronunciarse, sobre todo en el caso de que los incendios no cesen en el país.
Bolivia no puede seguir gestionando sus desastres ambientales desde la indiferencia y el cortoplacismo. Romper el ciclo de las cenizas exige una reestructuración de las políticas de fiscalización, inversión real en sistemas de mitigación y la aplicación inflexible de la ley contra los depredadores del bosque. El fuego avanza y la credibilidad de las autoridades ambientales ya se ha consumido.