La mediocridad del Parlamento boliviano

La Asamblea Legislativa Plurinacional se ha convertido en el reflejo de la decadencia institucional de Bolivia. Lejos de ser el epicentro del debate ideológico, la concertación de leyes o la fiscalización del poder, el Parlamento actual arrastra el prestigio del Estado por los suelos. Hoy en día, ocupar un curul no es sinónimo de vocación de servicio ni de idoneidad intelectual; representa, para la inmensa mayoría de sus integrantes, haber ganado la lotería del parasitismo estatal a costa del bolsillo ciudadano.
La vida de un parlamentario promedio transcurre en una burbuja de privilegios irritantes. Tienen asegurado un salario de nivel ejecutivo durante cinco años exactos, blindado contra cualquier crisis económica que asfixie al país. A esto se suman viáticos suntuosos, vehículos oficiales a disposición, presupuestos para asesores personales —muchas veces contratados por clientelismo político— y una inmunidad procesal que con frecuencia se confunde con impunidad para encubrir faltas personales o delitos.
Mientras el país asiste estupefacto a la degradación total del debate, la mediocridad se ha normalizado en el hemiciclo. Las sesiones legislativas, televisadas o filtradas en redes sociales, exponen un espectáculo ridículo: legisladores que faltan sin justificación real, otros que asisten solo para marcar asistencia y quedarse dormidos en plena sesión, y bancadas enteras incapaces de articular un argumento jurídico o económico coherente. Las discusiones de fondo han sido sustituidas por insultos vulgares, agresiones físicas, puñetazos y un griterío estridente que reduce la labor legislativa al nivel de un altercado callejero.
Esta realidad resulta profundamente inmoral cuando se la contrasta con el día a día de la Bolivia productiva. Mientras un legislador mediocre recibe decenas de miles de bolivianos al mes por levantar la mano o sestear en su asiento, los pequeños productores, los artesanos, los gremiales y los jóvenes emprendedores deben sudar el día a día en las calles. El ciudadano común trabaja duras jornadas, asume riesgos financieros, lidia con la burocracia estatal y la falta de dólares y produce riqueza sin ninguna red de seguridad. El Estado castiga al que produce con impuestos y trabas, pero premia al zángano político con una comodidad insultante.
El Parlamento boliviano necesita una reforma estructural urgente que ligue el salario al rendimiento productivo y que elimine los privilegios medievales de los que gozan. No podemos seguir financiando la buena vida de quienes han convertido el Palacio Legislativo en un refugio de la ociosidad. Un país que aspira a salir de la crisis no puede permitirse mantener a un nido de flojos que legislan de espaldas al pueblo que trabaja.