El impostergable juicio por el Hotel Las Américas

La reciente decisión del Ministerio Público de formalizar la proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales Ayma y su exvicepresidente Álvaro García Linera por los hechos del Hotel Las Américas abre un capítulo ineludible para la memoria, la justicia y la sanidad institucional de Bolivia. Tuvo que pasar más de una década, marcada por el encubrimiento político, el amedrentamiento estatal y la manipulación judicial, para que las estructuras del Estado finalmente activen los engranajes de un potencial juicio de responsabilidades por los delitos de asesinato, vejaciones y torturas cometidos en la fatídica madrugada del 16 de abril de 2009.
Este caso no es un asunto menor, ni puede ser minimizado como una simple reyerta partidaria dentro de la coyuntura política actual; se trata de una de las páginas más oscuras, violentas y autoritarias de la historia política boliviana, comparable a la de las matanzas de Plácido Yáñez, del Siglo XIX, o la de los fusilamientos de Chuspipata, de 1944. Las ejecuciones del Hotel Las Américas fueron parte de un operativo policial y militar ejecutado con precisión quirúrgica que desarticuló una supuesta célula terrorista extranjera, pero lo hizo a costa de violar de forma flagrante y sistemática las garantías procesales y los derechos humanos más elementales.
La pertinencia y la urgencia de esta investigación penal no admiten más dilaciones ni cálculos electorales. Las conclusiones emitidas en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son taxativas al determinar que el Estado boliviano incurrió en ejecuciones extrajudiciales y detenciones ilegales, obligando al país a procesar internamente a los autores intelectuales y materiales para evitar una inminente y vergonzosa condena internacional en la Corte de San José. El propio Evo Morales, en un arrebato de sinceridad —insólita en él— televisada desde Caracas horas después del asalto, reconoció públicamente haber dejado instrucciones precisas y directas para la intervención armada en el hotel cruceño.
El desgastado argumento de la defensa de la patria contra el separatismo o el complot internacional no puede seguir siendo un cheque en blanco utilizado para justificar el crimen de Estado. La justicia boliviana, hoy sumida en el peor descrédito de su historia debido a la corrupción y la sumisión política, tiene ante sí la oportunidad de demostrar que nadie, por más poderoso o mesiánico que se crea, está por encima de la ley. Es imperativo esclarecer de una vez por todas si el poder civil ordenó acribillar a ciudadanos en sus habitaciones para edificar sobre sus cadáveres una narrativa de persecución que sirvió para descabezar y aterrorizar a la oposición cívica de la época. El país civilizado merece la verdad jurídica, no la impunidad perpetua de sus antiguos caudillos. El esclarecimiento de los hechos sería un paso clave en la restauración de la democracia y la justicia bolivianas, tan desacreditadas sobre todo en las épocas del llamado “Proceso de Cambio”.