Hay una frase que repetimos con resignación cada vez que estalla un nuevo escándalo político en el país: «para entrar hay que pagar». Lo expresamos como si se tratara de una fatalidad inevitable, cuando en realidad describe una práctica corrupta que involucra a autoridades de gobierno, parlamentarios, asambleístas departamentales, concejales municipales y otros, instalándose como un mecanismo normalizado de acceso al empleo público.
La imagen que muchas autoridades proyectan hacia la opinión pública es la de gestores solidarios que supuestamente ayudan a una persona (que podría ser su pariente) o a un correligionario a conseguir un empleo, sin embargo, las denuncias recientes demuestran que esa presunta ayuda jamás es gratuita ni desinteresada. Un caso documentado expuso a dos diputados del Partido Demócrata Cristiano, denunciados por una ciudadana tras haberle exigido una fuerte suma de dinero a cambio de garantizar un puesto a su esposo en entidades estatales, devolviendo los fondos únicamente cuando el ilícito se tornó público (Urgente.bo, 2026).
Un patrón similar, aunque operado en una escala mucho mayor, fue destapado en la Gobernación de La Paz, donde asambleístas departamentales intervinieron una oficina clandestina ubicada dentro de las instalaciones del Servicio Departamental de Salud (SEDES), hallando cajas con dinero en efectivo, planillas de cobro y bases de datos con cientos de funcionarios que aportaban mensualmente para retener sus puestos. Ambos episodios responden a un guion idéntico: el cargo público deja de ser un derecho conquistado por el mérito profesional para transformarse en una mercancía con precio fijo, plazos y compradores cautivos.
Lo llamativo de este fenómeno es que no ocurre en un vacío normativo, ya que la Constitución Política del Estado prohíbe de manera expresa la designación de personas con parentesco consanguíneo o de afinidad con la autoridad nominadora, restricciones respaldadas por la Ley del Estatuto del Funcionario Público y el Código Penal. El problema, no radica en la inexistencia de leyes contra el nepotismo o el tráfico de influencias, sino en la distancia que separa la norma escrita de la práctica cotidiana del poder político.
En la ciencia política, esta brecha estructural se denomina prebendalismo, un esquema en el cual los recursos y cargos del Estado son repartidos como recompensas personales o políticas, sustituyendo los procedimientos impersonales por lealtades clientelares. Este comportamiento no pertenece a un único color partidario ni a una coyuntura aislada, pues diversos analistas coinciden en que el clientelismo ha atravesado regímenes de distinta índole, adaptándose sin desaparecer jamás por completo.
Aquí se encuentra el punto: cuando una persona desembolsa dinero para ingresar a la administración pública, la lógica económica indica que su objetivo inmediato será recuperar esa inversión, ese servidor público ya no ingresa con vocación de servicio a la ciudadanía, sino con la urgencia de amortizar su «costo de entrada», recurriendo a las mismas prácticas de extorsión y cobro irregular que experimentó al postularse.
El caso del SEDES paceño ilustra con crudeza esta patología institucional, donde los cobros no constituían un hecho aislado, sino una cuota mensual distribuida piramidalmente en la cadena de mando (Unitel, 2025). La corrupción, bajo este modelo degradado, deja de ser una excepción del sistema para convertirse en su forma permanente y previsible de funcionamiento operativo cotidiano.
No obstante, hay que reconocer que la sociedad civil también forma parte del problema y no solo de las víctimas, pues la responsabilidad no recae solo en los operadores que cobran, sino también en quienes, desesperados por obtener un empleo o un favor político, aceptan pagar sin vacilar y normalizan el mecanismo mediante el silencio cómplice.
Cada vez que se decide abonar una coima en lugar de acudir a las instancias legales, consolida la creencia colectiva de que ese es el precio de la burocracia, alimentando la misma ciénaga de ilegalidad que después se lamenta. Romper este círculo vicioso requiere de una acción simultánea en dos frentes: por un lado, que los órganos de control apliquen las sanciones contra el tráfico de influencias; por otro, que la ciudadanía deje de asumir los cobros como un trámite corriente y los denuncie sin reservas.
Ninguna reforma prosperará mientras la impunidad siga premiando la complicidad y el temor a denunciar; la tolerancia social hacia la prebenda destruye los cimientos éticos de la administración del Estado y condena a las instituciones a una permanente precariedad moral y funcional.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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