Hace un tiempo, en la ciudad de Tarija, unos visitantes europeos habían arribado para hacer algunas filmaciones, pero les robaron todo su equipo, evaluado en siete mil dólares. De Inmediato denunciaron el hecho a la policía, indicándoles en la zona en que estaban los equipos, pues éstos tenían un mecanismo (chips) que señalaba la distancia. Pero extrañamente para los extranjeros, la Policía nada hizo hasta pasadas las 48 horas, tiempo en el que las señales se apagaron.
Ante su protesta y reclamo, fueron entrevistados por un comunicador que les preguntó si habían pagado a la policía, a lo que le respondieron que no, pues estimaban que ésta debería cumplir con su trabajo. Al final de la entrevista uno de los visitantes declaró: “Nada funciona aquí en Bolivia, no sé cómo hacen ustedes”.
La respuesta final del visitante extranjero, resume el lamentable estado de la situación en la que se encuentran las instituciones públicas del Estado, pues como nos enseña la Filosofía Política, el Estado es la Institución de Instituciones públicas y privadas. Las primeras son las que dependen exclusivamente del Estado y tienen como finalidad hacer posible que éste cumpla su principal función, la de servir a la población, a los individuos que transitoriamente, puedan estar en el país, de ejercer el gobierno, por supuesto dentro de la ley.
Cuando el visitante europeo dijo que nada funciona en Bolivia, por supuesto hizo referencia al funcionamiento de las instituciones, en cumplimiento de las normas legales y éticas. Prueba de ello es que, en consultas de opinión sobre la credibilidad en las instituciones, la mayoría no cree en las principales instituciones públicas, como la justicia, la policía y las de orden político. En general, si examinamos las normas fundamentales que rigen la vida de nuestra sociedad, a partir de la Constitución Política, concluimos que ninguna, en rigor de lo establecido en la norma, cumple a cabalidad sus fines y funciones.
La experiencia de los visitantes en Tarija, es lo que nos sucede a los ciudadanos cotidianamente, cuando acudimos al aparato administrativo del Estado, para demandar justicia, seguridad a la policía, pago de impuestos, trámites sobre propiedad de bienes y en toda gestión que por derecho nos asiste. De tal manera que los habitantes estamos en una situación de “indefensión” ante los atentados contra nuestros derechos por otros individuos o por el mecanismo de administración del Estado.
El exceso de normas y procedimientos para todo trámite, no solo agobia a los ciudadanos, sino que resulta un mecanismo para la corrupción, pues es tan grande la lista de requisitos que son exigidos, que al presentar cualquier solicitud, ésta es rechazada, teniendo muchos que acudir a los tramitadores, que en breve tiempo solucionan las observaciones, previo, por supuesto, el pago de una suma de dinero. En numerosos casos, como sucedía en el anterior régimen de gobierno populista, si algún ciudadano estaba en la “lista negra”, elaborada por los mecanismos de represión política, sus trámites estaban destinados a sufrir ese tipo de represión, en todo el aparato del Estado.
Una de las tareas urgentes del gobierno elegido por el voto popular en noviembre pasado, es restituir la funcionalidad legal de las instituciones del Estado, de tal manera que éstas cumplan sus finalidades de servir a la población, y no de someterla a un régimen de excesos, corrupción y sometimiento a caprichosos procedimientos burocráticos.
Una buena gestión de gobierno, debe estar basada en el cumplimiento de las normas, y en la calidad ética de los empleados y funcionarios, que deben ser seleccionados por sus méritos y moralidad.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.