Bajo resguardo policial, el dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, fue sacado anoche de celdas policiales y trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde deberá cumplir seis meses de detención preventiva.
La medida fue dispuesta por una autoridad judicial de La Paz, en el marco de la investigación abierta por los bloqueos de caminos que se prolongaron por más de 50 días y afectaron a distintas regiones del país.
Durante la audiencia cautelar, el juez determinó que Salazar permanezca recluido mientras el Ministerio Público desarrolla la etapa preparatoria del proceso. La Fiscalía lo imputó por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
El caso fue activado a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, relacionada con las movilizaciones y cortes de ruta registrados entre mayo y junio. Según la comisión de fiscales, existen elementos que vincularían al dirigente con la organización de las medidas de presión.
El Ministerio Público también sostuvo que en el caso concurren riesgos procesales de fuga y obstaculización, argumentos con los que solicitó la detención preventiva por seis meses.
La defensa de Salazar rechazó la solicitud fiscal y cuestionó la legalidad de la aprehensión. Su abogado, René Salazar, presentó documentación para acreditar domicilio, arraigo y actividad laboral, con el propósito de desvirtuar los riesgos señalados por la Fiscalía y lograr que su defendido asuma defensa en libertad.
Sin embargo, tras valorar los elementos expuestos por las partes, la autoridad jurisdiccional resolvió enviar al dirigente al recinto penitenciario de Chonchocoro.
Salazar fue aprehendido el pasado sábado en la ciudad de El Alto y posteriormente llevado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde permaneció hasta la instalación de su audiencia de medidas cautelares.
Las investigaciones continuarán para establecer el grado de participación del dirigente en los bloqueos, que provocaron interrupciones en carreteras, dificultades de abastecimiento y perjuicios al transporte y a diferentes sectores productivos.