Después de más de cincuenta días de violentas marchas de protesta y salvajes bloqueos de caminos, ha llegado un tiempo de tranquilidad para la mayoría de la población afectada por tales medidas de presión. Particularmente ha sido perjudicada la ciudad de La Paz, con frecuencia centro de convulsión social por ser la sede de gobierno y a donde convergen grupos sociales para hacer conocer una variedad de demandas, algunas legítimas y otras de indiscutible motivación político partidaria.
Pero cuando llega el momento de analizar las consecuencias de las recientes medidas de presión, surge una discusión encendida entre los que ahora fungen como opositores, es decir sectores sociales liderados por una desprestigiada COB, y funcionarios del gobierno nacional. En ambos bandos, inicialmente no se observa autocrítica y cada uno trata de convencer que estaban en el camino correcto. Por una parte, los cobistas, que cambiaron varias veces de demandas, hasta llegar solo a pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, aducen que sus marchas y bloqueos de carreteras se debieron a que el primer mandatario no ha cumplido con lo que ofreció en campaña electoral. Mientras que los oficialistas arguyen que han dado preferencia al diálogo para evitar que enfrentamientos entre fuerzas del orden y sediciosos hubieran ocasionado muertes, lo que hubiese sido aprovechado por radicales opositores, ansiosos de que retorne Evo Morales al poder.
No obstante, olvidan que como resultado de la confrontación entre los ahora opositores y los oficialistas, una mayoría de la población ha sido afectada, durante casi dos meses. Y es que los daños económicos a sectores productivos, importadores, exportadores, transportistas y hasta a campesinos que han migrado a las ciudades es enorme. Inclusive hubo muertes en las carreteras, por la detención arbitraria de motorizados durante los bloqueos, por la negativa de bloqueadores a que pasen inclusive ambulancias con gente que necesitaba con urgencia atención médica.
Por todo eso y mucho más, nada justifica tales execrables medidas de presión y la tardanza gubernamental para dictar el estado de excepción, para que la población vuelva a sus actividades que ahora son de subsistencia, debido a la crisis económica, política y social dejada por los nefastos gobiernos del MAS que estuvieron en el poder durante veinte años. En consecuencia, que dirigentes cobistas se limiten a pedir disculpas por las decisiones que tomaron y argumentar que no se ha comprendido que solo buscaban el bienestar general, solo causa la ira popular. Tampoco debería reinar el conformismo con la lentitud mostrada por el gobierno frente a la reciente convulsión social.
Por ello es urgente procesar a los autores intelectuales y materiales de los despreciables bloqueos de vías y los hechos de violencia en los que ha incurrido gente radical, en su mayoría adepta al MAS. Siempre se debería velar por el respeto a derechos como a la vida, al trabajo y al libre tránsito, así como evitar las pérdidas de empleos y mercados ganados con esfuerzo en el exterior. Finalmente, que en pleno Siglo XXI se siga usando medios de lucha anacrónicos, como las mencionadas medidas de presión, refleja la mediocridad de la actual dirigencia sindical.