Existe una contradicción que los bolivianos rara vez enfrentamos con honestidad: condenamos la corrupción en el discurso, pero la alimentamos en la práctica, en el momento en que un ciudadano paga para agilizar un trámite o evitar una sanción, deja de ser una víctima para transformarse en un engranaje del sistema. Esta complicidad cotidiana no minimiza la gravedad de los desfalcos millonarios en las altas esferas, pero revela una verdad incómoda: la corrupción no es solo un problema de élites deshonestas, sino una patología con raíces profundas que ha contaminado la cultura y las instituciones, exigiendo una transformación que comience en el comportamiento individual.
La corrupción no nace como sistema, sino que se construye mediante la acumulación de prácticas que, por su repetición, dejan de ser desviaciones para volverse normas aceptadas. Este proceso de normalización es el más peligroso, pues deteriora las referencias éticas sin que medie una decisión explicita. En este tiempo la corrupción se ha convertido en una constante que sobrevive a los ciclos políticos; Klitgaard (1988) planteó que la corrupción equivale al monopolio más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas; sin embargo, en el nuestro, esta ecuación se completa con una demanda social activa: cada soborno para acelerar un proceso es una pieza que mantiene el mercado de la ilegalidad en funcionamiento.
Esta dinámica convierte al servicio público en una mercancía y al funcionario en un vendedor. Sandel (2012) advierte que, cuando los actos corruptos son frecuentes, pierden su carga moral y se asumen como transacciones de conveniencia mutua, a esto se suma el peso del silencio, muy pocos son los que denuncian formalmente. Este colapso de la cultura de la denuncia es el síntoma definitivo de un sistema que ha logrado imponer la impunidad a través del miedo, la indiferencia o la convicción de que el esfuerzo por la justicia es, en última instancia, inútil.
Para entender mejor el panorama, es ineludible analizar las últimas dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Este periodo dejó una herencia institucional compleja, caracterizada por la captura del Órgano Judicial y la politización de entidades de control como la Contraloría y el Ministerio Público. Como han señalado organismos como la CIDH (2023), la designación de militantes en cargos clave y la falta de transparencia en contrataciones estatales instalaron una cultura de impunidad que no se desvanece con un simple relevo de autoridades, sino que requiere una reingeniería profunda del Estado.
Acemoglu y Robinson (2012) explican que las instituciones extractivas (diseñadas para concentrar riqueza y poder en una élite) poseen una inercia poderosa, quienes se benefician del desorden institucional tienen todos los incentivos para resistir el cambio. Se enfrenta hoy el desafío de romper esta inercia que no solo afecta al erario, sino al capital social.
Los costos de este sistema son devastadores y cuantificables. El Banco Mundial (2023) estima que la corrupción drena aproximadamente el 2% del PIB anual en países en desarrollo; en Bolivia, esto equivale a miles de millones que nunca llegan a salud, educación o infraestructura. El PNUD (2023) subraya que la corrupción distorsiona la asignación de recursos y desincentiva la inversión privada, hipotecando el crecimiento sostenible. El daño no reside solo en el dinero sustraído, sino en «lo que nunca fue«: la escuela sin materiales o la carretera que jamás conectó al productor con el mercado.
Superar este escenario requiere que la transparencia deje de ser un lema publicitario para convertirse en el eje de la identidad ciudadana, sin embargo, esta transformación cultural es un proceso lento que debe competir contra décadas de pragmatismo ético y resignación social. La experiencia comparada en países como Dinamarca o Finlandia muestra que las sociedades transparentes no son solo las que tienen leyes más duras, sino aquellas donde denunciar es un deber cívico legitimado.
Desde la perspectiva del desarrollo moral de Kohlberg (1992), los valores no se aprenden en abstracto, sino a través del modelaje y la experiencia, una sociedad que aspire a la integridad debe enseñar en sus escuelas y familias que el soborno no es una solución «práctica», sino un ataque al bien común. Sin embargo, este cambio de mentalidad debe ser respaldado por reformas institucionales que generen temor a la sanción, la OCDE (2023) identifica cuatro pilares esenciales: independencia judicial, órganos de auditoría autónomos, transparencia proactiva y protección robusta a periodistas y denunciantes.
Estas condiciones están debilitadas en el país, el fortalecimiento de estos pilares debería ser una agenda de Estado que genere consenso entre todas las fuerzas políticas; que ese acuerdo sea inexistente (o saboteado en la práctica) evidencia la falta de voluntad real para combatir el mal sistémico. La impunidad es hoy tan previsible que funciona como un incentivo para el delito. Sin un sistema judicial que actúe con independencia del poder ejecutivo, cualquier intento de reforma será percibido por la ciudadanía como una farsa o una persecución política selectiva.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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