El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 modificado, plantea en el artículo 7, un plazo de 30 días para conocer en detalle el estado de las empresas públicas, que será realizada por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y determinar su continuidad, reorganización, disolución o liquidación.
La fecha correría a partir de la promulgación de la ley del PGE 2026, las modificaciones pasaron al Senado, luego de haber sido aprobadas el proyecto en detalle y en grande en la Cámara de Diputados, la madrugada de ayer.
El análisis terminado deberá pasar al Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep) y emitirá una resolución disponiendo su aprobación y remisión al Ministerio responsable del sector o pedir la complementación y devolver a la OFEP o rechazar y devolverlo a la OFEP.
“Recibida la Resolución de aprobación del Coseep, el Ministerio responsable del sector previa evaluación, podrá gestionar el Decreto Supremo o Ley según corresponda al rango normativo de creación de la Empresa Pública, mismo que definirá la instancia liquidadora que corresponda”, indica la propuesta de modificación del PGE.
En al acápite IV, la propuesta señala que los Ministerios responsables del sector de las Empresas Públicas sujetas a reorganización, disolución y/o liquidación, remitirán la información pertinente a las instancias competentes a fin de que se determinen las responsabilidades que pudieran emerger por acciones u omisiones atribuibles a gestiones anteriores, en relación a pasivos heredados u otros, en el marco de lo establecido en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
Finalmente, el inciso V, sostiene que el tratamiento de las garantías del Tesoro General de la Nación (TGN) otorgadas por mandato de leyes financiales a favor de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas que resultaren en su disolución y/o liquidación, no se resolverán o ejecutarán fuera del proceso de liquidación, debiendo estas garantías cubrir en última instancia los pasivos de dichas empresas, previa conciliación con el TGN.
Datos
De 67 empresas estatales creadas en los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales solo 3 son rentables, los cuales ya existían antes del ingreso del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, lo que demuestra que el Estado no sirve para administrar empresas, según una publicación de Noticias de Bolivia y del Mundo del 17 de diciembre de 2025, publicado en su Facebook.
“Solo tres empresas públicas hoy son rentables: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que son las empresas heredadas de los sectores estratégicos que siempre tuvimos en Bolivia y estas son las únicas que generan utilidades al presente, de las 67 que existen”, declaraba el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en conferencia de prensa.
En tanto, 14 son inviables, lo que requirió una inversión de 7.750 millones de dólares, de los cuales solo se ha recuperado el 18%, estas 14 empresas se “fundieron” 2.205 millones de dólares de “nuestras reservas internacionales”, detalla la información del medio digital.
EBA, Ecebol, Eepaf, Emapa, Envibol, Quipus, Senatex, Yacana, Mutún, BOA, Editorial del Estado, Easba, EBIH y YLB son las empresas identificadas como inviables.
En campaña electoral, Gabriel Espinoza, ahora ministro de Economía y Finanzas Públicas, anunciaba un análisis de la viabilidad de las empresas públicas.
Se habló de quitar el presupuesto, para ver su viabilidad y las que no logren sobrevivir, liquidarlas.
Análisis
El economista e investigador Fernando Romero, semanas atrás, realizó una evaluación sobre el PGE reformulado, y en el mismo señaló que el Gobierno disponía más recursos para las empresas estatales.
Luego se pregunta: ¿era necesario entregar más dinero?, y la respuesta dependía del objetivo de la reasignación. “Desde una perspectiva de política económica, incrementar recursos para determinadas empresas estatales puede justificarse cuando éstas cumplen funciones estratégicas para garantizar el abastecimiento interno, la seguridad energética o la continuidad de servicios esenciales”, apuntó.
En el contexto actual, Bolivia enfrenta restricciones de divisas, menores ingresos fiscales, elevados requerimientos de importación de combustibles y una desaceleración económica agravada por más de 50 días de bloqueos. En este escenario, fortalecer financieramente empresas consideradas estratégicas puede evitar mayores interrupciones productivas y contener presiones inflacionarias, recordó.
Sin embargo, desde una perspectiva de sostenibilidad fiscal, aumentar recursos públicos únicamente se justifica si existe un retorno económico y financiero claramente medible. Si los nuevos recursos terminan financiando gastos operativos recurrentes, pérdidas o ineficiencias administrativas, el efecto será aumentar el déficit fiscal y la presión sobre el Tesoro General de la Nación, advirtió.
El Informe Técnico señala que incluso el presupuesto de servicios personales de las empresas nacionales fue reducido en aproximadamente 481,8 millones de bolivianos como parte de una política de racionalización del gasto, lo que evidencia que el Gobierno intenta contener el gasto corriente mientras reasigna recursos hacia áreas consideradas prioritarias.
Asimismo, desde un punto de vista macroeconómico, la decisión puede tener una lógica técnica, reducir presupuesto a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y aumentar la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Actualmente, el principal cuello de botella de la economía boliviana es la disponibilidad de combustibles y divisas.
YPFB concentra la importación de gasolina y diésel, actividad que demanda cientos de millones de dólares anualmente y resulta indispensable para mantener operando al transporte, la agroindustria, la minería, la industria manufacturera y el comercio.
Por otra parte, reducir recursos a Emapa puede responder a una priorización presupuestaria en un contexto de restricciones fiscales. Si bien cumple un papel importante en la regulación de mercados alimentarios y apoyo a productores, su actividad puede focalizarse mejor mediante programas más eficientes y menos costosos, puntualizó.
Deficitarias y
subvención
Durante los últimos años, una parte importante de las empresas públicas bolivianas ha dependido de transferencias, aportes de capital, garantías estatales o reasignaciones presupuestarias para mantener sus operaciones, sostuvo.
“Varias presentan baja rentabilidad, elevados costos operativos y reducida capacidad para autofinanciar inversiones. En consecuencia, el Estado continúa absorbiendo parte del costo de funcionamiento mediante recursos públicos, lo que representa un riesgo fiscal creciente cuando el déficit fiscal permanece elevado y la disponibilidad de financiamiento externo se vuelve más limitada”, alertó.
Explicó que conviene distinguir entre empresas estratégicas y empresas comerciales. Las primeras pueden justificar cierto nivel de apoyo estatal cuando generan beneficios sociales o garantizan servicios esenciales que el mercado no proveería adecuadamente, en cambio los segundos deberían avanzar hacia esquemas de autosostenibilidad financiera.
“El PGE reformulado 2026 refleja una estrategia de priorización del gasto en un contexto de elevada restricción fiscal, menor disponibilidad de ingresos y necesidades urgentes de financiamiento para sectores estratégicos. Desde una perspectiva técnica, reasignar recursos hacia empresas con impacto directo sobre el funcionamiento de la economía, como YPFB, puede ser justificable; sin embargo, mantener transferencias permanentes hacia empresas públicas deficitarias sin exigir mejoras en productividad, eficiencia y sostenibilidad financiera incrementa los riesgos fiscales de mediano plazo”, concluyó el análisis Romero.
Aprobación
Después de una extensa jornada de más de cinco horas de exposición técnica y varias horas adicionales de deliberación parlamentaria, la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y en detalle el Proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, afirmó que la aprobación representa mucho más que una modificación presupuestaria, ya que constituye un paso decisivo hacia una nueva forma de construir las políticas públicas, basada en el debate democrático, el diálogo y la búsqueda de consensos.
“Después de más de 20 años, un presupuesto ha sido discutido, presentado y consensuado con distintas fuerzas políticas. Hemos vuelto a una sana discusión democrática donde, más allá de las diferencias, fue posible encontrar coincidencias en beneficio del país”, enfatizó la autoridad.