Error de Dockweiler y peso de influencias externas

El escandaloso “caso Zapatero” ha dejado de ser un rumor de pasillos judiciales para transformarse en un terremoto político con repercusión en el GAMLP. La reciente y apresurada renuncia de Carmen Almendras a la Secretaría Municipal de Ciudad Cultural, argumentando repentinas “razones personales” justo un día antes de que la Policía española difundiera un demoledor informe de la UDEF, a nadie engaña. La exvicecanciller aparece en el ojo de la tormenta como presunta pieza clave e intermediaria que tejió los hilos para que un consorcio extranjero contratara los costosos favores de cabildeo del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, buscando doblar el brazo de la justicia boliviana en un litigio cementero millonario.
Ante este panorama, la responsabilidad recae sobre el flamante alcalde paceño, César Dockweiler. Resulta inadmisible y profundamente cuestionable que, al estructurar su equipo de confianza para guiar el destino de la sede de Gobierno, Dockweiler haya cobijado y premiado con una secretaría de alto perfil a una figura con tales antecedentes. ¿Cómo es posible que los filtros de idoneidad y ética gubernamental hayan fallado de forma tan estrepitosa? Un gobernante que promete renovación y transparencia no puede rodearse de operadores políticos sospechosos de actos delictivos como tráfico de influencias. Justificar la salida de Almendras como un mero trámite administrativo previo al escándalo es un insulto a la inteligencia y una muestra de debilidad política.
Sin embargo, el verdadero peligro de esta situación radica en lo que aún permanece oculto, pues este escándalo podría ser únicamente la punta del iceberg de una red de corrupción mucho más profunda y sistémica. El informe de la UDEF revela que las gestiones de Zapatero —por las que supuestamente cobró 200.000 euros— no se limitaron al ámbito local; tocaron las puertas de los niveles más altos del anterior Gobierno central, involucrando a exministros de Justicia y Economía en un intento de frenar una multa de 107 millones de dólares en detrimento del patrimonio de Chuquisaca y su empresa regional Fancesa.
El caso nos advierte que la institucionalidad boliviana sigue siendo vulnerable ante los intereses transnacionales y el clientelismo político de élite. Si la fiscalización del Concejo Municipal y de la justicia nacional no actúa con firmeza para investigar a fondo qué compromisos o información manejó Almendras durante su breve paso por la Alcaldía, el municipio paceño corre el riesgo de convertirse en un refugio institucional para blindar a sospechosos.
Dockweiler debe asumir el costo político de su ceguera selectiva al elegir a su personal. Bolivia entera debe exigir que se destape la olla por completo: la sociedad civil no puede tolerar que la soberanía de sus leyes y sus recursos locales sigan siendo subastados al mejor postor bajo la mesa, por intermediarios de cuello blanco.