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Política de Estado Permanente: la Conservación de la Paz Nacional

Estamos atravesando como país una tormenta perfecta, entre bloqueos de caminos, una inflación en aumento, pérdidas económicas incalculables, la sensación de inestabilidad, la cantidad de conflictos registrados hasta el momento, no son simples patrones; son carreteras que dejan a ciudades y comunidades enteras sin medicamentos, son mercados desabastecidos y son familias que ven cómo su esfuerzo de toda una vida se devalúa día a día.
Acoplándome a la reflexión ciudadana, con profundo respeto por las instituciones democráticas, nos permitimos elevar una sugerencia constructiva.
En este escenario adverso, proponemos que, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se eleve a rango de Política de Estado Permanente la Paz Nacional, la transitabilidad, la atención prioritaria de salud, la seguridad nacional y la seguridad económica, con una visión de largo plazo que trascienda la coyuntura, colocando el bienestar colectivo por encima de cualquier bandera política; mostrando una señal firme y permanente del Estado y que la gobernabilidad no se improvisa, que el desarrollo solo es posible en un entorno de certidumbre.
Teniendo un paso fundamental que darse; para que esta propuesta de elevar a Política de Estado Permanente la Paz Nacional no sea solo una declaración de buenas intenciones o una directriz administrativa que pueda diluirse con el tiempo. Hacemos el planteamiento respetuoso para que se pueda llevar esta iniciativa hasta los últimos resultados, para que los legisladores presenten ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley que declare como Política de Estado Permanente la preservación de la Paz Nacional (no como sumisión, sino como convivencia armónica), que garantice la libre transitabilidad a nivel nacional y que el comercio y el abastecimiento no se detengan; asegurando el acceso a la salud como un derecho irrenunciable; blindando la seguridad nacional frente a riesgos internos y externos; y, de manera crucial, proteger la economía de las familias, dado que la seguridad económica no es un concepto vago; es la certeza de que los precios no se dispararán de un día para otro, que el combustible llegará a las estaciones de servicio y que los productos y servicios podrán llegar a los mercados o al consumidor final, sin ser victimas de bloqueadores o de grupos de presión.
Presentar este Proyecto de Ley para su debate ante los representantes de todas las regiones y fuerzas políticas del Órgano Legislativo, se convertiría en un pacto social irrompible, garantizando que más allá de los colores políticos partidarios y las transiciones gubernamentales, la prioridad nacional siga siendo siempre la misma: Proteger la vida, garantizar el tránsito, cuidar la salud de nuestra gente y resguardar la economía de nuestros hogares.
Sugerir este Proyecto de Ley es reconocer la democracia, haciendo un pedido para que se consolide la iniciativa como una herramienta jurídica necesaria y fuerte. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe ser el escenario donde el consenso se forje. Sabemos que la polarización es alta, pero hay temas que unen por encima de las diferencias. La paz y el pan en la mesa son derechos que ningún boliviano está dispuesto a negociar.
Invitamos al Órgano Legislativo a dar este paso de grandeza, presentando y apoyando este Proyecto de Ley, convocando al diálogo y permitiendo que la Asamblea, con la madurez que el momento exige, debata y sancione esta norma.
Bolivia no pide gestos momentáneos, pide políticas que duren. Es la oportunidad de anclar la estabilidad en la Ley.
Este es el momento de demostrar que, cuando se trata de bienestar general, no existen colores partidarios ni intereses sectoriales, sino un solo destino compartido, el de una Bolivia en paz y con una economía estable.
Esperamos que el Poder Legislativo acepte el desafío, porque el país entero está mirando y necesita certezas, no titubeos. La paz y la estabilidad económica son demasiado importantes para dejarlas a la convulsión del momento. Es hora de blindarlas con la fuerza de la Ley.

El autor es Abogado, Investigador y Geopolítico.

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