Nuestro país enfrenta el colapso simultáneo de las tres fuentes tradicionales de financiamiento: inversión pública, deuda externa y ahorro interno. El Estado carece de recursos para invertir, la renta gasífera ha declinado al extremo, la deuda externa alcanzó su nivel histórico más alto y las Reservas Internacionales son mínimas. Gran parte del dinero de las pensiones se destinó a financiar el déficit estatal.
En este escenario, la Inversión Extranjera Directa (IED) se convirtió en la única fuente capaz de movilizar grandes volúmenes de capital sin incrementar el endeudamiento soberano. Paradójicamente, este mecanismo fue combatido durante 20 años por una ideología retrógrada y un discurso engañoso de soberanía.
El problema es que esa ideología se convirtió en norma. La Ley de Promoción de Inversiones fue diseñada desde un Estado que dirige y controla la economía, sin disipar el temor a nuevas nacionalizaciones ni ofrecer la predictibilidad jurídica que exigen los inversores. La Ley de Conciliación y Arbitraje, por su parte, se construyó sobre soberanía jurisdiccional rígida, desconfianza hacia el arbitraje internacional y un régimen notoriamente más restrictivo que los estándares globales.
El resultado fue funesto. El último informe de la CEPAL (2026) confirma que Bolivia sigue última en Sudamérica en IED, con apenas 620 millones captados en 2025, frente a Perú con 11.794, Chile con 14.152, Argentina con 3.134, Ecuador con 1.299 y Paraguay con 1.180. Del total captado, el 76% proviene de utilidades que empresas ya instaladas optan por no repatriar. Bolivia retiene a los inversores que tiene, pero no atrae nuevo capital.
Pese a que el nuevo gobierno identificó la IED como objetivo estratégico, no ha presentado al Legislativo ninguna iniciativa al respecto. Han sido entidades privadas —las Cámaras de Industria y Comercio y la Fundación Milenio— quienes publicaron propuestas de reforma.
El Anteproyecto de Milenio parte del principio de que la inversión privada es un derecho a proteger, no una prerrogativa estatal. Propone un régimen de protección y estabilidad legal basado en seguridad jurídica, transparencia y cooperación público-privada, con garantías de igualdad de trato, protección de la propiedad e indemnización por expropiación. El Proyecto de la CNC y la CNI, más gremial en su enfoque, busca un nuevo régimen normativo con cobertura sectorial amplia y mayor protagonismo para las alianzas público-privadas.
Aunque son iniciativas meritorias, presentan inconsistencias constitucionales y no desarrollan adecuadamente aspectos clave: estabilidad jurídica y fiscal, resolución de controversias, transferencia de utilidades, incentivos sectoriales, marco ambiental y gobernanza institucional.
Bolivia necesita con urgencia una reforma profunda en política de inversión, pero solo será duradera si articula coherencia constitucional, credibilidad técnica y legitimidad social. Lo que está en juego no es solo la captación de capitales: es el tipo de economía y sociedad que Bolivia quiere construir. No podemos permitir que la inercia ideológica postergue una reforma que el país necesita para alcanzar un desarrollo genuinamente sostenible, justo y soberano.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.