La convulsión social de más de cincuenta días ha sido uno de los episodios más críticos de la vida del país. Sus consecuencias económicas, políticas y sociales, que afectaron principalmente al departamento de La Paz, demuestran que medidas de presión, como violentas marchas de protesta y brutales bloqueos de caminos, no tienen paralelo con otros acontecimientos de esa clase.
Empezó con la emisión de una ley que hacía posible la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana, con carácter voluntario, a fin de que campesinos parcelarios puedan acceder a créditos bancarios, principalmente. Pero sectores rurales rechazaron tal norma, arguyendo una serie de motivos, como que esa ley no había sido socializada ampliamente, que favorecería la pérdida de tierras por su venta, etc. A ese movimiento de protesta se agregaron otros grupos sociales con varias demandas, liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), por lo que el conflicto se agravó paulatinamente, causando grandes daños a sectores productivos y otros. Inclusive por los bloqueos de caminos hubo muertes porque no se dejó pasar ambulancias.
Finalmente, después de más de 50 días, el gobierno nacional pudo firmar un acuerdo con los cobistas y poco a poco fueron levantados dichos bloqueos. Tal convenio implica la solución de graves problemas actuales, cuyos antecedentes están relacionados con los intentos de aplicación de medidas socialistas en Bolivia, por parte de nefastos gobiernos masistas a cargo de Evo Morales y de Luis Arce, durante los veinte años pasados.
Sin embargo, el acuerdo al que llegaron las fuerzas en conflicto, merece detenido análisis, de tal forma que sirva para consolidar la pacificación de la vida política y sea el punto de partida para una etapa de desarrollo sostenido y la crisis no se repita.
El acuerdo Gobierno-COB señala: “El gobierno nacional no apoyará ninguna norma que criminalice la protesta; no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas. Además, se instruyó la conformación de una comisión legal compuesta por representantes del Ejecutivo, la COB, y el Ministerio Público para gestionar la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos en los conflictos”.
En tal documento, discutido durante dos días por autoridades del Estado y de la COB, el gobierno se compromete a cumplir con otros siete puntos, en el término de tres meses. Al respecto, varios de esos asuntos han sido cuestionados por la opinión pública, como el siguiente: “El Gobierno no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano…”. Es decir que no será fácil librarse de empresas estatales deficitarias y que solo han servido para dar empleos a militantes del MAS.
Finalmente, es preciso recordar que la misma COB se encuentra en profunda crisis porque ya no es un organismo de trabajadores asalariados, sino que acoge a campesinos, gremiales y cuentapropistas, desvirtuando su naturaleza. En todo caso, las soluciones están en manos del gobierno y dependen de sus iniciativas y capacidad.