Eventual suicidio económico del occidente boliviano

El occidente boliviano camina hacia un abismo económico autoinducido. La Paz y El Alto, motores históricos de la nación, enfrentan hoy un peligro existencial: el éxodo definitivo de su base empresarial. La conflictividad crónica, caracterizada por bloqueos y paros, ha pasado de ser presión política a un factor de expulsión. Cuando la intransigencia expulsa al capital formal, la región pierde empleos e hipoteca el futuro de las próximas generaciones.
La realidad es categórica: en Bolivia, solo la empresa privada ha sido capaz de generar riqueza real y empleo sostenible. Y es que el relato del “Estado productor” se desploma ante la evidencia de los hechos. El aparato estatal ha demostrado ser un pésimo administrador de los recursos colectivos, ineficiente y deficitario. Lejos de crear valor o impulsar la industrialización, las corporaciones públicas se fundaron con un burdo propósito clientelar: funcionar como agencias de empleo destinadas a otorgar “pegas” a los militantes del partido de turno, devorando los impuestos de los ciudadanos.
Este panorama empeoraría drásticamente bajo un control absoluto de la corriente autodenominada “nacional-popular”. Si este proyecto radical toma las riendas del poder total, Bolivia —y la región occidental, en particular— se sumirá en una pobreza estructural irreversible. Al destruirse la poca seguridad jurídica restante, el Estado de derecho se terminará de disolver por completo. El resultado final no será el paraíso comunitario prometido, sino una distopía social donde reinará la ley del más fuerte, imperando la anarquía de los sindicatos corporativos sobre las normas constitucionales.
El modelo estatista que prima en el Collao debe ser cuestionado con severidad. Esta visión asume erróneamente que la economía se rige por decretos y consignas ideológicas, ignorando por completo las leyes universales del mercado. Un claro ejemplo de este desfase fue la consigna de ciertos sectores campesinos que afirmaron: “nosotros damos de comer a los q’aras y citadinos”. Esta premisa carece de sustento técnico y desconoce el flujo de ida y vuelta indispensable de la economía, y de la vida en general. El campo y la ciudad coexisten en una simbiosis obligatoria; uno vive gracias al otro. La producción agrícola carece de valor sin los centros de consumo urbanos, la distribución, la tecnología y el capital que proveen las urbes. Unos producen, sí, pero otros consumen y financian; romper este equilibrio mediante el chantaje del bloqueo es un suicidio económico.
Si en el occidente boliviano se mantienen las ideologías estatistas y las revanchas de clase, no habrá futuro luminoso. Entonces, podría ser el ocaso o declive de La Paz y El Alto como polos económicos. Es momento de dejar de lado ideologías inservibles y mirar el futuro con pragmatismo y sentido de oportunidad.
La Paz y El Alto no pueden subsistir viviendo de la burocracia estatal y del comercio informal. Si las pocas industrias formales que aún resisten migran hacia regiones con mayor certidumbre jurídica y paz social, el occidente se convertirá en un desierto productivo; entonces La Paz se sostendría solo con la inmensa masa burocrática, pero ya no con industrias y empresas privadas. La riqueza no se genera por decretos ni con marchas. La economía prospera en ambientes de libertad y donde hay seguridad jurídica, y sería bueno que los sectores de la izquierda tradicional andinocéntrica se dieran cuenta de esto.
La economía se cultiva garantizando libertad individual, propiedad y orden público; si el occidente sigue siendo epicentro de conflictos sociales, las empresas no tardarán en irse a otros lugares. Es urgente reaccionar antes de que el último inversionista apague la luz.