El pueblo boliviano y el país han sido víctimas de una catastrófica crisis política y económica que duró algo más de cincuenta días y que terminó parcialmente con un acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno de Rodrigo Paz. Finalmente, el episodio concluyó cuando fue dictado el estado de excepción, que durará 90 días.
La reciente convulsión social ha sido protagonizada inicialmente por transportistas, debido a la aparición de gasolina contaminada, y la COB y campesinos contra medidas económicas adoptadas por el gobierno de Paz para resolver problemas heredados de los anteriores gobiernos del MAS. A esa protesta se sumaron otros grupos sociales y la presión antigubernamental se concentró en cercar la ciudad de La Paz y someter al hambre a una población de más de un millón de habitantes.
Las causas de ese movimiento de obreros, gremiales urbanos y campesinos, fue por causas cuestionables, como acusar al presidente Paz de “no saber gobernar” y pedir su renuncia, sin tomar en cuenta que está pocos meses en el poder. Se sumaron otras causas también de carácter rebatible y sin medir los perjuicios económicos que causarían las medidas de presión, por miles de millones de dólares, al ser afectadas actividades productivas y otras por los brutales bloqueos de carreteras.
Es decir que sectores sociales liderados por la COB, –en su mayoría, campesinos, cocaleros, comerciantes callejeros y otros– se dedicaron a bloquear caminos y paralizar la producción nacional. Sin objetivos importantes, sin dirigencia política, el movimiento de protesta no mostraba señales para saber de dónde venía ni a dónde iba, Inclusive se producía contra medidas económicas que favorecían a campesinos, como la ley de conversión de pequeña propiedad agrícola en mediana.
Finalmente, una negociación oficial con los cobistas, puso fin al paro y el gobierno dictó estado de excepción. Pero sectores de campesinos decidieron mantener el bloqueo de caminos, rechazando el acuerdo entre la COB y el gobierno.
La crisis derivó, entonces, en crisis parcial y culminó con el pedido de la COB para que el presidente Paz Pereira atienda una serie de demandas, como la liberación de marchistas y bloqueadores o la no privatización de empresas estatales deficitarias. En todo caso, la COB puso condiciones al gobierno, exigiendo cumplimiento de acuerdos y, para cerrar sus ideas extremas, dar el plazo de tres meses para que sean atendidos otros objetivos secundarios. Vale decir, que los sectores sociales afines al masismo, tratan de recuperar espacios de poder, para seguir recibiendo una serie de ventajas del gobierno de turno, como lo consiguieron en los pasados veinte años, gracias a gobernantes populistas como Evo Morales y Luis Arce.
Finalmente, de llegarse a pacificar al país y permitir su reorganización, en adelante la responsabilidad recae en el gobierno de Rodrigo Paz y si, en tres meses, no cumple los deseos de los pactantes, es posible que vuelva a estallar una nueva crisis, tal vez mayor que la que está pasando.