La firma del acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), luego de la presentación de la agenda mínima para el diálogo nacional el pasado 15 de junio, marca un punto de inflexión en la coyuntura del país. Lejos de constituir un triunfo definitivo para alguna de las partes, el documento funciona como una narrativa política destinada a proyectar el agotamiento institucional y una rendición negociada bajo el discurso de una supuesta “conquista histórica”.
El escenario de conflictividad, desde su inicio, puso en evidencia que, bajo la superficie de las demandas sociolaborales, existía una intención desestabilizadora focalizada en la gestión del presidente Rodrigo Paz, impulsada por dos actores visibles. Por un lado, una dirigencia sindical debilitada que, durante dos décadas, colonizó diversas estructuras del aparato estatal y que hoy busca recuperar privilegios y prerrogativas fiscales perdidas tras el último cambio de gobierno. Por otro, la figura de Evo Morales, cuya prioridad parece concentrarse en la búsqueda de impunidad frente a los procesos judiciales en su contra y en asegurar la viabilidad de una futura candidatura presidencial.
En este contexto, la prolongación del conflicto y sus consecuencias sugieren que no fueron acontecimientos fortuitos. Por el contrario, operaron como mecanismos de presión orientados a detonar una crisis política generalizada capaz de forzar la salida del actual Órgano Ejecutivo.
Sin embargo, la extensión desmedida de los bloqueos terminó revelando el fracaso estratégico de sus promotores. El estrangulamiento económico generó un profundo malestar ciudadano que, lejos de fortalecer las movilizaciones, erosionó progresivamente su legitimidad.
Es así que el escenario del que emerge la COB, se origina en los 50 días de bloqueos que paralizaron el país, encarecieron los alimentos y destruyeron las cadenas productivas. Las estimaciones sitúan las pérdidas en al menos 2.000 millones de dólares, un golpe severo para una economía que ya mostraba signos de fragilidad.
La paradoja de este hecho radica en que la misma organización que discursivamente se presenta como defensora de los trabajadores, terminó administrando un escenario de desabastecimiento que afectó precisamente a ese sector social. En los hechos, el costo más elevado de la movilización fue transferido a los grupos más vulnerables de la población.
La historia reciente nos muestra que el bloqueo de caminos es una estrategia recurrente utilizada por Evo Morales desde su salida del poder en 2019. Desde 2020, el cierre de carreteras acumula más de 130 días de interrupciones, con consecuencias macroeconómicas que superan los 13.200 millones de dólares. Estas pérdidas representan un drenaje de recursos que afectan directamente a las reservas internacionales, la atracción de inversiones y la generación de empleo.
Las consecuencias económicas son evidentes, pero el impacto social resulta aún más severo. En las ciudades, la crisis derivó en un problema de subsistencia por la baja oferta de alimentos que elevaron sus precios, empujando a las familias hacia una espiral de desabastecimiento, inflación e incertidumbre; los bloqueos no solo paralizaron el comercio, sino que además comprometieron el funcionamiento del sistema de salud.
Ante carreteras destruidas, bienes públicos afectados y perjuicios económicos millonarios, las responsabilidades no pueden diluirse en la retórica ni ocultarse tras consignas ideológicas. Un Estado serio no persigue: investiga, procesa y sanciona cuando la ley lo exige, no se trata de una revancha política, sino de la aplicación imparcial de la justicia. La preservación del Estado de derecho exige una señal inequívoca, la destrucción deliberada del país no puede quedar en la impunidad.
Elías López es Comunicador Social y periodista.